Agentes antidisturbios de la Policía Nacional y de los Mossos d' Esquadra discuten frente a un instituto - EFE

Las Fuerzas de Seguridad creen que los Mossos actuaron como «policía política»

Fuentes de Interior sospechan que pactaron con la Generalitat los colegios a cerrar y dicen que la confianza en ese Cuerpo está rota

MadridActualizado:

La deslealtad de los Mossos con la Policía y la Guardia Civil en el dispositivo del referéndum secesionista ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha hecho saltar todas las alarmas. Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por ABC aseguran que la Policía autonómica «actuó al servicio de la Generalitat», con la que se sospecha que pactó, incluso, el número de colegios electorales a cerrar. «Cuando un Cuerpo de Seguridad se comporta así, e incumple las órdenes de jueces y fiscales, actúa como una policía política», destacan las citadas fuentes.

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Con esta actitud, «la Policía autonómica ha perdido la confianza de no solo de los magistrados y el ministerio público, sino también de las Fuerzas de Seguridad y del resto de policías de otros países, que están con nosotros de forma incondicional y que no entienden cómo se puede desobedecer órdenes judiciales. Además, afectará al intercambio fluido de información porque es evidente que las relaciones con Interior están en este momento rotas y será complicado recuperar la situación anterior».

El malestar en la Policía, la Guardia Civil e Interior es enorme. «Hasta la misma mañana del domingo pensamos que la actuación de los Mossos no sería contundente, pero al menos sí leal y profesional», explican las fuentes. La noche anterior se había celebrado una reunión de coordinación en la que por enésima vez se les dijo que lo único que se pretendía era impedir un referéndum ilegal utilizando la mínima fuerza posible.

Confianza en su dispositivo

«Por supuesto, sabíamos que llegar a todos los colegios era imposible -añaden las mismas fuentes-, así que se trataba de dejar en evidencia que aquello no era un referéndum cerrando un número significativo de ellos. Se le dijo que si necesitaban ayuda la tendrían, pero los Mossos aseguraron que tenían confianza en que su dispositivo fuera eficaz. Lo cierto es que a las ocho de la mañana vimos que de lo dicho nada y que había que intervenir».

Para la Policía y la Guardia Civil cada actuación suponía multiplicar por diez los esfuerzos que hubiesen tenido que hacer los Mossos, lo que ya es una dificultad enorme; pero lo que se hacía impensable es que en algún caso los agentes autonómicos dificultaran el trabajo de las Fuerzas de Seguridad. «Hay que decir que algunos mossos sí dieron la cara e intentaron cerrar colegios, pero fueron desautorizados por sus mandos».

«A pesar de todo, solo el 5 por ciento de los colegios dispusieron de sistema informático, inutilizado el día anterior por la Guardia Civil. En los demás se apuntaba a mano la identidad y el DNI, sin hacer la mínima comprobación y pudiéndose votar todas las veces que quisieran, porque no había control alguno».

Las fuentes consultadas, por lo demás, consideran que «se ha hecho lo que había que hacer, porque no se podía repetir la pasividad del 9-N -explican las fuentes consultadas-. Se tenía que ver una reacción del Estado».

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, hizo ayer hincapié en la celebración del Patrón de la Policía en Sevilla, en que en un Estado democrático y de Derecho «es legítimo estar en desacuerdo con alguna ley o mandato judicial, pero lo que no puede hacer nadie es desobedecerlos, y lo que ya resulta inadmisible es que sea un servidor público quien se atreva a desafiar la legalidad o la orden de un juez».

Destacó asimismo que «habéis tenido que soportar provocaciones, insultos y hasta agresiones. Os han llamado fuerzas opresoras y fuerzas de ocupación, cuando lo único que hacéis es defender y proteger la seguridad, la libertad y los derechos de todos los españoles y cumplir y hacer cumplir la Ley y los mandatos de la Constitución».

Efectivamente, prácticamente a la misma hora el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había exigido la retirada de los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional que el Gobierno ha desplazado a Cataluña y acusó a las Fuerzas de Seguridad de actuar con «brutalidad». Asimismo que anunció que se creará una comisión especial de investigación por estos hechos. Por supuesto, no dijo nada de los agresiones y hostigamientos constantes de los que fueron víctimas los agentes.

En la misma línea se pronunció la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que incluso se permitió acusar a las Fuerzas de Seguridad de cometer una agresión sexual en la Barceloneta, sin que obviamente aportara prueba alguna de semejante barbaridad.

Todo este clima no hace hace sino radicalizar aún más a un sector de la población que, mediante el acoso continuo a policías y guardias civiles, pretenden que éstos salgan de Cataluña. «No lo conseguirán», dicen las fuentes.