La Fiscalía pide al Supremo mantener la condena a Artur Mas por el 9-N

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Supremo que confirme la condena a dos años de inhabilitación política al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas por impulsar y no frenar la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre de 2014. El Ministerio Público, en un escrito de 54 folios, se opone a los recursos de casación presentados por Mas y por las exconsejeras de su gobierno Irene Rigau y Joana Ortega, cuyas inhabilitaciones de un año y medio también pide que se confirmen. Los tres políticos fueron condenados por desobedecer al Tribunal Constitucional por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

Con los argumentos similares a los que motivaron la condena a Homs, Rigau y Ortega (además de Francesc Homs, condenado por el Tribunal Supremo por los mismos hechos), la Fiscalía deja claro que las resoluciones del Tribunal Constitucional, incluso las providencias, tienen carácter ejecutivo, algo que trataron de esquivar los políticos condenados.

Negar capacidad jurisidiccional al tribunal garante de la Constitución llevaría a un absurdo, alega la Fiscalía. "¿Quiere ello decir que pueden ser incumplidas sus resoluciones?", se pregunta el Ministerio Público, que también rechaza que la providencia del TC que suspendió la celebración de la consulta ilegal fuera inconcreta, otro argumento rechazado por la justicia.

La Fiscalía rechaza todos los argumentos expuestos por Artur Mas contra su condena. El Ministerio Público explica que el acta de la junta de fiscales de Cataluña que reflejaba su oposición a la presentación de la querella por el 9-N, una posición que no salió adelante, es "un documento interno, preparatorio y provisional", razones que convierten el acta en una "prueba impertinente". También alega que es "distorsionador" otorgar el carácter de definitivo, "a modo de foto fija", a una deliberación interna y previa.

Una de las novedades de la posición de la Fiscalía es que la antigua consejera de Educación Irene Rigau podría haber sido condenada en condición de coautora, junto a Artur Mas, en lugar de como cooperadora necesaria, al considerar su rol en la consulta igual de decisivo, a pesar de que la condena habría sido similar. Mas fue condenado a dos años de inhabilitación; Rigau y Ortega a un año y medio; Homs a un año y un mes; en este último caso la pena provoco que perdiera su escaño en el Congreso por el PDeCat.

«La negativa abierta, obstinada y contumaz a cumplir se recoge en la sentencia con referencia al concierto entre los tres recurrentes y el aforado ante el Tribunal Supremo Francesc Homs para no suspender la consulta, procurando y obteniendo de hecho como resultado su celebración», concluye la Fiscalía, que acusó a los cuatro antiguos consejeros de la Generalitat de desobediencia y prevaricación, aunque los tribunales solo les condenaron por el primer delito, al considerar incluido en él el segundo.