La Fiscalía pide centralizar en la Audiencia Nacional la macrocausa contra Convergència
Razona que la trama tuvo una «grave repercusión» en la economía nacional
La Fiscalía Anticorrupción quiere que sea la Audiencia Nacional quien asuma el caso 3 por ciento, la macrocausa de comisiones ilegales cobradas presuntamente por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Por el momento, es un juzgado de El Vendrell, en Tarragona, el que indaga si varias empresas, especialmente constructoras, hicieron pagos a la formación antecesora del PDECat por la puerta de atrás. Unos trasvases de fondos camuflados a través de fundaciones afines, a cambio de que instituciones públicas, controladas por los convergentes, les adjudicasen obras públicas.
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Anticorrupción pretende que la causa se traslade a Madrid porque considera que la Audiencia Nacional es la competente. Justifica que la trama tuvo una «grave repercusión» en la economía nacional y afectó a «una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia», según explicó ayer la Fiscalía en un comunicado. El Ministerio Público constata que muchas contrataciones públicas se hicieron de forma fraudulenta, desde distintas administraciones «bajo la esfera de poder» de Convergència y de la Fundación CatDem.
Viloca y Osácar
En esta supuesta maquinaria delictiva la figura del tesorero del partido jugaba un papel fundamental. Vigilaba las licitaciones y adjudicaciones «controlando los pagos encubiertos que la empresas contratistas entregaban finalmente a CDC bajo la apariencia de donaciones ». Por eso figuran en la causa como investigados los extesoreros convergentes Andreu Viloca y Daniel Osàcar. Éste último, hay que recordar, fue condenado recientemente a cuatro años y cinco meses de prisión en la sentencia del caso Palau.
Aunque ese fallo de la Audiencia de Barcelona de la semana pasada confirmó que Ferrovial hacía pagos a CDC -en ese caso a través del Palau de la Música-, el grueso del «modus operandi» de la supuesta financiación irregular convergente lo investiga el titular del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell, Josep Bosch Mitjavila.
¿Por qué un juzgado de El Vendrell instruye una causa de corrupción que podría acabar en la Audiencia Nacional? Pues porque el origen de las pesquisas se remonta a una denuncia presentada en 2012 por la entonces concejal de ERC en Torredembarra (Tarragona) Montserrat Gasull (fallecida el año pasado) contra el que entonces era alcalde de la localidad, el convergente Daniel Masagué.
A partir de esta denuncia de supuesta corrupción municipal, el juez de El Vendrell, junto a los fiscales Fernando Bermejo y José Grinda y la Guardia Civil, inició un proceso que se ha convertido en una macrocausa judicial con una decena de piezas separadas .
El papel de Gordó
La aparición de indicios contra el exconsejero de Justicia, Germà Gordó, al que la Fiscalía considera el mediador entre el partido y las adjudicatarias para las comisiones, provocó que la parte del caso que le afectaba pasase al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), por su condición de aforado como diputado del Parlament. Sin embargo, en diciembre, después de que Gordó dejase el escaño, el TSJC devolvió la pieza al juzgado de El Vendrell, donde a día de hoy continúa la investigación, a la espera de si el sumario tiene que viajar a Madrid.
Son al menos una decena las obras públicas bajo sospecha adjudicadas por la empresa de la Generalitat Infraestrutures.cat, el Consorcio de Educación de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Xavier Trias (CDC) y la Autoridad Portuaria. Entre ellas, la remodelación de un instituto de Manresa, un dique en el Puerto de Barcelona y el mantenimiento de varias escuelas de la ciudad. Se investiga a las empresas Copisa, Oproler y el Grupo Soler.
