España

La Fiscalía no aprecia homicidio imprudente del embajador en Kabul por el ataque talibán de 2015

Pide investigar el atentado terrorista, que provocó la muerte de dos policías nacionales

Embajada de España en Kabul
Embajada de España en Kabul - MIKEL AYESTARAN

La Fiscalía considera que no se puede investigar por homicidio imprudente al embajador de España en Kabul, Emilio Pérez de Agreda, por el ataque talibán de diciembre de 2015 al tratarse de un atentado terrorista. Ambas concepciones son incompatibles, según el Ministerio Público, que argumenta que el atentado solo puede atribuirse a los yihadistas que fallecieron en el tiroteo posterior al ataque a la legación.

En un escrito enviado al juez del caso, Santiago Pedraz, la fiscal coordinador contra el terrorismo yihadista, Dolores Delgado, argumenta que un delito de terrorismo no puede cometerse por imprudencia, y que el ataque cumple todos los requisitos para estar ante terrorismo

Este atentado, un ataque contra la embajada española, tuvo lugar el 11 de diciembre de 2015 y provocó la muerta del subinspector de la Policía Nacional Jorge García Tudela y del policía nacional Isidro Gabino Sanmartín. Los querellantes alegan que el embajador, Emilio Pérez de Agreda, y su segundo, Oriol Solá Pardel, no atendieron las peticiones de mayor seguridad, incluso a pesar de que los servicios secretos franceses alertaron aquella mañana del riesgo de atentado.

El Ministerio Público, que relata cómo los yihadistas abrieron un hueco en el muro de la legación con un coche bomba, incorpora cuatro informes del responsable del equipo de seguridad de la embajada y dirigidos a los responsables diplomáticos, de agosto y noviembre de 2014 y agosto de 2015, que expresaban «las deficiencias de la sede diplomática y las necesidades mínimas para garantizar unas ciertas condiciones de seguridad».

Los querellantes argumentan que la embajada española en Afganistán cuenta con carencias en materia de seguridad desde su construcción en 2008, deficiencias que fueron comunicadas al embajador y al Ministerio de Asuntos Exteriores.

A pesar de las peticiones de mayor seguridad, el embajador «nunca las atendió: ni sobre las deficiencias de estructuras ni las rutas y horarios del personal, manteniendo un mutismo absoluto en el Ministerio del que depende pese a los informes del Cuerpo de Seguridad en la materia». El juez Pedraz, quien admitió a trámite la querella, aún no ha decidido si citará al embajador.

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