La Fiscalía Anticorrupción pide que el caso del 3 por ciento lo asuma la Audiencia Nacional
Esta causa indaga en la financiación ilegal de la antigua Convergència a través de comisiones pagadas por empresarios contratistas de la administración
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que el caso del 3 por ciento, ahora investigado en el juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell, en Tarragona , sea asumido por la Audiencia Nacional. Esta causa indaga en el pago de supuestas comisiones ilegales, del 3 por ciento, por parte de empresas constructoras a favor de la antigua Convergència Democrática de Cataluña, a cambio de concesiones de obra pública. Es la causa de la financiación ilegal del partido .
«Se ha constatado la existencia de un elevado número de procedimientos de contratación que se habrían realizado de forma fraudulenta, relaciones con licitaciones y adjudicaciones de obra pública de concursos ofrecidos por distintas Administraciones bajo la esfera de poder del partido político CDC y de la Fundación CatDem , cuyo administrador y tesorero llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública, controlando los pagos encubiertos que las empresas contratistas entregaban finalmeente a CDC bajo la aparencia de donaciones», expone Anticorrucpción en el escrito en el que justifica su petición.
En la nota, el Ministerio Público explica que los delitos atribuidos a los investigados suponen una defraudación con «grave repercusión» en la economía nacional o en la seguridad del tráfico mercantil, afectando a «una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia». Estos son los requistos que la justicia exige para justificar la competencia de la Audiencia Nacional.
El juzgado de El Vendrell investiga a varios antiguos altos cargos del partido, entre ellos el exdiputado en el Parlament y exconseller Germà Gordó, cuya causa por un presunto delito de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos pasó del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) al Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell al haber perdido su condición de aforado. En esta causa también están imputados los antiguos tesoreros de Convergència Andreu Viloca y Daniel Osácar, éste último condenado por el caso Palau a cuatro años y cinco meses de prisión, también por el cobro de comisiones procedentes de Ferrrovial, que a cambio recibía obra pública en Cataluña.
Por estos hechos, Anticorrupción aprecia los delitos de prevaricación, cohecho, alteración de precios de concursos, malversación, fraude contra la Administración, blanqueo de capitales y financiación ilegal de un partido político.
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