España

El fiscal vasco cree que la inhabilitación de Otegui es «discutible»

Se apoya en que la sentencia no especifica el cargo

Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco
Juan Calparsoro, fiscal superior del País Vasco - Telepress
EP Bilbao - Actualizado: Guardado en:

El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, cree que, en el caso de si Arnaldo Otegui puede presentarse o no como candidato a lendakari en estas elecciones, se puede discutir si la pena de inhabilitación se extinguió o no cuando terminó su condena de prisión y si la inhabilitación para cargo público es ejecutable o no porque la sentencia no determinó los cargos a los que no podía acceder.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Calparsoro ha señalado que la posición de la Fiscalía ha sido, hasta ahora, que se confirme la decisión de la Junta electoral de Gipuzkoa, por la que no se le permite presentarse a Otegui como candidato.

Según ha explicado, este mismo lunes la Fiscalía del Tribunal Constitucional presentará su informe ante este Tribunal. En este sentido, ha insistido en que la postura oficial del ministerio público es entender que esa pena «esta vigente», está impuesta por un tribunal competente, «y es firme y, en la medida en que está vigente, no podría presentarse».

En relación a si comparte esa posición oficial de la Fiscalía, ha indicado que su posición personal, en este momento, «no es relevante». En este sentido, ha apuntado que se puede discutir sobre si la pena de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo como accesoria se extinguió o no cuando terminó la pena de prisión, pero ha precisado que «lo que parece claro» es que, tal y como han dicho la Junta Electoral y el Juzgado de lo Contencioso, es algo que «compete» a la Audiencia Nacional.

Competecia de la Audiencia Nacional

Por lo tanto, cualquier revisión de esa decisión se tiene que tramitar en ese tribunal. Juan Calparsoro ha manifestado que el propio Juzgado de lo Contencioso dijo que no le faltaban a la defensa de Otegui argumentos para haber recurrido la liquidación de condena y haber exigido que esa liquidación se revisara, «pero no parece, al menos, hasta ahora, que fuera el momento». «Tenía que haber sido recurrido ante el tribunal de la Audiencia Nacional», ha apuntado.

Asimismo, además de considerar que se puede discutir desde el punto de vista penal, si está extinguida esa pena de inhabilitación, también cree «discutible» si la inhabilitación para cargo público es ejecutable o no porque la sentencia no determina el cargo, por lo que, a su juicio, estaba «incompleta» la resolución.

Calparsoro ha explicado que hay «circunstancias» en este caso como que, cuando Otegi cometió el delito, ya no era parlamentario o que el TC cuando revisó la sentencia «se dividió», con siete magistrados que entendían que no se había producido ninguna lesión de derechos de Otegui y cinco tenían una posición diferente. Por lo tanto, ha apuntado que, en derecho, se admiten «diferentes interpretaciones» y, finalmente, debe prevalecer la mayoritaria.

Preguntado por si este caso sigue siendo puramente técnico o se ha transformado en algo político, ha señalado que «todo el mundo» está dando su «visión política», pero, al final, los tribunales y la Fiscalía tiene que tener una «visión exclusivamente técnica».

Calparsoro no ha querido hacer pronósticos sobre lo que pueda decidir el Tribunal Constitucional porque sería «una falta de respeto» hacia el TC y se ha mostrado convencido de que va a «actuar en conciencia» y habrá que respetar su decisión.

«Como lo ha hecho siempre, se compartan o no sus criterios, como lo hizo en su día cuando admitió el recurso a favor de Sortu o de EH Bildu, también actuó y hay que respetarlo", ha manifestado.

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