Una urna del 1-O
Una urna del 1-O - EFE

Expertos en Derecho procesal: «No es posible contraponer legalidad a una supuesta legitimidad»

Varios profesores de Derecho procesal lanzan un manifiesto en el que analizan los pasos del Govern en el órdago secesionista y sus implicaciones jurídicas y legales

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Tras la firma de la declaración de independencia de Cataluña que ha sido suspendida de forma automática, y la celebración de un «referéndum» declarado ilegal y nulo por el Constitucional, los profesores de derecho procesal de España han lanzado un manifiesto en el que analizan los pasos que ha dado el Govern de Cataluña así como sus respectivas implicaciones jurídicas y legales.

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En lo relativo al derecho a decidir, estos profesores universitarios, inciden en que «no existe» ni en la Constitución ni en el Derecho comparado de una democracia «el reconocimiento de un derecho de secesión territorial y menos de un supuesto fraudulento derecho de decidir».

También, desde este manifiesto, se abordan las estrategias para poner en marcha una votación como la del 1-O. «En el origen, aprobación, desenvolvimiento y resultados de este ilegal y sedicente “referéndum” no se ven respetados los plazos, trámites, garantías de control y evaluación de resultados, así como los demás estándares de preparación, ejecución y valoración mínimamente exigibles, interna e internacionalmente, para supuestos semejantes».

En este sentido, y sobre el «referéndum», expresan que si «nula e ilegal era la preparación» también lo era «la participación». «Debemos recordar que, conforme al artículo 9.1 de nuestra norma fundamental, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico; o que, como recoge el art. 410.2 del Código Penal, no comete desobediencia aquel que incumple un mandato abiertamente contrario al ordenamiento», destacan en el manifiesto.

Además de abordar la forma y realización del 1-O, estos expertos en derecho explican que la crisis desatada por el órdago secesionista «es contra nuestra Constitución y contra el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, no se olvide, recogen un sistema de organización política que es un 'Estado federal de hecho y de derecho, en todo salvo en el nombre y en su origen no paccionado'».

En este sentido, destacan que «la respuesta contra esta agresión se ha venido desenvolviendo, hasta la fecha, fundamentalmente bajo el manto del Poder Judicial y desde una perspectiva jurisdiccional. Los cuerpos y fuerzas de seguridad tienen la presunción de haber actuado con proporcionalidad y prudencia bajo las instrucciones de jueces y fiscales. Dicha presunción de legalidad y proporcionalidad hasta ahora no ha sido jurídicamente desvirtuada o enervada».

Sobre el papel del Tribunal Constitucional, destacan que en sus acciones y resoluciones ha sido «conveniente en la actual situación de crisis y golpe de Estado que venimos soportando» a pesar de la excepcionalidad de la situación. Una actuación que se puso en marcha, tal y como recuerdan, en marzo de 2015 cuando «la situación de desobediencia e incumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales en Cataluña motivó una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional». Estas, destacan, que «otorgó unas atribuciones reforzadas de ejecución al Tribunal Constitucional, ajustadamente constitucionales, como ha declarado el propio órgano y la Comisión de Venecia».

Al tiempo que estos expertos analizan el panorama jurídico y social también destacan que «en un Estado democrático de Derecho e innominadamente federal» no es posible «contraponer legalidad a una supuesta legitimidad». «La legalidad entraña la legitimidad. Las formas y procedimientos se establecen en garantía de los derechos ciudadanos y son un valladar contra la arbitrariedad y la tiranía. Fuera de la legalidad solo existe el caos y el ejercicio de poderes vesánicos», aseguran.

Finalmente, y tras la llamada al diálogo de Carles Puigdemont en su intervención en el Parlament de Cataluña de este martes, estos profesores defienden que «solo cabe un eventual diálogo una vez reestablecida la legalidad y depuradas jurisdiccionalmente las responsabilidades y el sometimiento a la Constitución y a los tribunales».

Sobre futuras actuaciones sostienen que «incluso una eventual benevolencia y flexibilidad de carácter restaurativo supone la aceptación y reconocimiento de las transgresiones efectuadas y el ánimo de repararlos». Por ello defienden que «una adecuada y razonable justicia democrática supone también la aplicación de la prevención general, con una finalidad ejemplarizante y en evitación de la repetición de sucesos semejantes que atenten contra la soberanía nacional que reside en todo el pueblo español y sobre el que a él solo corresponde decidir».

Así, tras sus reflexiones, este grupo de expertos concluye que «de una sucesión y cadena de actos ilegales, nulos y contrarios a nuestra Constitución y sistema de convivencia y unidad nacional, no puede derivarse ningún provecho jurídico ni político».