España

El exdirector de la Abogacía de Baleares defiende la decisión de retirar dos acusaciones contra Matas

El letrado destituido por el Govern por «falta de confianza» considera que el Ejecutivo autonómico no debería inmiscuirse en las decisiones que toman los Servicios Jurídicos en los casos de corrupción

- El expresidente balear y ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas
- El expresidente balear y ex ministro de Medio Ambiente Jaume Matas - EFE

El exdirector de la Abogacía de Baleares, Lluís Segura, ha afirmado este miércoles que el abandono de causas penales por parte de los Servicios Jurídicos de la Comunidad no ha requerido nunca «un acto expreso y formal» previo de aceptación por parte del Govern, algo que «así debería seguir siendo». Segura ha comparecido en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento autonómico para explicar por qué la Abogacía decidió no acusar al expresidente balear Jaume Matas en dos piezas separadas del caso Palma Arena. El letrado ha señalado que fue sólo por motivos técnicos. La comparecencia de Segura ha sido en calidad de funcionario, no como antiguo responsable de los Servicios Jurídicos, circunstancia que ha limitado el alcance de sus respuestas.

Para Segura, mantener una acción penal «sin las condiciones jurídicas» exigibles a una acusación puede poner «en riesgo» las garantías fundamentales de los procesados, así como implicar una «extralimitación de las competencias de la Comunidad autónoma» y suponer además «una utilización irregular» de los recursos públicos. El exdirector de la Abogacía también ha señalado que, en su opinión, el Govern no debería dar su aprobación previa para la retirada de una acusación si los Servicios Jurídicos consideran que no hay criterios técnicos para seguir manteniéndola. En cualquier caso, también ha recordado que jerárquicamente el Ejecutivo autonómico se encuentra por encima de la Abogacía de la Comunidad a la hora de tomar decisiones sobre la continuidad o no de una acusación.

Cabe recordar que el pasado mes de septiembre la Abogacía de la Comunidad decidió no acusar a Matas de blanqueo por la compra de su «palacete» en el casco antiguo palmesano y también pidió el archivo del caso Ópera, en el que sólo está imputado el expolítico mallorquín. En ambos casos, los Servicios Jurídicos consideraron que no se habría producido ningún perjuicio para las arcas públicas por las actuaciones presuntamente irregulares de Matas.

En aquellas fechas, la consejera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, Pilar Costa, afirmó que el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol desconocía previamente que la Abogacía iba a tomar las dos decisiones citadas. Además, dijo que el Govern no compartía «políticamente» el posicionamiento adoptado por los Servicios Jurídicos. Por su parte, la coalición econacionalista MÉS y Podemos —aliados de Armengol— amagaron con pedir responsabilidades políticas al PSOE por este asunto.

En ese contexto, el medio local «Diario de Mallorca» publicó el 27 de septiembre que Segura sí habría informado al Govern hacía ya algún tiempo de su intención de retirar las dos acusaciones mencionadas contra Matas. Ese mismo día, Costa negó de nuevo que se le hubiera informado de la «concreción» de las decisiones que se iban a tomar en torno al exlíder popular y horas después anunció la destitución de Segura por «pérdida de confianza política».

A raíz de la polémica política surgida en relación a este asunto, Costa compareció el pasado 16 de noviembre en la Comisión de Asuntos Institucionales, a petición del PP, para explicar a los distintos grupos parlamentarios las causas del cese de Segura. La consejera y portavoz reiteró que el pasado mes de septiembre ignoraba las actuaciones concretas que iba a seguir la Abogacía en relación a Matas.

«No pongo en duda la calidad jurídica de ningún abogado de esta Comunidad, ni mucho menos la del señor Segura, excelente jurista», afirmó Costa durante su comparecencia, para añadir: «La destitución del director se produce por una pérdida de la confianza política». Las argumentaciones expuestas por Costa no fueron suficientes para el PP y Podemos, que votaron a favor de que Segura compareciera en el seno de dicha comisión para dar su versión de los hechos, algo que finalmente ha sucedido este miércoles.

Dimisión de Costa

En su comparecencia, Segura ha evitado desmentir a Costa, si bien ha señalado que «siempre hubo una información continuada y suficiente de las estrategias y de los planteamientos nucleares en todas las causas» relacionadas con el caso Palma Arena, incluido también el caso Nóos.

Una vez concluida la comisión, el portavoz de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, ha indicado que Segura habría sido «muy claro» al decir que el Govern conocía que serían retiradas dos acusaciones contra Matas. Por su parte, el diputado regional del PP Juan Manuel Lafuente ha pedido la dimisión de Costa por haber «faltado a la verdad».

En esa misma línea crítica, el portavoz de C's en la Cámara regional, Xavier Pericay, ha señalado que Segura fue cesado porque el Ejecutivo autonómico necesitaba «una pieza de caza». No obstante, Pericay no ha pedido la renuncia de Costa. Por último, el portavoz del PSOE, Andreu Alcover, ha afirmado que «Segura no ha contradicho en ningún momento a la consejera de Presidencia».

Cabe recordar que con Segura ya fuera de la Abogacía, los Servicios Jurídicos rectificaron su posición inicial con respecto al caso Ópera y el pasado mes de octubre se adhirieron al escrito de acusación presentado contra Matas por el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach. En dicho escrito, Horrach solicitaba un año y tres meses de cárcel para el expresidente balear, así como el abono de 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil. Finalmente, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, dictó un auto en el que acordaba abrir juicio oral contra Matas por un presunto delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación.

En el caso Ópera se investigaban presuntas irregularidades en la contratación del arquitecto Santiago Calatrava para que elaborase un anteproyecto para la construcción de un futuro palacio de la ópera en la bahía de la capital balear. Calatrava fue contratado por Matas de forma directa, sin la convocatoria de un concurso público ni tampoco de un procedimiento negociado. El Govern tuvo que pagar en su momento 1,2 millones de euros por dicho anteproyecto y por dos maquetas. El proyecto nunca se ejecutó.

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