Oriol Junqueras y Carles Puigdemont
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont - EFE

La CUP estrecha el marcaje sobre JpS, a la que pide más compromiso

Partidos y entidades secesionistas iniciarán el 15 de septiembre la campaña del 1-O

BarcelonaActualizado:

Contigo o sin ti. La CUP sigue marcando la agenda política en Cataluña y, sobre todo, de sus socios, con el PDECat a la cabeza. No importa que sea agosto. Quedan solo unas semanas para el fatídico 1 de octubre y, por lo tanto, cien metros de un eterno esprint para el independentismo.

Ayer, la CUP advirtió a Junts pel Sí (JpS) de que registrarán la llamada «ley de transitoriedad jurídica» -una de las «leyes de desconexión»- antes del 1-O, con o sin el visto bueno de PDECat y ERC. El motivo es que los antisistema quieren arrastrar hasta el final a la coalición de JpS. Y no acaban de fiarse de ellos.

Benet Salellas, en una entrevista a Ep, indicó, sobre la tramitación de la propuesta de ley, que «si hay dificultades para entrarla a registro o hacer una tramitación conjunta», entre JpS y la CUP, están «dispuestos a hacer una entrada a registro de esta ley exclusivamente como CUP».

El diputado autonómico por la CUP también reveló que con esta exigencia ponen de manifiesto la tensión «interna» en JpS, pues algunos de sus representantes son partidarios de presentar e intentar aprobar la norma antes del 1-O, como opina la CUP, pero otros prefieren dejar este riesgo -pues el Gobierno probablemente recurrirá el texto normativo ante el Tribunal Constitucional (TC) en cuanto sea admitido por la mesa del Parlamento de Cataluña- para después del anunciado referéndum ilegal.

«Radicales, pero no tontos»

Esta presión de la CUP es, para el PP, «un intento de tomar las instituciones en toda regla». Alejandro Fernández, portavoz de los populares en la cámara catalana, señaló a ABC que «los antisistema se han dado cuenta de la debilidad de JpS y, en concreto del PDECat, y han decidido dar el paso de tomar las instituciones».

En su opinión, la situación del PDECat es dramática, pues «pensaron que aliándose con la CUP para la reivindicación independentista, podrían, luego, volver a la normalidad; pero parece que no sepan que los que son revolucionarios, lo son siempre».

«Son radicales, pero no tontos. Saben que el PDECat, la antigua Convergència, está descomponiéndose. Es un proceso revolucionario cutre, que no irá a ningún sitio, pero la CUP quiere tomar el poder», añade Fernández.

Es en este contexto en el que la llamada «ley de transitoriedad jurídica» debe establecer los pasos jurídicos con los que el secesionismo político e institucional aspira a pasar de la legalidad y el Estado español a romper con España y establecer un Estado catalán.

El contenido del texto no se conoce públicamente -más allá de filtraciones parciales de algunos de los borradores de trabajo-, pero sí se sabe que Salellas es uno de sus redactores. Éste defiende que la CUP vea imprescindible que esta norma -ahora secreta y que define como «un instrumento de determinación política»- se apruebe antes del 1-O porque «es lo que hace vinculante el referéndum».

Un día después de que el mismo diputado autonómico de la CUP anunciara que, entre los planes de JpS y la CUP, está el de sustituir el TC por un tribunal controlado por el independentismo y que sería una especie de «Sala de Garantías», en caso de obtener la secesión, Salellas confesó que no sabe si la Generalitat tiene las urnas necesarias para el 1-O y que, sobre el censo a utilizar en la consulta ilegal, les han dicho desde la Generalitat que sí lo tienen y cómo lo han obtenido, pero no lo ha visto.

Por otro lado, JpS, la CUP, ANC y Òmnium informaron ayer de que harán juntos la campaña electoral del 1-O, pidiendo el voto por el «sí». Y señalaron el día del inicio de la campaña: las 00.00 horas del 15 de septiembre.