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El Estado desactiva la consulta ilegal del 1-OMiércoles, 20 de septiembre de 2017 a las 22:20:43

El Estado desactiva la consulta ilegal del 1-O
LA NOTICIA

Un golpe casi definitivo a las pretensiones soberanistas

La Guardia Civil y la Policía, en un amplísimo operativo contra los preparativos del referéndum del 1 de octubre, asestó este miércoles un durísimo golpe, puede que prácticamente definitivo, a la logística de la consulta: se intervino el sistema informático preparado para el recuento, se incautaron diez millones de papeletas y otros materiales para el día de la votación y se realizaron catorce detenciones, todas de altos cargos de la Generalitat de Cataluña directamente encargados de la organización del referéndum, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Los colaboradores más directos de Oriol Junqueras, vicepresidente y responsable político de la organización del 1-O, fueron arrestados por el Instituto Armado. Agentes de las Policía Nacional entraron también en la sede central de la CUP en Barcelona para incautar material de propaganda. A las ocho de la mañana comenzó el operativo de la Guardia Civil, que se desplegó inicialmente para registrar una empresa de telecomunicaciones, T-Systems, que ya había colaborado en la anterior consulta ilegal del 9-N de 2014. De forma simultánea, y con el mismo objetivo, los agentes entraron en la Vicepresidencia de la Generalitat y Consejería de Economía. Más tarde llegaría la Consejería de Exteriores, de Raúl Romeva, la de Trabajo y Asuntos Sociales, y de Gobernación, así como otras seis sedes del Gobierno catalán. En total se han realizado 41 registros y se han detenido a 14 personas, entre ellas altos cargos como Josep Maria Jové Llado, número dos del vicepresidente Oriol Junqueras, Josue Sallent Rivas (CTTI), Xavier Puig Farré (Oficina Asuntos Sociales), Josep Lluís Salvadó (secretario de Hacienda). También Jordi Graells, director del departamento de Atención Ciudadana del Gobierno catalán y responsable del voto electrónico del 1-O, Jordi Puignero; y un trabajador de Fundacio.cat. Además ha sido detenida en Madrid Rosa María Rodríguez Curto, Directora General de Servicio de la Generalitat y responsable de desarrollos informáticos y que ha sido conducida a las dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil. Otros de los detenidos son Oau Furriol Fornells y Mercedes M. Martos, por su relación con el hallazgo de propaganda en una nave, David Franco Marcos, del CTTI, David Palacad Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores y Juan Manuel Gómez, de la Consejería de Economía y Hacienda.

REPERCUSIÓN

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha convocado a los medios para hacer una declaración institucional en el Palacio de La Moncloa. El presidente se ha dirigido a los responsables de la Generalitat de Cataluña para reclamarles que cesen en las actuaciones ilegales y abandonen sus propósitos, porque «saben que este referéndum no se puede celebrar». «Estamos a tiempo de evitar males mayores», ha advertido Rajoy. «El referéndum nunca fue legal ni legítimo, ahora es una quimera imposible, la excusa que utilizan algunos para ahondar aún más en la fractura de la sociedad catalana», ha explicado Rajoy. Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha comparecido en Ferraz y ha pedido al Gobierno de la Generalitat «que desconvoque el 1 de octubre», sin dejar de lado las críticas al Ejecutivo: «Durante bastante tiempo el Gobierno ha sido incapaz de establecer un diálogo sincero y constructivo con la Generalitat». Un mensaje que se enmarca en el convencimiento de los socialistas de que de cara al futuro «la solución tiene que ser política» y «no va a venir de la mano de tribunales».

LA OPINIÓN DE ABC

El Estado de Derecho es lento pero llega

Los analistas de ABC han seguido con atención la intensa jornada política de hoy, comentando al segundo todo cuanto ocurría. A primera hora de la mañana, con las primeras detenciones, Luis Ventoso comentaba: «Es de destacar que la orden de la redada parte del juzgado número 13 de Barcelona, no de ningún malévolo Estado centralista represor. La razón de ser de la orden judicial parece clara: desmantelar todo el dispositivo para preparar el referéndum golpista, que parece que anidaba, como era de esperar, en las propias oficinas de las consejerías de la Generalitat. El Estado es un paquidermo. Avanza lento. Pero acaba llegando a meta». Tras la comparecencia de Puigdemont y las primeras manifestaciones, Salvador Sostres apuntaba: «Lo que ha empezado siendo intimidatorio está virando hacia lo folclórico, como todas las demostraciones independentistas, de una gravedad afectada e impostada. Jubilados, desocupados y estudiantes. Es la transversalidad, más que del secesionismo, del tiempo libre», escribía. Por su parte, Manuel Marín ponía el ojo en las consecuencias: «Un juez admite por primera vez la posibilidad de que altos cargos de la Generalitat incurran en delitos de sedición, penados con hasta 15 años de cárcel. El temor a que la tensión degenere en violencia callejera a manos de grupos incontrolados es la principal preocupación ahora en el Gobierno. Institucionalmente el varapalo al referéndum es incuestionable. Lo más relevante ahora, gestionar las movilizaciones y las revueltas». A medida que ha avanzado la tarde, se ha echado de menos la comparecencia de Pedro Sánchez, algo denunciado por Marisa Gallero. «Está desaparecido antes y después de su reunión con Mariano Rajoy en Moncloa. Ni una palabra ayer de que el Congreso rechazara apoyar al Gobierno frente al 1-O con el voto en contra del PSOE ni de las detenciones y registros de la Guardia Civil de hoy». En esta misma dirección, Curri Valenzuela apuntaba posibles razones a su silencio: «Debe de ser cierto, como ha afirmado hoy Rivera, que lo que Sánchez pretende es negociar con Puigdemont y Junqueras. Y eso es jugar a dos barajas, no apoyar al Gobierno».

La revuelta

IGNACIO CAMACHO Por IGNACIO CAMACHO

Cambio de fase. De la rebeldía a la revuelta. De las instituciones a la calle. Los soberanistas empiezan a comprender que han perdido el referéndum, o que lo van a perder porque el Estado, acelerando su trantrán, ha desmontado al fin la mesa de los trileros, les ha incautado las papeletas y se ha llevado presos a unos cuantos de ellos. Faltan por confiscar las urnas pero acabarán apareciendo. De modo que los insurrectos han pasado al plan B, el de la agitación callera, tan vistosa para abrir los noticieros. Y en esta tarea, delegada en las plataformas que organizan la Diada y en los borrokitas de las CUP, cuentan también con la experta colaboración de las diferentes marcas de Podemos. Para la gente de Pablo Iglesias, incómoda en la rutina institucional, una oportunidad de movilizarse nunca llega en mal momento. Esa batalla, la de la propaganda y la comunicación política, quizá la pierda el Estado, como casi todos los duelos mediáticos. Las masas en las calles resultan mucho más fotogénicas que los ministros en los telediarios. Pero ahora el Gobierno solo tiene que vencer en el pulso de autoridad; podría intentar algo más para no quedarse descolgado pero es demasiado tarde para luchar por el relato. Para lo que ha empezado a hacer, que consiste en restablecer la legalidad en medio de una rebelión, tampoco es temprano. Solo que más vale tarde siempre que no afloje el brazo. A estas alturas no va a convencer a nadie más en Cataluña, donde la posverdad nacionalista ha triunfado al presentar a Rajoy como un trasunto de Franco. Así que ya no le queda más opción que ejercer la ética de la responsabilidad en el sentido weberiano. El presidente quería eludir el artículo 155 para evitar lo que de todos modos ha acabado pasando. También para no descolgar al PSOE, que no sabe dónde colocarse sin quedar a contramano. Sánchez tiene un conflicto entre instinto y deber; aborrece demasiado a Rajoy para verse obligado a apoyarlo, y trata de hacer fintas y equilibrios sin entender que éste no es tiempo de funámbulos. A su favor, y al del Iceta, hay que consignar la resistencia cívica de los alcaldes del PSC, que aguantan ante las turbas radicales el duro tirón de sentirse señalados. Su papel de dique antisecesionista es fundamental porque en territorio catalán apenas hay ayuntamientos del PP ni de Ciudadanos. Al final, el Gabinete está aplicando el 155 por tramos. Y tendrá que ir a más porque los indepes van a tratar de esconder la derrota en un motín tumultuario, justo lo que el marianismo pretendía esquivar con su famoso planteamiento proporcionado. Quizás el propio Puigdemont quede pronto sobrepasado, incapaz de controlar la situación, emparedado entre la calle y los juzgados. Hay un principio histórico elemental que los soberanistas han desdeñado, y es que todo movimiento de independencia deriva siempre en un proceso revolucionario.