Esquerra, indemne en la lucha judicial contra el «procés»

La semana pasada, durante la cuestión de confianza en el Parlament, el presidente Carles Puigdemont anunció que su hoja de ruta secesionista es «referéndum o referéndum» (con o sin aval del Estado). A renglón seguido, informó que por parte de su gobierno, los encargados de la organización de la consulta ilegal –refrendada esta semana en la cámara baja catalana por Junts pel Sí y la CUP– serían su vicepresidente y líder de ERC, Oriol Junqueras, así como el consejero de Asuntos Institucionales y Exteriores, el exICV Raül Romeva. Tras el anuncio del presidente de la Generalitat, más de un dirigente de la antigua Convergència –ahora PDECat– pensó: «ya es hora que pringue Esquerra».

Y es que en este «procés» que arrancó en 2012, y en su consiguiente reacción del Estado y de los órganos judiciales, la antigua Convergència acapara casi en exclusiva la nómina de «mártires» de la causa.

Y se desangra en votos a cada contienda electoral. Mientras, su gran aliado, Esquerra, con el que conformó Junts pel Sí, se mantiene indemne y sólo ha empezado a inquietarse electoralmente en las dos últimas generales, que en Cataluña ganaron los «colauistas» de En Comú Podem. Incluso el tercero en discordia, la CUP, también comienza a notar el peso de la ley, aunque la desobediencia a la misma sea su gasolina.

Penas de inhabilitación para ejercer cargo público restarían efectivos a los convergentes. Un sacrificio que presentan como una medalla ante el independentismo, pero conscientes de que, si la hoja de ruta se va al traste, les impedirían ejercer funciones relevantes en la Cataluña «melancólica» que afrontará la resaca del «procés».

Por el caso de la consulta del 9-N irán a juicio el expresidente de la Generalitat, y presidente del PDECat, Artur Mas, la diputada de esta formación Irene Rigau y la exvicepresidenta Joana Ortega, ya secundaria en una Unió sin representación ni en el Parlament ni en el Congreso. También por esta causa, pendiente de que el Congreso acepte el suplicatorio del Tribunal Supremo, se procederá contra el diputado convergente Francesc Homs.

De Mas a Forcadell

Todos ellos afrontan penas de inhabilitación –de diez años pide la Fiscalía para Mas– por los delitos desobediencia y prevaricación. Los mismos de los que la Fiscalía General baraja ahora acusar a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, por permitir la votación de las conclusiones de la comisión parlamentaria del proceso constituyente. Fue dirigente y concejal de ERC, pero ahora sólo es militante. Su inclusión en la candidatura de JpS fue como independiente. Por los méritos adquiridos como presidenta de la Asamblea Nacional Catalana.

Asimismo, algunas fuentes apuntan a que Fiscalía, a la que el Tribunal Constitucional ha instado a actuar esta semana por el caso Forcadell, podría ampliar su querella a otros cargos del Parlament. Al presidente del grupo parlamentario de JpS, el convergente Jordi Turull, y a la portavoz del grupo parlamentario de la CUP, Anna Gabriel.

Los cuperos ya tienen otros cargos públicos electos de menos calado en los pasillos de la Justicia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido citar como investigado al edil de la CUP en Vic (Barcelona), Joan Coma, al que acusa de un delito de sedición. A él se le une otra compañera de partido, la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós. Un juzgado la citó a declarar por un delito electoral –colgó la «estelada» en el Consistorio durante el 27-S– y ella se niega a acudir. Una desobediencia que puede acarrearle una inhabilitación.

Rumbo al tripartito

A los de la CUP, las inhabilitaciones les hacen poco daño: su estricto código ético impide que sus diputados cumplan más de una legislatura. Otra cosa será para la antigua Convergència, que al riesgo de inhabilitaciones por desacatar al TC, puede sumar, en 2017 y años sucesivos, las secuelas penales derivadas de casos de corrupción como el del Palau de la Música o el del 3% (aquí Esquerra puede presumir de limpia, mal que le pesara al exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña).

Con el nuevo órdago del referéndum ilegal –concretado en un 6 de octubre, mismo día en el que 82 años atrás el «president» Companys, de ERC, proclamó la república catalana– , Puigdemont se pone en la diana de las inhabilitaciones. De ahí que busque cooperadores necesarios como Junqueras.

Por soñar, Mas puede soñar que cuando su sentencia por el 9-N fuera firme –la del TSJC sería recurrible ante el Supremo–, Cataluña sería independiente. E igual Puigdemont. No obstante, entre el independentismo cada vez son más las voces que vaticinan un siniestro total para el «procés» antes de un año. Cuando todo estalle, habrá unas elecciones autonómicas, aunque se las llame «constituyentes». Si Junqueras y ERC siguen indemnes, siempre les queda virar/mirar hacia la izquierda en lugar de la «estelada» y vender una Cataluña social de izquierdas que reclama el derecho a decidir.