España plantea para Marruecos un acuerdo como el de Turquía para gestionar la inmigración

El país vecino se ve obligado a alojar a miles de subsaharianos que no permite cruzar a Europa

La mayor parte de la inmigración llega por mar Efe

L. L. CARO

En 2017, la inmigración ilegal en España creció un 101,4% mientras que las entradas por Grecia bajaron un 77%. Para el Gobierno, la cooperación y ayuda para el desarrollo de los países de origen es la clave para dar una solución a este fenómeno siempre vinculado a la tragedia. De hecho, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, viaja hoy mismo a Senegal y Mauritania y este aspecto forma parte central de su agenda. Pero España también está planteando en Europa que, al igual que se está haciendo con Turquía para contener los flujos de refugiados sirios, se ayude a Marruecos para que pueda gestionar la inmigración que, como resultado del control que ejerce sobre sus fronteras, ya se está quedando dentro de territorio alauí y convirtiéndoles en un país, no ya de tránsito, sino de destino. Con la multiplicación de cargas que ello supone.

«Marruecos está haciendo un sobreesfuerzo enorme para atender con lealtad su cooperación con España en materia de inmigración», explicó a este diario el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, que subrayó que se está trasladando «de manera constante a Frontex» (la agencia europea de fronteras) la necesidad de que se ponga en marcha una «política bien ordenada estratégicamente» y estable para abordar esta problemática migratoria.

«Sin demasiado a cambio»

«Se ha fijado una alianza muy sólida con Turquía que ha dado resultado y un país (Marruecos) que viene trabajando hace mucho tiempo en ayudar en esa materia y lo está haciendo con lealtad y sin recibir demasiado a cambio, también requiere ayudas», añadió el secretario de Estado, que precisó que lo que está solicitando el estado vecino es «que le hagamos más eficaz en ese control de la inmigración irregular: no tienen posibilidades económicas para dotarse de medios más sofisticados , necesitan un mejor adiestramiento de sus agentes de seguridad, pero también apoyo en materia social para atender los flujos de personas que están recibiendo».

No hay una valoración económica, pero se da por sentado que el gasto que genera la gestión con arreglo a la ley de estos movimientos de población –vigilancia fronteriza, acogida, repatriaciones...– supera con mucho al que representaría «trabajar en esa relación bilateral con países como Marruecos».

En marzo de 2016, la UE pactó con Ankara cerrar la ruta principal por la que un millón de inmigrantes habían cruzado desde el mar Egeo a suelo europeo, objetivo que se prácticamente se ha logrado. El acuerdo estableció que Turquía acogiera a todos los refugiados que llegaran de forma irregular a Grecia a cambio de que la UE reubicara un número equivalente de sirios asentados ya en Turquía, de transferencias económicas – 3.000 millones de euros inicialmente– y recompensas políticas.

Más lucrativo que la droga

Las cifras de la inmigración del año pasado en España y el hecho, contrastada por Frontex, de que la única ruta por el Mediterráneo que ha crecido es la occidental, no invitan al optimismo. «Tenemos que sumir que la presión va a seguir, la inmigración es un negocio que, según informes de ámbito internacional, es aún más lucrativo que el tráfico de drogas», lamenta José Antonio Nieto. La prueba de que esta realidad va para largo es que el Estado ha reformulado el modelo de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) priorizando los estándares de atención humanitaria y estableciendo nuevos servicios, y de acuerdo a ese patrón se construye ya una instalación en Algeciras que tendrá de 700 a 750 plazas , más que todos los CIEs de la península juntos. Y ya está en mente proyectar uno más para atender el arco entre Almería, Murcia y Alicante y un tercero en Madrid.

En la exposición del secretario de Estado respecto a la inmigración son recurrentes sus manifestaciones de «respeto absoluto y atención» hacia esas personas que acceden a suelo español, –y vía Schengen, a territorio europeo– como víctimas de mafias que «les captan en origen, les venden una realidad que no existe y les animan a que den el paso». Poner fin a ese tráfico es un imperativo, lo que remite a la prioridad del Gobierno ya mencionada de mejorar las condiciones de los países africanos para que sus ciudadanos puedan alcanzar niveles de vida dignos y pierdan la necesidad de «tener que arriesgar su vida, gastarse todos sus ahorros y abandonar a sus familias.

A primera vista, el problema es el de siempre: dinero. Nieto corrige: «las dificultades son más complejas... Hay voluntad de poner dinero –dice, aludiendo también a Europa–, lo que no se sabe es cómo hacer que ese dinero cumpla su función. Estamos hablando de mecanismos para hacerlo llegar, de garantías para ver en qué se aplica, estamos hablando de que sirva para el desarrollo y que realmente los destinatarios de los recursos sean las personas» . Son lecciones aprendidas de experiencias previas, algunas de los años anteriores a la crisis, en las que se vio que parte de cooperación económica española acababa en su lugar de destino en bolsillos que no debía.

«Queremos –resume– que esas personas puedan tener una esperanza de desarrollo en sus países y no que vengan aquí esperando el milagro europeo y que luego se tengan que ver un semáforo, en una situación crítica, volviendo a ser utilizados por otras mafias».

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