España extraditará a Estados Unidos al «hacker» ruso que pidió ayuda a Putin

La Audiencia Nacional acepta entregar a EE.UU. a Lisov, detenido en Barcelona y acusado de divulgar un virus informático con el que defraudó 726.400 euros

Lisov, en la vista de extradición en la Audiencia Nacional
Luis P. Arechederra

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Nacido en Rusia, detenido en España, reclamado por Estados Unidos. La Audiencia Nacional aceptó ayer extraditar al «hacker» ruso Stanislav Lisov , conocido como «Black», un pirata informático acusado de defraudar a miles de ciudadanos, que trató de presentarse como una víctima del conflicto geopolítico entre Estados Unidos y Rusia, como si fuera una pieza de la «partida de ajedrez» que juegan Washington y Moscú, una especie de peón de la extinta Guerra Fría. Así se expresó el abogado de Lisov, de 31 años , en la vista celebrada en la Audiencia Nacional para analizar su situación.

La Audiencia Nacional –el tribunal español con competencia para resolver las peticiones de extradición– no da credibilidad a la versión del acusado, que se podría enfrentar hasta a 25 años de cárcel en Estados Unidos, donde le reclama un tribunal del distrito sur de Nueva York , lugar de residencia de una de las víctimas. Los jueces han concluido que el delito por el que EE.UU. pide la entrega de Lisov «no es de carácter político ni miltar», según el auto en el que se acuerda la extradición. No aprecian una persecución y califican la visión de Lisov de «mero alegato sin sustento probatorio». La Fiscalía de la Audiencia Nacional se mostró de acuerdo con la entrega.

«Mi última esperanza»

«Le pido encarecidamente que intervenga en mi situación, en la injusticia y la arbitrariedad de Estados Unidos hacia un ciudadano ruso. Esta carta es mi última esperanza», escribió Lisov al presidente ruso, Vladimir Putin , en una carta que divulgó un medio de comunicación ruso. El abogado de Lisov insistió en esa idea y achacó la detención a unos supuestos «intereses ilegítmos» de EE.UU.

La justicia norteamericana expone una visión diferente. Según el auto de la sección cuarta de la Sala de lo Penal, EE.UU. acusa a Lisov de extender el software malicioso o malware conocido como NeverQuest –un programa informático para apropiarse de información interna–, diseñado para «infectar las computadoras de víctimas inocentes y, entre otras cosas, robar su información de acceso a cuentas de instituciones financieras».

Con este método, Lisov y otros colaboradores causaron un perjuicio a Estados Unidos cifrado en 726.400 euros, según la acusación de las autoridades de Estados Unidos. La apropiación del dinero se realizaba mediante transferencias electrónicas, retiros de cajeros automáticos y compras de bienes a través de internet, una vez recolectada la información personal de las víctimas, que incluía nombres de usuarios, contraseñas, y preguntas y respuestas de seguridad. Con ello, robó dinero de las cuentas bancarias.

Según EE.UU, Lisov y sus cómplicas «se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron en conjunto» para delinquir con este método desde por lo menos junio de 2012 hata al menos enero de 2015. El pirata informático ruso fue arrestado en enero de 2017, en el aeropuerto de El Prat. La acusación también incluye el acceso a ordenadores «protegidos sin autorización», con ánimo de defraudar, y el alquier de servidores ubicados en Alemania, desde los que se controlaban los ordenadores infectados.

Para la justicia norteamericana, estos hechos suponen los delitos (cargos, en el lenguaje anglosajón) de conspiración para piratear ordenadores, y conspiración para cometer fraude de tranmisión electrónica. El primer de los dos crímenes se castiga con de uno a cinco años de prisón; el segundo, de dos a veinte años, según se recoge en el auto de la Audiencia Nacional.

En España, sin embargo, el equivalente serían los delitos de estafa agravada , penada en los artículos 248.2, 249 y 250.1.5º del Código Penal; cuyo castiga supone de uno a seis años.

Cuando la decisión de la Audiencia Nacional sea firme –se abre un plazo de tres día para recurrir–, se comunicará al Gobierno de España.

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