España, el «doctor Jekyll y míster Hyde» de los derechos humanos según Amnistía Internacional

La política internacional de España sobre derechos humanos es de «doctor Jekyll y míster Hyde», en alusión al pesonaje literario de doble personalidad creado por Robert Louis Stevenson, porque en el Consejo de Seguridad de la ONU defiende un mayor seguimiento de las recomendaciones de mecanismos de Naciones Unidas, mientras el Gobierno legaliza las «devoluciones en caliente» de migrantes en Ceuta y Melilla e incumple sus compromisos sobre reasentamiento de refugiados, según denunció este miércoles Amnistía Internacional.

En su último informe anual, AI repasa la situación de los derechos humanos en 160 países durante el año pasado y aporta algunos datos globales: más de 122 Estados ejercieron la tortura u otros malos tratos, al menos 113 restringieron arbitrariamente la libertad de expresión y de prensa, en 61 se encarceló a presos de conciencia, en 19 se perpetraron crímenes de guerra, en 36 hubo abusos de grupos armados, al menos 30 obligaron ilegalmente a personas a refugiadas a volver a países donde correrían peligro y en el 55% hubo juicios injustos.

Amnistía Internacional afirma que España no es una excepción al «asalto global» a los derechos y las libertades debido, en parte, a «draconianas y represivas campañas nacionales de seguridad» de algunos gobiernos. Esteban Beltrán, director de AI en España, afirma que en este país «se han han aprobado medidas legislativas o leyes que han limitado desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, y se han hecho oídos sordos a las recomendaciones hechas por Naciones Unidas sobre protección de los derechos humanos».

Así, el pasado mes de julio entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como «ley mordaza») que establece límites de dónde y cuándo deben celebrarse manifestaciones y otorga amplias competencias a las fuerzas de seguridad, con multas de hasta 30.000 euros a personas que muestren «falta de respeto» o graben imágenes de agentes de policía.

Nuevo Código Penal

Beltrán subraya que la última reforma del Código Penal «es tan vaga que el relator especial de la ONU para la libertad de expresión alertaba de que podría penalizar comportamientos que hasta entonces no constituían delitos de terrorismo y restringue deproporcionadamente el legítimo derecho a la libertad de expresión, algo que hemos podido ver el caso de los titireteros detenidos en Madrid el pasado 6 de febrero».

En el ámbito internacional, Beltrán subraya la «política de doble rasero» o «de doctor Jekyll y míster Hyde» porque, por un lado, da «pasos positivos» para que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU se autolimiten en el uso de veto ante crímenes de derecho internacional; ha participado en la adopción una resolución sobre mujeres, paz y seguridad, y ha demandado un mayor seguimiento de las recomendaciones de derechos humanos de los mecanismos de Naciones Unidas.

Refugiados

Por el otro, añade Beltrán, el Gobierno ha llevado reformas legislativas contrarias al derecho internacional, como la Ley de Extranjería para «legalizar la expulsión automática y colectiva de personas migrantes y solicitantes de asilo y refugio en Ceuta y Melilla», además de «incumplir el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas cuando quiere enviar buques de guerra a Arabia Saudí» o «cuando sus barcos bloquean los puertos de Yemen y provocan una exclusión humanitaria de grandes proporciones».

Además, apunta que España ha recibido «llamadas de atención» del Comité de Derechos Humanos o el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, mientras que una docena de mecanismos de la ONU y el Consejo de Europa han hecho lo propio por dejar sin asistencia sanitaria a cerca de 75.000 personas migrantes en situación irregular.

Por último, Beltrán subraya el «poco compromiso» de España sobre los refugiados de Siria, puesto que sólo ha reubicado a 18 personas procedentes de Grecia e Italia cuando se comprometió a admitir a más de 17.000, y apenas ha reasentado a 90 personas de los campos de refugiados de Jordania, Líbano y Turquía cuando se ha comprometido a resentar a 854