Escuchas al ministro del Interior: preguntas y respuestas

El ministro está a la espera de la conclusión de la investigación policial y ha dicho que no dimitirá

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¿Cuándo y dónde se grabaron las conversaciónes?

En varias reuniones celebradas en el despacho de Jorge Fernández Díaz en el Ministerio del Interior. Fue en octubre hace dos años, días antes de la pseudoconsulta independentista del 9 de noviembre de 2014.

¿Quién lo hizo?

Es lo que está investigando la Policía Judicial por orden del ministro. Ambos interlocutores han negado haber grabado sus reuniones y Daniel de Alfonso ha sugerido diferentes hipótesis: que su teléfono pudiera estar «monitorizado» o que hubiera un micrófono oculto en el despacho.

¿Grabar una conversación propia es delito?

Una sentencia del Tribunal Constitucional de 1984 sostiene que «si una persona graba las palabras que un tercero le dirige, no realiza ningún hecho ilícito». Un juez puede admitirla como prueba.

Otra cosa es su difusión, que puede colisionar con el derecho a la intimidad o revelar datos personales del otro.

¿Y si un tercero graba una conversación ajena?

El artículo 197 del Código Penal establece que «el que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, (...) intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido(...) será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses».

¿Cuál es el contenido de esa conversación?

Los archivos de audio están en poder del digital «Público», que sostiene que en esas conversaciones Fernández Díaz y De Alfonso «conspiraron» para fabricar escándalos contra dos fuerzas independentistas, CDC y ERC.

¿Cuál es la versión al respecto de Interior?

Que hablar de «conspiración» es una «injuria y una calumnia absolutamente intolerable». El ministro sostiene que la conversación está «editada, sesgada, dirigida y descontextualizada» para dar lugar a malinterpretaciones.

¿Por qué se ha filtrado ahora si data de 2014?

Para dañar electoralmente al PP, según sostiene el ministro, y para «que se deje de actuar en las investigaciones contra corrupción» que desarrollan de forma relacionada o no la oficina catalana Antifraude e Interior.

¿A quién beneficia este escándalo?

A los adversarios políticos del PP y a personas o entidades que, presumiblemente, estarían siendo objeto de investigaciones importantes por parte de la oficina Antifraude. De Alfonso habló ayer de un presunto caso de financiación ilegal a través de 15 ayuntamientos del PSC, que no descarta una querella.

¿Habrá dimisiones o ceses?

El ministro está a la espera de la conclusión de la investigación policial y ha dicho que no dimitirá. El Parlamento de Cataluña valorará hoy destituir a Daniel de Alfonso.

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