Elecciones 2016El PSOE aprobará una reforma fiscal en 6 meses y un plan contra la corrupción si gobierna

El PSOE ha puesto fecha a de las medidas más importantes que incluye en su programa electoral con el que se presenta a las elecciones del 26 de junio. Medidas como aprobar una reforma fiscal en 6 meses, crear un ingreso mínimo vital en 4 meses, crear en un año un «recargo de solidaridad» para pagar pensiones o subir de manera «inmediata» el SMI en un 4 por ciento.

Desde Ferraz señalan que reforma fiscal, estará basada en los principios de «justicia y equidad, proporcionalidad, contribución adecuada de las rentas del trabajo y la riqueza y que proporcione recursos para el funcionamiento de las Administraciones y la dotación de prestaciones suficientes por los grandes servicios públicos».

El objetivo es promover la transición hacia un nuevo modelo económico manteniendo la tarifa del IRPF para las rentas medidas y bajas e incrementar la de las rentas del capital.

También una tributación mínima en el Impuesto de Sociedades, un mínimo común en los Impuestos de Sucesiones y Patrimonio, una reducción del IVA cultural y que alcance, al menos, el peso promedio que tiene la fiscalidad ambiental en los países de la OCDE.

«Una reforma fiscal que sancione ejemplar y eficazmente el fraude fiscal, excluya definitivamente las amnistías fiscales y persiga los paraísos fiscales. Se aprobará en el plazo máximo de seis meses», se compromete el documento. Entre sus objetivos concretos, el PSOE también adelanta su voluntad de aprobar una «subida inmediata» del salario mínimo en un 4 por ciento para alcanzar el 60 por ciento del salario medio neto en dos legislaturas, «en línea con las recomendaciones de la Carta Social Europea».

Un plan contra la corrupción

Por otro lado, Pedro Sánchez tiene previsto poner en marcha en el plazo de tres meses un plan de «lucha implacable» contra la corrupción, con penas más elevadas y la obligación de los condenados de devolver lo obtenido ilegalmente. Este asunto está incluido en el capítulo de regeneración democrática, en el que advierten de que no hay desafección ciudadana hacia la política, sino «irritación y descontento» por el funcionamiento de la democracia y la «desconfianza» hacia los representantes del poder público.

Por ello, se proponen «recuperar la confianza» ciudadana haciéndola partícipe de la acción política, fortaleciendo la transparencia, incrementando el control de los recursos públicos y publicitando su destino. También proponen hacer una «reforma inmediata» del sistema de nombramientos para los órganos constitucionales y organismos reguladores que evite su condicionamiento a los partidos y garantice su independencia.

A eso añaden una reforma de la Administración del Estado para modificar el sistema de ingreso en la función pública; una reforma de la Justicia con implantación de los tribunales de instancia, supresión de las tasas, garantizar la justicia gratuita, fortalecer la independencia del Ministerio fiscal y prohibir los indultos por corrupción.