Doce meses para olvidar entre la corrupción y el desafío separatista

«No hay que engañarse, ni mucho menos intentar engañar a los españoles: tenemos todavía por delante un año muy duro, especialmente en su primera mitad, y tenemos que perseverar en las reformas que hemos emprendido». Cuando Mariano Rajoy pronunció estas palabras, a finales de diciembre de 2012, seguramente no podía imaginar la que se venía encima de su Gobierno y su partido.

Rajoy solía decir que el año 2012 fue el de los recortes, 2013 el de las reformas y 2014 sería el del inicio de la recuperación. Pero 2013 estuvo marcado desde el primer día por los escándalos de corrupción, y en concreto por el caso Bárcenas, que llegó a poner a los populares contra las cuerdas

. La corrupción fue la parte más oscura de aquel año funesto en muchos sentidos. Mucho tiempo después Rajoy reconocería que esta lacra había castigado más al Gobierno que la crisis económica. En enero de 2013, el PP tenía una estimación de voto del 35 por ciento; doce meses después caería al 32 por ciento. La bajada no se detendría ahí. En febrero de 2013, la preocupación por la corrupción se disparó en España y se colocó por primera vez como segundo problema nacional, detrás del paro. No tocaría techo hasta finales de 2014.

El ambiente se hizo irrespirable al coincidir en el tiempo tres grandes escándalos que removieron por dentro a la sociedad: el caso Bárcenas, el caso ERE en Andalucía y el caso Nóos. La presión fue creciendo hasta hacerse insoportable. Tanto, que el presidente se vio obligado a comparecer en el Congreso el 1 de agosto para dar explicaciones sobre el extesorero de su partido, ya en prisión, en uno de los Plenos más relevantes de la legislatura: «No voy a declararme culpable, porque no lo soy. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué en mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía», confesó Rajoy.

El caso de los ERE no fue menos traumático para el PSOE, y se llevó por delante al presidente de la Junta, José Antonio Griñán. Andalucía estrenó presidencia con Susana Díaz, que a la larga sería el principal dolor de cabeza para el secretario general socialista. Al mismo tiempo, el caso Nóos tocó de lleno a la Familia Real cuando la Infanta Cristina fue imputada.

El Gobierno trató de frenar las críticas con un plan de regeneración democrática y contra la corrupción, que propuso Rajoy en el primer Debate sobre el estado de la Nación de la legislatura, el 21 de febrero. Pero la sociedad exigía medidas urgentes y contundentes, cortar por lo sano, y ese paquete tardaría aún más de dos años en aprobarse.

Si la cruz fue la corrupción, la cara apareció en la segunda mitad de 2013, de forma muy tímida. Atrás quedó la angustia del posible rescate de España. Ahora, el Gobierno se concentraba en las reformas y cruzaba los dedos para que empezaran a surtir efecto. En la retina de todos queda aquella imagen del 26 de abril, cuando la vicepresidenta compareció junto a Luis de Guindos y Cristóbal Montoro, para presentar unas previsiones negras. ¿Fue algo forzado para que a partir de ese momento cualquier buena noticia, por pequeña que fuera, se explotara como gran éxito? Nadie lo niega. Aquella comparecencia marcó un antes y un después, con sus previsiones «extremadamente prudentes». Los buenos resultados empezarían a llegar de forma clara desde el exterior.

Solo a partir de julio se dejó ver algo de luz en el largo túnel de la crisis económica en España. El tercer trimestre marcó un vértice esperanzador: la recesión empezaba a quedar atrás y se crecía un tímido 0,1 por ciento. Era muy poquito, pero la tendencia parecía cambiar. En el último trimestre, el crecimiento ya subió al 0,3 por ciento. Por primera vez en muchos años, los brotes verdes parecían reales.

2013 fue el año de los grandes casos de corrupción y del punto de inflexión en la crisis económica, pero también el del comienzo del pulso legal que emprendió el Gobierno contra los pasos que daba la Generalitat de Cataluña hacia una hipotética independencia. En enero, los nacionalistas aprobaron en el Parlamento de Cataluña una Declaración soberanista. Apenas una semana después llegó la respuesta rotunda del Gobierno de la Nación: impugnó la declaración ante el Tribunal Constitucional. Fue la primera muestra de que el Ejecutivo no admitiría ni media broma que afectara a la soberanía nacional y a la unidad de España. Su respuesta, desde ese momento, fue siempre la misma: diálogo y ley. Diálogo con líneas rojas, las que marca la Constitución. Reacción legal firme, pero muy prudente desde el punto de vista político, lo que le valió críticas al Ejecutivo incluso desde su partido.

Al terminar el año, Rajoy aseguró que ya existía «un fundado derecho a la esperanza» respecto a la salida de la crisis, su gran objetivo. El Gobierno empezó a fiarlo todo a la economía, incluida la recuperación de la confianza de millones de antiguos votantes que perdía a raudales. No podía estar más equivocado, como empezó a verse muy pronto en las urnas.