Los disturbios envenenan la negociación de los presupuestos

Cuando el pasado martes el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, presentó al Parlament su proyecto de ley de Presupuestos, la CUP, el socio preferente con el que cuenta para aprobar las cuentas, le dio plantón. No por un desacuerdo en la orientación de las cifras, sino en protesta por la actuación policial en los disturbios con los okupas de Gracia. Este es el marco político en el que se mueve el partido antisistema, el aliado preferente en el que se apoya el ejecutivo de Carles Puigdemont y, ahora mismo, el grupo que más influencia y rédito obtiene a sus diez diputados en la cámara catalana. Ahora mismo, la política catalana se construye entre la algarada en las calles de Gracia y la moqueta de los pasillos del Parlament.

En el gobierno de Junts pel Sí se reconoce que el conflicto de Gracia llega en un momento especialmente inoportuno, justo en el inicio de la negociación de los presupuestos, unas conversaciones difíciles y ante las que ERC y CDC, pese a lo que digan públicamente, no buscan otro socio que no sean los antisistema. Entre los partidos de izquierda se reconoce que no ha habido ni un gesto de aproximación serio para buscar su apoyo.

En este escenario, el partido anticapitalista está jugando sus cartas, y ahora estas pasan a ponerse, en sentido literal y figurado, en primera fila de las protestas. A las diputadas «cuperas» Eulàlia Reguant y Mireia Vehí se las vio el pasado miércoles entre quienes protestaron, lo mismo que al concejal en la capital Josep Garganté.

El malestar en el seno de ERC es evidente, aunque de puertas afuera se mantiene un tono bajo para no envenenar más la relación. No obstante, en el seno del partido republicano se considera que «los disturbios no ayudan en nada, ni a gobernar ni al objetivo de la independencia», precisan fuentes de la formación en interpelación directa a la CUP. «Lo que está pasando solo da munición al unionismo», añaden las mismas fuentes.

La desconfianza y el malestar se extienden también entre CDC, un alejamiento que de hecho comenzó el pasado fin de semana cuando los antisistema dieron por muerto el acuerdo de estabilidad parlamentaria y exigieron unos «presupuestos de ruptura». Con más libertad para cargar contra la CUP dada su condición de cabeza electoral de CDC para el 26-J, Francesc Homs admitía ayer en TVE que hay «gente de la CUP» que no le merece «confianza», porque «cuando les llevas la contraria, te insultan»: «He visto actitudes que no son precisamente, digamos, propias de quien cree de verdad en la democracia».

Más allá de CDC y ERC, el enojo en el seno del Govern con la CUP también es notorio, de forma especial, por razones obvias, en el consejero de Interior y responsable político de los Mossos, Jordi Jané, que denunció la «utilización política» de los incidentes por parte de los antisistema. Junqueras, por contra, directamente implicado en la negociación de los presupuestos, guarda un elocuente silencio, del mismo modo que tras la andanada de la CUP del fin de semana siguió considerándolos como «socios fiables».

Al margen de los equilibrios en el seno del ejecutivo de Puigdemont, el estupor se extiende entre los partidos. La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, señaló que no le sorprende que la CUP «defienda y ampare» los altercados en Gracia, sí en cambio que Puigdemont y el Govern elijan a este partido como «socio».

Por su parte, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, apuntó más allá de la CUP, y en alusión a la propia alcaldesa Ada Colau señaló que «cuando se alimentan determinados movimientos sociales acaban descontrolándose» y «explotando en la cara».