Mitin del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en Valencia en diciembre
Mitin del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en Valencia en diciembre - ROBER SOLSONA

Los difusos límites de la financiación de los partidos

Todas las formaciones bordean la ley para dotarse de recursos mientras adaptan sus estructuras a la caída de ingresos

ValenciaActualizado:

Cómo obtener la financiación que sufrague su funcionamiento es uno de los asuntos más difusos de cuantos rodean al sistema de partidos de España. El modelo mixto (donaciones más subvenciones públicas) y una normativa de 1985 no demasiado específica hace que la mayoría de formaciones –tanto las clásicas como las emergentes– bordeen la ley para captar recursos. Una situación que se agrava con la limitación a 12.000 euros por persona de las donaciones, que ahora tienen que ser nominativas, y la caída de las subvenciones –por el recorte impuesto por el Gobierno a la partida y porque ahora hay cuatro «grandes» para repartir–. Medidas que buscaban una mayor transparencia en la financiación de los partidos han terminado por generar el efecto contrario.

En las últimas semanas es la financiación del PP la que está bajo la lupa (aunque el asunto nuclear no es si se reciben o no donaciones, sino si se reciben a cambio de algo), pero es probable que los métodos para financiarse de PSOE, Podemos y Ciudadanos tampoco resistieran un análisis exhaustivo de los tribunales. De hecho, los informes periódicos del Tribunal de Cuentas sobre los gastos de campaña incluyen una y otra vez llamadas de atención a todas las formaciones, sin excepción.

Para adaptarse a la crisis, y mientras su método para financiarse es investigado por los jueces en Valencia y en Madrid, el PP ha tenido que renegociar los alquileres de sus sedes, bajar el sueldo a su exigua plantilla de empleados y recortar los gastos de campaña y actos públicos, según explican fuentes de la formación. Los populares cuentan con cientos de miles de afiliados, pero las cuotas son casi simbólicas y muchos afiliados ni siquiera la pagan. «Nos dan para los gastos de funcionamiento y poco más», explican. En cambio, los cargos públicos del PP realizan donaciones nominativas –como las que se investiga en Valencia si luego se blanquearon– y voluntarias, que junto a las subvenciones públicas se emplean en costear la logística, los actos de campaña y las actividades organizadas por el partido. Con todo, la última fue la campaña electoral más austera de la historia del PP.

Caída del censo

En el PSOE la crisis y la caída de los ingresos ha golpeado con más dureza si cabe, aunque los socialistas cobran una cuota mucho más alta (90 euros) y obligatoria a sus afiliados. Cierto es que se perdona a los parados y pensionistas, y que además el censo socialista no para de caer desde la etapa de Zapatero. Sus cargos electos y los asesores donan el 10% de su sueldo para el partido (esa donación, como la del PP, se puede desgravar luego en el IRPF), con lo que las aportaciones de sus cuadros suponen el 25% de su financiación, mientras que las donaciones particulares y las ayudas públicas aportan el 75% restante, según fuentes socialistas. El PSOE tuvo que acometer en 2012 un doloroso ERE, y prácticamente le queda un único empleado por sede provincial fuera de Madrid, «para poder mantenerlas abiertas». Además, Jesús Caldera y José Blanco liquidaron todas sus fundaciones y las fundieron en una.

Pero además, las agrupaciones locales del PSOE recurren a una maniobra no prevista en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) para financiar las campañas electorales. Los integrantes de las listas suscriben un crédito mancomunado que luego cancelan con su sueldo de cargos públicos o con las subvenciones electorales. Una práctica que, sin ir más lejos, investiga el Tribunal de Cuentas en el PSOE de Torrevieja. El problema es que, según el artículo 125.1 de la LOREG, «todos los fondos destinados a sufragar los gastos electorales deben ingresarse» en las cuentas del partido «y todos los gastos deben pagarse con cargo a las mismas». Es decir, que los gastos de campaña debe pagarlos el PSOE, y no créditos personales de sus candidatos. Sin olvidar que la práctica de pedir créditos y cancelarlos con aportaciones personales se presta a las mismas sospechas de blanqueo que la aportación de donaciones voluntarias para la campaña.

Los partidos emergentes tampoco son ajenos a maniobras que, cuando menos, están en la frontera del marco legal en el que operan los tradicionales. Podemos, sin ir más lejos, recurre al «crowdfounding» (micromecenazgo) para nutrir sus cuentas antes de las campañas, y luego, supuestamente, devuelve las aportaciones con el dinero de las subvenciones electorales. De nuevo una práctica que el Tribunal de Cuentas admite que «no está expresamente contemplada en la legislación sobre financiación de los partidos políticos«.

Cierre de sedes y despidos

El caso de Ciudadanos es particular, puesto que empezó su expansión nacional en mitad de la crisis. Como destaca el secretario de Organización, Fran Hervías, nunca se han mostrado muy partidarios de abrir grandes sedes aunque, en el caso de los inicios en Barcelona (alrededor de 2009), sí se vieron obligados a cerrar algunas. Actualmente, se están abriendo nuevos locales en todas las comunidades autónomas, pero poco similares a los de partidos como PP o PSOE. La cuota de afiliación se ha mantenido en los 10 euros al mes sin variación y, por estatutos, todos los cargos públicos deben donar el 10 por ciento de su sueldo.

Dejando de lado los partidos con mayor representación parlamentaria se encuentra Izquierda Unida, que arrastra una deuda desde los años 1999-2000 por la campaña de esas elecciones, en las que sufrieron una caída muy acusada en cargos electos. Sus subvenciones se han visto reducidas a lo largo de este tiempo en un 45 por ciento, según la formación. Ahora han puesto en marcha un plan de viabilidad que puede incluir despidos.

La situación de UPyD es especial. Sus problemas económicos son causa sobre todo de los malos resultados electorales. Además, han invertido casi todo su capital en querellas contra la corrupción en los tribunales (consiguieron que se abriera el caso Bankia). El año pasado se procedió al cierre de todas las sedes provinciales y se acaba de cerrar la sede central de la calle Cedaceros para trasladarse a otra más pequeña en la calle Juan Bravo. También se ha procedido a aplicar dos ERE en los que se ha prescindido de la mayor parte de los trabajadores y hoy solo quedan dos empleados.