Caso Acuamed: Desvío de fondos públicos en la desaladora de Torrevieja

«¿Estaba trabajando más para Acciona que para Acuamed? ¿Las empresas le han hecho algún regalo, alguna dádiva, algún presente, algún agasajo?», pregunta el juez Eloy Velasco a Pablo Martín, director de proyectos de Acuamed e investigado en el caso.

«¿Ha conseguido usted alguna contraprestación por favorecer y beneficiar a los intereses de Acciona?», vuelve a insistir Velasco durante el interrogatorio calificándole de «firmón».

«No. Yo no velaba por los intereses de Acciona ni de nadie», responde quién estuvo a cargo del proyecto de la desaladora de Moncofa, evaluada en una auditoría interna del Ministerio de Agricultura encargada al Colegio de Ingenieros de Caminos como una actuación «razonablemente acreditada ante los fondos comunitarios, apreciándose un buen orden y acabado correcto de las obras».

No es el caso de los fondos públicos procedentes de Acuamed que gestionó Acciona para la construcción de la desaladora de Torrevieja, que terminaron en las cuentas bancarias de una sociedad perteneciente al ex subdirector de Tratamientos de Aguas de Acuamed, Fernando Troyano, encargado justamente de seleccionar las adjudicaciones de las desaladoras.

Fue gracias al excesivo celo de un inspector de Hacienda, quién descubrió «los pagos realizados por el grupo Acciona a la sociedad Grupo Inversor G2 por la asistencia técnica prestada en la licitación para la adjudicación del proyecto de construcción de una desaladora en Torrevieja».

La Delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña descubrió los pagos encubiertos realizados desde Grupo Inversor G2 a la sociedad Agua Planificación y Gestión (APG), administrada por Noemí Hernáez, esposa de Fernando Troyano, todos ellos relacionados con el contrato adjudicado por Acuamed en relación a la desaladora más grande de Europa.

Así en el año 2007, Grupo Inversor G2 cobró de Acciona Agua por la asistencia técnica dos cheques bancarios por un total de 1.311.918,83 euros. Y a su vez, creó tres empresas tapaderas, Atabiros, Jescar y Prhido, sin ninguna estructura ni actividad, a las que abonó los servicios prestados. Estas sociedades realizaron cuatro transferencias por un total de 279.120 euros a APG, donde estaba como apoderado Troyano, mano derecha de Adrián Baltanás, director general de Acuamed durante el Ejecutivo de Zapatero.

Aunque el informe de Hacienda fue enviado a la Audiencia Nacional en marzo del año 2016, tanto Fernando Troyano como su mujer no han sido todavía llamados a declarar por el juez Eloy Velasco por estas cantidades desviadas de fondos públicos. A ellos también les tendrá que preguntar sí consiguieron alguna contraprestación por favorecer a Acciona.