Defensores de etarras, nacionalistas y expertos en impedir entregas europeas

ABC

08/04/2018 a las 02:39h.

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Carles Puigdemont y los exconsejeros catalanes huidos en Bélgica, Reino Unido y Suiza han acudido a los servicios de abogados locales con experiencia en casos internacionales y especial pericia para evitar las euroórdenes de entrega. Muchos han defendido a etarras fugados y han representado los intereses de los presos de la banda ante Estrasburgo, así como a radicales de izquierdas. Algunos tienen lazos con el independentismo. El abogado alemán del «expresident», Wolfgang Schomburg, es una veterano juez, con honores internacionales y el favor de toda la sociedad germana. Estos son:

Paul Bekaert es un abogado independentista flamenco , experto en la defensa de causas nacionalistas. Aunque se deja definir como «especialista en derechos humanos» en realidad su fama se la debe a su eficacia en la defensa de miembros de la banda terrorista ETA que se escondían en Bélgica. Nunca se le ha escuchado una palabra de comprensión hacia las víctimas de ETA y sin embargo, se ha esforzado por convencer a los jueces de que la situación de las cárceles españolas «es muy mala», olvidándose de que las prisiones belgas han sido objeto de varias sentencias condenatorias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Bekaert nació hace 68 años en la localidad de Cortrique, en la frontera con Francia, y ejerce como abogado desde 1972. Nunca ha ocultado sus simpatías nacionalistas flamencas ni sus ideas radicales de izquierda. Ha publicado artículos en los que defendía incluso a agentes de la dictadura castrista condenados en Estados Unidos.

La defensa de Carles Puigdemont es probablemente el caso más importante y vistosos de su carrera, puesto que si bien ya había hecho lo mismo con etarras huidos, nunca había gozado de tal proyección mediática como ahora. Y es tal su ascendiente que Puigdemont ha manifestado desde Alemania que si puede regresará a Bélgica, donde puede contar con su protección. De hecho, se le atribuye a él la iniciativa de denunciar el seguimiento del prófugo que los servicios secretos españoles han llevado a cabo en Europa en el juzgado de la localidad de Waterloo.

Por Enrique Serbeto, corresponsal en Bruselas

Sorprendió en los círculos judiciales que Carles Puigdemont confiase en el abogado Jaume Alonso-Cuevillas (Barcelona, 1961) para tratar de resolver sus problemas con la justicia a propósito del proceso secesionista. Este catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona (UB) no ha sido parte de ningún proceso penal de calibre mediático en los últimos años. Jurista y economista -estudios estos últimos completados recientemente-, Cuevillas fue decano del Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) entre 1997 y 2005.

Fue el decano más joven en encabezar la representación de los letrados de demarcación barcelonesa. También presidió el Consejo de la Abogacía Catalana (1999-2000) -que representa a los 14 colegios de abogados de esta comunidad autónoma- y fue vicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española. En aquella lejana etapa se las tuvo que ver con la justicia. Estuvo imputado por un supuesto delito de apropiación indebida tras un pleito con un cliente, aunque finalmente la Audiencia de Barcelona lo absolvió. Eso sí, en la sentencia el tribunal reprochó su conducta que, en todo caso, no vio delictiva.

Ahora, Alonso-Cuevillas ha vuelto a la actualidad de la mano de Puigdemont. Se siente cómodo en primera línea. Atiende a los medios y casi a diario se asoma a las televisiones y radios catalanas. Su cuenta de Twitter se ha convertido en una especie de portavocía oficiosa, no solo del expresidente independentista. Muchos cargos del PDECat delegan en él sus valoraciones jurídicas. Sus comentarios son retuiteados hasta la saciedad por el nutrido sector de internautas independentistas. Cuestionado en algunos ámbitos sobre cómo ha afrontado la defensa de Puigdemont y su huida de la justicia española, parece que, al menos de momento, su táctica, estudiada o improvisada, no le están saliendo mal después de que el miércoles un juez alemán dejase en libertad al expresidente del Gobierno catalán al no apreciar delito de rebelión.

Por Jesús Hierro, desde Barcelona

Joven abogado suizo, conocido por sus intervenciones en litigios donde se cuestionan temas de derechos humanos y condiciones de detención de los presos, Oliver Peter tiene entre sus manos la estrategia de defensa de la exdiputada de la CUP Anna Grabriel frente a las autoridades españolas.

Peter, que se licenció en la Universidad de Ginebra en 2011 y obtuvo su patente para ejercer como abogado en 2014, ha protagonizado otras defensas sonadas frente a las autoridades españolas, ya que, en 2012, defendió a veinte presos de ETA ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

Desde el año pasado tiene su propio bufete en el corazón de Ginebra, Interdroit, fundado junto a su socio Rafaël Roux con la intención de dedicarse principalmente a la defensa de casos de derecho internacional. Ambos abogados son miembros de la Asociación de Juristas Progresistas (AJP).

Conocido por haber logrado que los jueces europeos derogaran la famosa doctrina Parot, por vulneración de las libertades de los presos, en el caso de dos etarras responsables del atentado de la T-4 que provocó dos muertos en 2006. El estado español tuvo que indemnizar a los demandantes, Igor Portu Juanenea y Martín Sarasola Yarzabal, con 30.000 y 20.000 euros respectivamente.

El letrado interviene regularmente en los tribunales suizos y en el TEDH privilegiando la defensa de la parte más débil, ya sea en un litigio o en un caso de detención o de violación de derechos humanos, ante jurisdicciones nacionales e internacionales. Miembro de la orden de abogados de Ginebra, Peter factura cada hora de prestación en unos 500 francos suizos.

Por María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal en Ginebra

Es uno de los mejores abogados defensores de los derechos humanos de todo Reino Unido. De hecho, Aamer Anwar fue elegido el año pasado mejor abogado de toda Escocia. Especializado en todo tipo de casos, entre ellos los de extradición, como se puede leer en la página web de su bufete. donde detalla su conocimiento en el tema y su habilidad para tratar de evitar estas euroórdenes.

El letrado de la exconsejera de la Generalitat Clara Ponsatí tiene su despacho situado en Glasgow, aunque su expansión prevé llegar en breve hasta Londres, Barcelona o Madrid. En Allí reside, donde además es rector de la Universidad de Glasgow , una de las más prestigiosas de todo Reino Unido y en la que también se formó académicamente y se graduó en Derecho.

Firme defensor de la independencia de Escocia, este británico de origen pakistaní de 51 años y aficionado del F.C Barcelona, no será la primera vez que se enfrente a los intereses de la justicia española. Ya en el año 2012 representó al etarra Beñat Atorrasagasti, capturado en Edimburgo en 2012, y para quien logró que no fuera extraditado a España si no a Francia, que también lo pedía, donde fue juzgado, condenado y unos años después puesto en libertad.

Además, en Reino Unido es muy conocido por aceptar casos muy sonados como el de la muerte de Sheku Bayoh, un hombre de 31 años que falleció bajo custodia policial. También por representar a la familia de Aqsa Mahmood, una mujer de Glasgow de 20 años que viajó a Siria para unirse al grupo terrorista Daesh.

Muy conectado con el independentismo catalán, ha estado en varias ocasiones en Barcelona dando charlas a favor de los diferentes partidos políticos que lo apoyan. De hecho, durante los atentados de agosto del año pasado en las Ramblas se encontraba en la ciudad.

Ahora, defenderá a Ponsatí e intentará retrasar su extradición poniendo las mayores trabas posibles agarrándose al pretexto de que «en España no se respetan los derechos humanos». Por sus servicios, la exconsejera pagará en torno a 40.000 libras, unos 46.000 euros, según ella. Los que han sido financiados a través de una campaña de crowfounding impulsada por ella misma y que servirá solo para organizar la defensa preliminar y las audiencias, así como los sustanciales preparativos necesarios para investigar, presentar pruebas en apoyo y citar expertos y testigos.

Por Iván Alonso, corresponsal en Londres

Gonzalo Boye nació en Viña del Mar, Chile, en 1965, pero lleva más de 30 años residiendo en España. Hijo de periodista, el chileno es habitual en programas televisivos de actualidad política en España y colaborador de diarios digitales. También es editor de la revista satírica e irreverente Mongolia. Lleva el periodismo y los medios de comunicación en los genes. En el ámbito de la docencia, es profesor de Derecho procesal-penal en el Centro de Estudios del Colegio de Abogados de Madrid.

Boye fue condenado por colaborar con ETA al secuestrar en 1988 al empresario Emiliano Revilla, siempre estuvo vinculado a la izquierda y, últimamente, especialmente a Podemos. Forma parte del equipo de litigios estratégicos del Observatorio DESC de Barcelona, una plataforma de entidades y personas en defensa de derechos fundamentales, en la que trabaja en equipo con los abogados Isabel Elbal y Jaume Asens, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona.

Como letrado ha sido parte en varios procesos mediáticos. Fue acusación particular en el juicio de los atentados del 11-M, representando a la viuda de una de las víctimas. Ejerció de promotor de la querella que el Observatorio DESC presentó contra el extesorero del Partido Popular Luís Bárcenas y también por la supuesta financiación irregular de la formación que preside Mariano Rajoy. En Cataluña también estuvo bajo los focos cuando se puso la toga en el caso 4F como abogado defensor de Rodrigo Lanza, un joven finalmente condenado por agredir a un agente de la Guardia Urbana de Barcelona que quedó con coma vegetativo. También relacionado con Cataluña, formó parte del equipo que defendió a los encausados por bloquear los accesos al Parlament en aquellas manifestaciones en que el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, tuvo que entrar a la Cámara catalana en helicóptero.

Por Jesús Hierro, desde Barcelona

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