Pedro Antonio Sánchez se mantiene firme y solicita al TSJ de Murcia el archivo del caso Auditorio

Crecen los temores en el PP ante el «riesgo real» de perder el Gobierno de Murcia y por eso en el día de ayer diferentes miembros de la dirección nacional comenzaban a deslizar que para el partido esa era una clara línea roja. Seguirán defendiendo a Pedro Antonio Sánchez en público, pero en ningún caso están dispuestos a perder el Gobierno.

Esa posición choca con la defensa a ultranza que se hace del presidente en el PP murciano. Y el propio presidente no está dispuesto a ceder. Este miércoles, su defensa ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia la solicitud para archivar el caso Auditorio.

El presidente murciano está investigado por cuatro delitos, y Ciudadanos, como socio parlamentario imprescindible para darle mayoría en la asamblea regional solicita su dimisión en virtud del cumplimiento de su acuerdo de investidura.

La portavoz del Gobierno murciano, Noelia Arroyo, ha comunicado en una rueda de prensa que el escrito presentado por la defensa de Pedro Antonio Sánchez consta de 34 páginas estructuradas en 11 puntos. Desde el Gobierno y desde la defensa del presidente se detaca que «ya existe una sentencia de la magistrada del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Murcia que «respalda la legalidad de la adjudicación» en las obras del auditorio.

El escrito de la defensa se refiere a varios autos dictados recientemente como el emitido el pasado 8 de marzo por la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJMU que indica que la doctrina del Tribunal Supremo (TS) señala que el control de la legalidad de los actos administrativos corresponde a la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo. Mientras que a la jurisdicción Penal, por el contrario, «corresponden exclusivamente los actos que constituyan legalidades severas y dolosas que supongan un antecedente y un ataque consciente y grave de los intereses que las normas pretenden proteger», tal y como ha precisado Arroyo.

Por último, el documento refleja que la doctrina del Tribunal Supremo recoge que «no es de recibo una sistemática criminalización de todos los actos de la administración», y que un tribunal Penal «no puede decidir una resolución que integre delito de prevaricación administrativa».

La defensa de Sánchez también llama la atención, por ejemplo, sobre el hecho de que «miembros del PSOE que en su día conocieron perfectamente la existencia de actuaciones administrativas, no recurriesen la adjudicación de la obra y pretendan ahora, en vía penal, unos resultados que ni siquiera intentaron lograr por la vía contencioso-administrativa».