Las declaraciones del 3 por ciento afianzan la investigación

Las declaraciones judiciales de los empresarios detenidos el pasado 2 de febrero en la última de las fases de la investigación del 3 por ciento apuntalaron las tesis de la investigación. En sus comparecencias los implicados fueron interrogados especialmente por el papel que jugaba en las adjudicaciones de obra pública el exconsejero de Justicia de la Generalitat, Germá Gordó. Como ya adelantó ABC en octubre de 2015 hay indicios de que esta persona clave en Convergencia era uno de los que tenían contacto con las sociedades y además mantendría una estrecha relación con el exconsejero de CDC Andreu Viloca, que el miércoles se negó a declarar.

Ayer comparecieron ante el juez los empresarios Sergio Lerma y Josep Manel Bassols, de la empresa Oproler; el exdirector de Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell y los empresarios Félix Pasquina, de la sociedad del mismo nombre, Francesc Xavier Tauler, ex consejero delegado de Copisa, y Juan Luis Romero, de Rogasa.

Solo tres de ellos declararon -así informó el TSJ de Cataluña-, entre ellos este último.

Precisamente esa información del TSJ provocó malestar tanto en el juez de El Vendrell que instruye el caso, Josep Bosch, como en la Fiscalía Anticorrupción. Por acuerdo entre ambos se decidió que los empresarios citados pudieran abandonar el edificio por una salida discreta, entre otras razones para que nadie supiera cuánto tiempo estaba cada uno de los investigados delante del juez y por tanto no se pudiera deducir quén había declarado y quién no lo había hecho. No hay que olvidar que está declarado el secreto de sumario de las actuaciones.

A pesar de ello, la agencia Efe, citando fuentes jurídicas, informó de que dos empresarios negaron haber pagado comisiones a CDC a cambio de la adjudicación de obra pública y alegaron que las donaciones que hicieron a fundaciones del partido eran legales y declaradas. En concreto, según las fuentes, el presidente de Oproler, Sergio Lerma, aseguró ante el juez que los únicos pagos al entorno de CDC los efectuó en 2010, cuando hizo un donativo de 3.500 euros a la fundación Catdem y otro de 13.500 a Fórum Barcelona, si bien alegó que en ambos casos se trataba de aportaciones legales y declaradas.

En la misma línea, según las fuentes jurídicas consultadas, el delegado en Cataluña de la constructora Oproler, Josep Manuel Bassols, negó ante el magistrado haber pagado comisiones a Convergència. El juez todavía tiene que decidir si cita a otros detenidos en la operación del 2 de febrero, entre ellos el ex teniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives (CiU), el responsable de los servicios jurídicos de Convergència, Francesc Sánchez, y el presidente del puerto de Barcelona, Sixte Cambra.