¿Qué debe hacer el Gobierno para frenar a los independentistas? Los columnistas de ABC responden

Los opinadores del diario dan su visión sobre el problema catalán y sobre las posibles soluciones: ¿diálogo? ¿aplicar el 155?

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  1. «La dificultad de llegar tarde», por Luis Ventoso

    Tras décadas de adoctrinamiento nacionalista en las aulas y un inmenso programa de ingeniería social lanzado desde la Generalitat desde hace cinco años (y pagado con los impuestos de todos los españoles), la escalada secesionista ha ido ya muy, muy lejos. El Gobierno nunca debió tolerar las sesiones del 6 y 7 de septiembre en el Parlament, cuando se aprobaron dos leyes sediciosas. Posteriormente, fue un error no utilizar al TC para suspender a los cabecillas del golpe, Junqueras, Puigdemont y Forcadell, pero los remilgos buenistas de magistrados autodefinidos como «progresistas» lo impidió. Así que los dirigentes golpistas continuaron tranquilamente en sus cargos organizando la consulta.

    El pasado domingo llegó el tercer error del Estado. El Gobierno repitió a la sociedad que no habría consulta, porque abortaría previamente su logística. Es cierto que lo que hubo fue la pantomima de un referéndum y que carecía de las más elementales garantías democráticas, pero también es verdad que sí se votó, y en urnas distribuidas por la propia Generalitat y con su logo. Pese a todo lo que garantizaron Rajoy y Santamaría, al final Puigdemont, Junqueras, Mas, Forcadell y hasta el veterano cleptómano Pujol votaron. Cuando se deja crecer el desorden afrontándolo con palabras burocráticas y sin hechos que las acompañen, el desafío simplemente va a más. Todo acabó con el bochornoso acoso a los agentes policiales del Estado, una huelga abusiva en Cataluña y la sensación de que la comunidad se situaba fuera de la legalidad ante el vacío de Estado.

    La crisis se agravó por la deslealtad rampante de Sánchez, que dejó al Gobierno en la estacada. Con Rajoy inhibiéndose -medroso de no tener apoyos suficientes para aprobar el Artículo 155, la herramienta constitucional para frenar un golpe así- y con el PSOE entregado a la felonía; el jefe del Estado se vio forzado a dar un insólito y magnífico paso al frente. Pero el discurso del Rey atiende a una dolorosa realidad: el Monarca se vio forzado a hacer el trabajo que deberían haber desempeñado los dos grandes partidos constitucionalistas, PP y PSOE, que les fallaron a los españoles (sobre todo a los de Cataluña), uno por cauto, el otro por traidor en nombre del sectarismo.

    ¿Dónde estamos ahora? Pues donde siempre: en la hora de atajar de una vez un golpe que arrancó hace ya meses. De hecho anoche no se debió haber dejado hablar a Puigdemont, pues tras el discurso del Rey el corolario lógico es que fuese apartado de su cargo.

    El gran desvelo ahora mismo es cómo aplicar el 155, cómo se interviene la autonomía catalana para apartar a los sediciosos de sus puestos hasta que se convoquen nuevos comicios catalanes. Es de una enorme osadía dar recetas de mero espectador, pero hay algo que sí parece apropiado. Una vez apartados los insurrectos, la convocatoria de elecciones en Cataluña debería celebrarse el mismo día que unas generales. Tal vez sería también adecuado que el Partido Popular concurriese con un nuevo cabeza de cartel, probablemente Feijoo, el único político europeo que ha sumado tres mayorías absolutas consecutivas en la postcrisis. El enorme enojo que existe con el PSOE y Podemos por su felonía ante el ataque a España, probablemente provocaría el desplome de ambos partidos y permitiría formar un Gobierno fuerte de coalición del nuevo PP y Ciudadanos, que deberían iniciar un proyecto de reafirmación de España y sus valores y de recuperación del Estado en regiones donde hoy solo está en las oficinas de Correos y los estancos. ¿Difícil? Mucho. ¿Imposible? Para nada. La causa española es más justa, solidaria y numerosa en apoyos que el disparate xenófobo del separatismo, cimentado en el odio, la envidia y el asco a los socios fraternales de cinco siglos (o más).

    Luis VentosoLuis Ventoso
  2. «Rajoy tiene que mover ficha ya»; por Mayte Alcaraz

    Mariano Rajoy tiene que mover ficha ya. El Rey hizo el martes lo que toca: garantizar a los españoles la estabilidad institucional que temían perdida. Pero el que está sentado ante el tablero es el presidente del Ejecutivo, el que «ejecuta» las políticas ordinarias y las extraordinarias es él, incluso aunque sea en soledad y sin el refrendo de otros grupos. Y estamos ante una circunstancia extraordinaria: el golpe de Estado dado por un puñado de gobernantes sediciosos sin bajarse del coche oficial. El reloj sigue corriendo mientras las terminales independentista continúan marcando su plan, sin valor jurídico pero con un alcance propagandístico inquietante. Por eso Mariano Rajoy tiene que aplicar ya el artículo 155 de manera gradual, como le han aconsejado, para medir las consecuencias. La inconcreción de este precepto constitucional del que nadie había oído hablar y todos creemos ser hoy sus mejores exegetas permite todo y nada. Es decir, Rajoy sentará jurisprudencia sobre este artículo que habilita al Gobierno para restituir la legalidad y atender el interés general en aquella Comunidad donde se vulnera la Constitución. El que no diga cómo se ha de hacer otorga a los servicios jurídicos del Estado la posibilidad de elegir el mejor mecanismo.

    El presidente tiene por delante una baraja de cartas con las que jugar que van desde el naipe que permite retirar el mando a los Mossos hasta el que le mandata a disolver el Parlament o el que le faculta a convocar elecciones anticipadas. Lo más importante es determinar quién sería el encargado por Rajoy de ostentar el Gobierno de la Generalitat temporalmente, mientras Carles Puigdemont y Orio Junqueras sustancian sus causas con la Justicia, que cada vez son más y de mayor castigo penal. Ahí es donde Rajoy se debate pues pretende que esa figura concite el apoyo tanto de Ciudadanos como del PSOE. Pero ni siquiera para seleccionar a ese «hombre bueno» hay mucho tiempo ya.

    Ya ha pasado el momento para el discurso de la «proporcionalidad» de la respuesta. O quizá no, porque una respuesta proporcional al golpe de Estado tiene que ser la aplicación del artículo constitucional que otorga más poderes al Ejecutivo para restituir la legalidad. Quizá lo que toca es eso, precisamente, reponder con proporcinalidad a la afrenta ilegítima de los separatistas. Esperar a que el lunes el Parlament secuestrado por los secesionistas declare la pretendida independencia ahondaría en la frustración de la mayor parte de los ciudadanos que han asistido con preocupación a la política de acción-reacción que no ha resuelto nada. La sociedad catalana y el conjunto de la española se está moviendo como lo demuestra la manifestación convocada para el próximo domingo en Barcelona por Sociedad Civil Catalana. El Gobierno cometería un grave error, que comprometeria de forma grave a su presidente, si fuera el único que no caminara hacia la defensa efectiva del Estado de Derecho y la defensa de sus ciudadanos.

    Mayte AlcarazMayte Alcaraz
  3. «Reinstaurar la legalidad», por Manuel Marín

    ¿Qué tiene que hacer el Gobierno para frenar la espiral independentista? Si no fuera por la extrema gravedad del desafío secesionista y por el riesgo de pérdida absoluta de control sobre los cientos de miles de catalanes que secundan la rebeldía de sus dirigentes, esta pregunta podría ser contestada… con otra pregunta sin respuesta, pero con ribetes de humor resignado: ¿Qué tiene que hacer el Atlético para ganar la Champions? Dar respuestas ofrece una complejidad extraordinaria, y no consta que ni en dos repúblicas, una regencia, dos dictaduras, una guerra civil, una Transición y una democracia el conflicto de Cataluña haya encontrado solución.

    En cualquier caso, en un Estado de Derecho, esa solución nunca puede pasar por la fractura de la ley y por la rebeldía frente a ella. El Gobierno, en cuanto brazo ejecutivo del Estado, tiene la obligación legal de impedir esa fractura, especialmente cuando proviene de un golpe real a la democracia. En su caso sería la soberanía nacional, esto es, todos y cada uno de los españoles con derecho a votos, quienes deben decidir sobre cualquier proceso de separación en su territorio, o subsidiariamente, sobre cualquier reforma constitucional que afecte al modelo de Estado. La vía unilateral que la Generalitat impone como un chantaje para declararse en república independiente, despreciando el parecer, el derecho y la libertad del resto de españoles, no tiene en estos momentos más respuesta que la fuerza de las normas.

    El artículo 155 de la Constitución, que permite al Estado intervenir a una comunidad autónoma y asumir algunas o todas sus competencias, especialmente si está en juego el orden público –como es el caso-, ha sido estigmatizado en los últimos tiempos. Incluso, ha sido criminalizado al punto de asimilarlo más a una dictadura represora que a un Estado de Derecho con legitimidad de defenderse frente a agresiones internas contra la legalidad. Las instituciones de Cataluña están incurriendo en conductas aparentemente sediciosas, y el artículo 155 se presenta como una solución factible, y tan legítima como cualquier otra.

    Es cierto que se trata de la última ratio frente a una embestida irracional contra nuestras normas de convivencia. La Generalitat lo ha disfrazado de merma de libertades para los catalanes, a los que se hurta indignamente su derecho al voto. Verdad y pos-verdad enfrentadas una vez más en una inédita campaña de manipulación social contaminada por el odio a España. Eso no tendrá solución en lustros porque decididamente afecta al núcleo del sistema educativo y formativo en Cataluña. Poner fin a un odio larvado durante décadas es una labor hercúlea para la que hoy no hay mimbre alguno.

    Frente a la ilegalidad, legalidad. Aunque sea aplicando el artículo 155 como modo de recuperar la legalidad en un territorio en el que se ha fulminado. La relevancia de la aplicación del 155 tiene a su vez dos perspectivas. Primero, la toma en sí de la medida, que en ningún caso debería llevarse a cabo sin el consenso moralmente imprescindible del PSOE. Y es posible que llegue tarde porque buena parte del independentismo ha tomado la calle para no abandonarla. Los altercados, las revueltas públicas, e incluso episodios de enfrentamiento civil como los vividos en las últimas horas, van a ser ya inevitables. De aplicarse el artículo 155, España debe prepararse para escenas de violencia que hace apenas una semana eran inimaginables. Conviene abandonar cualquier arranque de ingenuidad, aunque nada va a restar dramatismo a lo que pueda ocurrir.

    Y segundo, tras la toma de la decisión, surge la incógnita del desarrollo de esa decisión. ¿Quién gobernaría provisionalmente en Cataluña? ¿Para adoptar qué y cuáles decisiones? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Y en qué condiciones de violencia callejera e insurrección popular asegurada podrían convocarse nuevas elecciones? En un proceso muy diferente, y para tomar el control del Ulster, el Gobierno de Tony Blair suspendió la autonomía en Irlanda durante cuatro años. La pacificación del Ulster –con muertos en las calles y brutales atentados terroristas- conkllevó tiempo y muchos dramas. Dramas emocionales, ruptura de familias, reconducción de odios enconados y visiones del nacionalismo exacerbado… Fue duro, pero culminó con éxito. Todo es diferente en Cataluña, por supuesto, pero el Estado fue inflexible cuando debió serlo.

    En cualquier caso, cualquier hipotética solución para el conflicto de Cataluña no puede pasar solo por una intervención fáctica de la Generalitat, por la represión de un intento sedicioso de declarar la independencia, o por la actuación penal y administrativa de los Tribunales. Quien haya delinquido, será condenado, sin duda. Incluso, es previsible que haya penas de prisión. Restaurar el orden constitucional es una necesidad imperiosa en Cataluña. Pero no es posible olvidar el factor emocional como coadyuvante del conflicto.

    En Cataluña se han vivido décadas de cultivo de un odio irracional a España entre distintos segmentos de su sociedad. Se configuró un sistema de «normalización lingüística» que se convirtió en un progresivo modo de marginación del castellano en las aulas. Se instauró un sistema de manipulación colectiva a través de un aparato de televisión y radio públicas manejado a su antojo por el nacionalismo. Se ocultó durante años una corrupción a espuertas que afecta a todos los niveles de sus instituciones. Y se ha pervertido la historia hasta convertir al catalán en un mártir de una sociedad española que le roba y le oprime. En esa atmósfera, no es posible crear lazos de convivencia razonable. A su vez, se ha señalado y marginado sin miramientos ni escrúpulos a aquel catalán que discrepaba.

    A su vez, el Estado ha incurrido en décadas de indolencia respecto a Cataluña. La presencia de sus instituciones allí es prácticamente testimonial. La estrategia era pactar la gobernabilidad de España con el nacionalismo catalán a cambio de prebendas y competencias. Pero convenía no ofender demasiado con la bandera española, con la selección de fútbol o con cualquier otro símbolo que pudiese asociarse a patriotismo, a nacionalismo español, o a un sentimiento de orgullo y pertenencia a una única nación. A su vez, ese acomplejamiento acompañado de un sentimiento de culpa por sentirse español en Cataluña llevó a millones de catalanes a asumir resignados la situación. Demasiado silencio durante demasiado tiempo. Ahora, rota la presa, volver a embalsar el agua perdida resulta imposible. Los afectos tardarán en reponerse.

    ¿Diálogo? Siempre y cuando previamente el separatismo deponga su actitud y retorne a la vía de la legalidad. Fuera de ella, no resulta factible dialogar nada. La naturaleza política del conflicto es evidente. Necesita soluciones políticas. Y jurídicas. Y sociales. Y afectivas. Y voluntariosas. Pero desde la premisa de que la legalidad, mientras esté vigente, nunca puede cuestionarse. Regresar a la prehistoria, o los pueblos bárbaros, o a la Edad Media, cuando el odio entre humanos justificaba la amenaza y la agresión como modo de dominio de un territorio por la fuerza, carece de sentido. Tanto, como preguntarse si por fin este año el Atlético ganará la Champions.

    Manuel MarínManuel Marín
  4. «Detenerles»; por Curri Valenzuela

    Lo único que puede hacer a día de hoy el Gobierno para detener la espiral de violencia y atentado contra el orden constitucional es conseguir que los responsables de esas acciones sean detenidos. Cuanto antes. Los abogados del Estado que nos gobiernan seguro que encuentran la fórmula adecuada a derecho para conseguirlo. Si algo han hecho bien en las últimas semanas, quizás lo único que han hecho bien, ha sido buscar vericuetos entre jueces y fiscales para que la mayor parte de ellos sean acusados ante algún Tribunal por delitos que sin duda les llevarán a ser juzgados dentro de meses o quizás años.

    Pero los tiempos de la Justicia son mucho más lentos que los políticos y la mayoría de los españoles están esperando a que el Gobierno tome el toro por los cuernos y se anime a aceptar el envite de actuar contra «quienes vulneran sistemáticamente las leyes» (sic) que le ha enviado el Rey. Si el Fiscal está convencido de que el mayor Trapero ha cometido delito de sedición debe pedir que sea detenido. Y si Rajoy opina, como hizo ayer, que Puigdemont está chantajeando al Estado no puede irse a dormir una noche más sin que el presidente catalán entre en prision. Por mucho menos hay miles y miles de delincuentes en la cárcel.

    Curri ValenzuelaCurri Valenzuela
  5. «El inevitable 155», por Edurne Uriarte

    A no ser que se produzca un cambio significativo en la posición de Puigdemont, y no podemos descartar nada, dada la sucesión de acontecimientos, el Gobierno no tendrá más camino que la aplicación del 155.

    Y lo califico de «inevitable» porque al Gobierno le gustaría que hubiera otra posible respuesta. Sabe que la aplicación del 155 tendrá enormes complicaciones, comenzando por la movilización extremista en las calles y en las propias instituciones. Además de los débiles y dudosos apoyos políticos, únicamente el de Ciudadanos en estos momentos, y el apoyo del Rey desde ayer por la noche.

    De ahí la prudencia del Gobierno en la respuesta a la golpe separatista. No olvidemos que hasta este lunes el Gobierno estaba completamente solo en la opción del 155 y que sólo desde esta semana tiene el apoyo de Ciudadanos. O no olvidemos tampoco que el principal partido de la oposición se ha opuesto a las actuaciones policiales para garantizar el cumplimiento de la ley y que debemos preguntarnos si apoyará a los cuerpos policiales cuando hayan de garantizar la aplicación del 155.

    Edurne UriarteEdurne Uriarte
  6. «Rajoy debe activar el 155 hoy mismo»; por Isabel San Sebastián

    El Rey abrió el martes el camino a una decisión desagradable, polémica, difícil de tomar y más aún de aplicar, aunque indispensable para salvaguardar la unidad de España y la Constitución bajo cuyo paraguas legal vivimos. Me refiero, por supuesto, a la activación inmediata del artículo 155 de nuestra Carta Magna. Don Felipe, alarmado ante la gravedad de la situación prerrevolucionaria provocada en Cataluña por las máximas autoridades autonómicas, cumplió su papel institucional con un discurso impecable en el que impelía a las distintas instancias del Estado a garantizar el imperio de la ley. Tan atinado y valeroso estuvo, que ha sido duramente criticado por el jefe de los golpistas y sus cómplices del PNV y Podemos, escocidos en lo más hondo. Él ha cumplido. Ahora es el Gobierno el que debe actuar sin dilación, empleando todos los instrumentos democráticos a su disposición a fin de parar el golpe antes de que se enquiste. El PP, apoyado en su mayoría absoluta en el Senado y en la petición que ha hecho formalmente Ciudadanos, con o sin el respaldo de otras fuerzas políticas. El presidente Mariano Rajoy, obligado a honrar el juramento que formuló al tomar posesión de su cargo.

    El Rey abrió valientemente la puerta a actuar como impone nuestro ordenamiento jurídico. Llevar esa recomendación a la práctica no es competencia suya, sino del poder Ejecutivo, en colaboración con el Legislativo y el Judicial. Lo peor que podría suceder ahora es que los responsables de restablecer el orden conculcado se escudaran en sus palabras para seguir cruzados de brazos, esperando cobardemente acontecimientos, en la confianza de que Su Majestad haya tranquilizado los ánimos de una sociedad harta de humillaciones impunes. El discurso del Rey nos devolvió la esperanza y rescató en seis minutos nuestra dignidad escarnecida. A partir de hoy son Rajoy y los jueces los que han de recuperar todo el espacio perdido en estos años de avance independentista, detener a los golpistas y poner a Cataluña en manos de gobernantes demócratas, cumplidores de la ley. Tienen todas las herramientas legales y policiales que precisan. Únicamente les faltan determinación y coraje. No será rápido, no estará exento de riesgos, pero resulta inevitable. La única alternativa es la ruptura de España, ya sea de forma inmediata, ya después de «ganar» un tiempo que únicamente beneficiaría a quienes han usado y abusado del diálogo para ganar posiciones sin cejar en la exigencia y el victimismo. A quienes como Puigdemont o Iglesias hablan de «mediación internacional en el conflicto», a semejanza de ETA hace años, tratando de situar en un plano de igualdad la parte sediciosa y el todo desafiado.

    Hasta la fecha, la política de Moncloa ha consistido en reaccionar a los movimientos separatistas sin adelantarse jamás a ellos. «Acción, reacción», ante el temor de perder el apoyo del PSOE. Lo cual ha dejado siempre la iniciativa a los traidores a la Constitución de la que emana su poder, quienes controlan en este momento las instituciones, la policía y los medios de comunicación autonómicos, además de la agitación callejera. Si no se actúa de inmediato y se permite que vuelvan a adelantarse en la proclamación de la «república independiente», como han advertido que harán el lunes, se les habrá concedido una ventaja estratégica de primer orden que no hará sino dificultar al Estado cumplir el mandato real y restablecer cuanto antes la ley y las libertades. Tiempo habrá después para pedir responsabilidades por los errores de bulto cometidos en la gestión de esta crisis. Lo más urgente ahora es parar el golpe.

    Isabel San SebastiánIsabel San Sebastián
  7. «Una furgoneta sin frenos»; por Marisa Gallero

    Cataluña es una furgoneta conducida sin frenos por la CUP llevando a España directamente al precipicio mientras los ciudadanos contemplamos perplejos y angustiados el viaje a ninguna parte.

    La última oferta de Carles Puigdemont en plan canto de sirena es «abrir un proceso de mediación», cuando su hoja de ruta es declarar la independencia unilateral este lunes en el Parlament. Lo anunció el 1-O y en una entrevista a la BBC reconociendo que «desde el domingo somos dos países». Así deja la cerrazón a Mariano Rajoy. Ni diálogo ni nada. De nuevo un presidente instalado en el «preferiría no hacerlo» ante el chantaje al Estado de la Generalitat.

    ¿No tenía nada que decir Mariano Rajoy al contundente mensaje de Felipe VI de «asegurar el orden constitucional»? ¿Sólo responder por teléfono a Pablo Iglesias? ¿Y el supuesto líder de la oposición? Pedro Sánchez incluso ha cancelado un acto que tenía la tarde del miércoles no vaya a ser que le pregunten. ¿Para qué sirve el Congreso cuando tenemos la mayor crisis institucional de nuestra democracia? ¿No se debería haber debatido qué hacer ante el desafío independentista? ¿Si habría que aplicar el artículo 155 de la Constitución antes o después de que se declare la República catalana? Cuando preguntas a tu alrededor nadie sabe si sería un inmenso error o una decisión acertada. Tendría que ser el Congreso quién nos diera la respuesta.

    El relato y la acción están en manos de la Generalitat. El Gobierno va un paso atrás sin estrategia ni respuestas acompañado de unos partidos políticos que tampoco están a la altura. Hay que dialogar. Buscar soluciones. Cada día que pasa es más tarde.

    Marisa GalleroMarisa Gallero
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  8. «A los forajidos: ley y orden»; por Juan Fernández-Miranda

    La prudencia es virtud democrática, y de eso quien más sabe es probablemente Mariano Rajoy (al que le gusta decir a los suyos que la ansiedad es mala consejera). Si en algo es único el presidente del Gobierno es en el manejo de los tiempos. Cuando todos le pedían el rescate, aguantó... y tuvo razón: no hubo rescate; cuando todo el mundo le pedía que diera un paso atrás ante el bloqueo electoral, aguantó... y tuvo razón: acabó de nuevo investido presidente del Gobierno. Quienes en su entorno confían en él piden hoy un voto de confianza.

    Sin embargo, en este momento se hace difícil compartir esa tranquilidad, ese mirar para otro lado, ese dejar hacer. Sobre todo cuando el independentismo ha llegado tan lejos: están fuera de la ley, insultan al Rey y desprecian a los españoles; y mienten. Actúan como auténticos forajidos. ¿Qué hacer?

    En los últimos cinco años muchas voces han pedido acción a Rajoy. Sin embargo, el presidente del Gobierno ha apostado por dejar hacer y recurrir a los tribunales. La estrategia era clara: no entrar al trapo, que fueran los independentistas quienes fuesen poco a poco deslegitimándose. Era el turno de jueces y fiscales. Toda ese plan tiene dos caras: el éxito de ver a los independentistas quitarse la careta, y el fracaso de renunciar a un liderazgo político.

    La parálisis del Gobierno tras el 1-O obligó al Rey a asumir el protagonismo dirigiéndose a los españoles a través de la televisión. Su discurso, tan excelente como inesperado, acarrea sin embargo un riesgo mayúsculo: es Rajoy quien debe ejecutar la advertencia de Don Felipe y defender el orden constitucional. Si no lo hace pronto el desgaste ya no solo afectará al Gobierno, también al Rey. Y eso son palabras mayores. La prueba es que Carles Puigdemont arremetió ayer contra el Monarca como nunca antes.

    En su discurso en televisión el presidente catalán mintió en numerosas ocasiones, retorció la realidad a su conveniencia, y se apropió de Cataluña expulsando a quienes no piensan como él. Obvió las actitudes prefascistas (Alfonso Guerra dixit) que se están viviendo en Cataluña y dibujó un panorama irreal que niega el miedo inoculado al discrepante. Prefascismo.

    ¿Qué debe, por tanto, hacer el Gobierno? ¿Dialogar con sediciosos? Jamás. ¿Aceptar mediadores? Nunca. ¿Defender la legalidad? Sí ¿Proteger a los desamparados? Por supuesto. ¿Y eso cómo se consigue? Artículo 155.

    La pregunta del millón es cuál es el momento adecuado: sin duda, sería el minuto siguiente a que el secretario general del PSOE preste su apoyo incondicional al Gobierno. ¿Y eso cuando se producirá? A tenor de los acontecimientos, nunca, a pesar de que el Rey envió un mensaje muy claro a Pedro Sánchez. Lo cual nos devuelve al punto de partida: ¿cuándo? ¿Antes o después de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)?

    Es verdad que Mariano Rajoy no está todo lo acompañado que debería -ese es el drama- pero tampoco está solo: tiene al lado a Ciudadanos y cuenta con el respaldo expreso del Rey y de la Unión Europea, y con el entusiasmo mayoritario de la sociedad española.

    Declarar la independencia de una parte de España constituye un delito de rebelión penado con entre 15 y 25 años de cárcel, motivo suficiente para dar marcha atrás. El día señalado en el Parlament es el lunes. Para entonces, el presidente del Gobierno ya debe haber puesto en marcha el proceso para que el Senado autorice la aplicación del 155, proceso que tarda en tramitarse un mínimo de tres días. De esta forma el Pleno del Parlament se desarrollará con la advertencia encima de la mesa. Último aviso. O reculan y convocan elecciones autonómicas o asumen las consecuencias penales y políticas. Llegado este caso -Dios no lo quiera- aflorará el talante violento de los independentistas. Debemos estar preparados.

    Juan Fernández-MirandaJuan Fernández-Miranda
  9. «Sin pulso»; por Ignacio Ruiz Quintano

    –¡Qué lástima! Tan joven, y ya catalana...

    Eso dijo su madre al pintor mexicano Juan Soriano (Premio Velázquez) cuando de mozo le presentaba a una amiga (“se llama Paloma y es catalana”), hija de exiliados.

    En Cataluña, al hilo de la corrupción moral y económica de una sociedad española que ha hecho de la traición una virtud mundana, hay desencadenado un proceso (¡el “prusés”!) revolucionario que nadie sabe a dónde lleva: la Historia nos enseña que los hombres que las ponen en marcha se limitan a tomar el poder de un régimen en plena desintegración.

    Las revoluciones, según la observación de Hannah Arendt, son las consecuencias, no las causas, de la ruina de la autoridad política.

    Exiliado en Buenos Aires, un Cambó ya exhausto mostró a Pemán la foto de un Tiziano de su colección barcelonesa destrozado por “los rojos”, una diosa desnuda con el pecho bestialmente rajado.

    –Para mí la Revolución es esto, y esto me basta.

    Es el Cambó que decía que Rusia no había perdido una guerra desde Iván el Terrible gracias a su estrategia del colchón: el puño se hunde en el colchón todo lo que se quiera, pero el colchón, por su reacción elástica, vuelve a expulsar el puño y a recobrar su línea normal. Y a este plan parece querer agarrarse el Gobierno de Rajoy, paralizado para la acción (él sabrá por qué, aunque nos temamos lo peor) al frente de un Estado exangüe por los tetones de diecisiete autonomías.

    ¡Mariano el Terrible!

    Como español, mi fe ya sólo está puesta en la Constitución material de España, que volverá a salvarnos, aunque todo el mundo se encomiende a la Constitución escrita (“que tanto trabajo nos costó darnos”, reza la muletilla propagandística) por un director teatral y un ingeniero agrónomo con la ayuda de leguleyos separatistas, que hicieron la broma jurídica de convertir la sedición en un delito… contra la Constitución.

    Pasó la hora del 115, pero la única demanda anunciada del fiscal Torres Dulce fue contra un tuitero que le usurpaba la personalidad. Es la hora del 116, pero la única demanda anunciada por la ministra con despacho en Barcelona es contra un ex futbolista búlgaro que la llamó “franquista”.

    Es la España sin pulso de Silvela:

    –Todos esperaban o temían algún estremecimiento de la conciencia popular; sólo se advierte una nube general de silenciosa tristeza que presta como un fondo gris al cuadro, pero sin alterar vida, ni costumbres, ni diversiones, ni sumisión al que, sin saber por qué ni para qué, le toque ocupar el Gobierno.

    Ignacio Ruiz QuintanoIgnacio Ruiz Quintano
  10. «Dejación de funciones»; por Hughes

    La Generalitat está ejecutando un intento de golpe de estado que pondrá en peligro la estabilidad y bienestar de todos los catalanes y españoles. Es un proyecto con ademanes totalitarios animado por aprendices de brujo, pirómanos y muecines que llaman al conflicto con la ligereza que les da poder irse después al extranjero.

    Cataluña es España y está tan íntimamente unida a ella, de un modo tan profundo y estrecho que esa unión sobrevivirá a este periodo de locura colectiva al que estamos asistiendo. Los ignorantes y fanáticos que han promovido este disparate ni saben nada ni entienden nada ni imaginan las consecuencias de sus actos. Son corruptos, fanáticos, y revolucionarios absurdos que han contagiado el espíritu de la gente de bien. Es gente que se ha salido de sus zapatos. A los protagonistas e impulsores de este enloquecido golpe se les debería aplicar el Código Penal hasta sus últimas consecuencias. Esto es un deber del Estado español y todo lo que no sea hacerlo sumirá al resto del país en un estado de humillación y desmoralización que socavará aún más la mermada autoridad del gobierno y el resto de poderes (que el propio gobierno controla en mayor o menor medida).

    El Gobierno de España está incurriendo en dejación de funciones desde el principio del "proceso". Este gobierno y los anteriores, pero especialmente el de Rajoy, que debería asumir su responsabilidad y hacer lo que debe o marcharse inmediatamente. ¿Y qué debe hacer? No soy yo quién para decirlo, yo soy un simple plumilla. El 155 se invoca como el número mágico del orden territorial, pero es un procedimiento que no se conoce, que nunca se ha ejecutado y que según los que saben no permitirá un control inmediato por parte del Gobierno. La única salida más allá del 155 parece el artículo 116, cuya ley de desarrollo (año 81) contempla en su artículo 32 el supuesto de la insurrección. Hay que garantizar las instituciones, el orden público y la seguridad de los catalanes. De todos.

    Obviamente, me doy cuenta de que esto, en la España actual, parece completamente inaplicable y menos por un gobernante como Rajoy. Solamente sugerir la existencia de este precepto legal puede sumir a quien lo haga en el más hondo ostracismo y exclusión social. Es más, yo mismo, por haberlo escrito, perderé la estima de alguna persona a la que aprecio. Pero es lo que el ordenamiento recoge. Una cosa dijo el Rey, y fue lo mejor del discurso: esto es inadmisible.

    España no es decidible. El derecho a decidir es un neologismo inventado en el País Vasco y Cataluña para no decir autodeterminación. La izquierda nacional ha comprado el término y ya lo utiliza hasta la derecha (probablemente, la derecha más tonta de Occidente). Ni la autodeterminación es posible para Cataluña, que no es colonia, ni el derecho a decidir está recogido en ninguna parte. Somos pioneros de la autodestrucción.

    La nación no se decide, la nación se nos da y preexiste. La nación es algo que está por encima de nosotros y que no podemos votar. Si todos nos fuéramos mañana, la nación seguiría en los caminos, en los libros, en los edificios, en el paisaje tras siglos de relaciones de amor, vecindad, y continuidad.

    El nacionalismo es un problema político, pero antes que eso es un problema cultural.

    Eso es lo que creo que debe hacerse, sobre todo y en primer lugar por los propios ciudadanos catalanes. Son ellos los que importan.

    Por distintos motivos creo que debería ser antes de la DUI. Pero esto es una intuición de tan poco valor como todo lo anterior.

    HughesHughes
  11. «España, en movimiento»; por Hermann Tertsch

    El anuncio de la “operación salida” de Cataluña de diversas empresas y los planes anunciados por los dos grandes bancos, LaCaixa y Sabadell, son la confirmación de que la muy previsible realidad de que el separatismo genera miseria. Pero también la constatación palmaria por parte del mundo empresarial, económico y financiero de que asume ya como muy cercana la posibilidad de que el golpe de Estado separatista triunfe. De que el gobierno español fracase en sus medidas reactivas y posibles planes de restauración de la legalidad. De que ese gobierno bajo Rajoy sea la definitivamente incapaz de recuperar el pleno del control sobre el territorio español que claramente ha perdido. Dicho de otro modo, los poderes más realistas, los económicos, no confían en que el gobierno logre sus propósitos y sí temen que los golpistas alcancen los suyos. Es decir, creen posible a corto plazo que la cuarta potencia económica de la Unión Europea, estalle en pedazos. Eso es así, les guste o no a Rajoy y Sáenz de Santamaría que pierden credibilidad a chorros día a día.

    El discurso del Rey Felipe VI expresó convicciones y anhelos de millones de españoles que s sienten humillados y maltratados. Por los separatistas, por la opinión exterior y por sus gobernantes. Hace ya muchos años que en España la inmensa mayoría respetuosa con las leyes constata que quienes delinquen, violan y abusan de las leyes gozan de sistemática impunidad y consiguen imponer sus discursos con prepotencia. En Cataluña especialmente ha quedado claro que los enemigos de la Constitución han gozado de infinitas ventajas y los leales a la misma y a España han sido víctimas sistemáticas de represalias. Ante la pasividad absoluta de los gobernantes de Madrid. El agravio ha crecido a lo largo de los lustros. Hoy se hace dramáticamente insoportable.

    Ahora España es un clamor que exige se restablezca la ley y la justicia que han sido minadas durante décadas. Y desmanteladas finalmente con desvergüenza y desprecio a España en los últimos años. Especialmente durante los abiertos preparativos del golpe de Estado que se prolongan ya más de tres. A plena luz del día. Con los gastos pagados por el erario español. Nunca un Estado como el español ha tenido tanta generosidad con sus enemigos hasta para cooperar en las intrigas y financiar la conspiración para destruirlo. Algún día se sabrá algo más de todos esos misterios que rodean a siniestros personajes en el eje entre los poderes de Madrid y Barcelona, agazapados en grandes grupos de comunicación, hiperactivos en el movimiento sedicioso mientras gozan de protección especial del Gobierno de la Nación y de otros poderes que tanto han hecho por destruir las defensas culturales, identitarias e históricas de España.

    Nadie sabe lo que va a pasar en los próximos días, semanas y meses. La situación es prerrevolucionaria en Cataluña. Todo, incluido lo peor , es posible. En Cataluña hasta ahora el protagonismo ha sido todo de las masas separatistas organizadas durante años por la Generalidad con cuadros de mando y estructuras generados con dinero público. Pero ahora se ven claros indicios ya de que tanto dentro como fuera de aquella región se ha puesto en marcha España, tanto tiempo desaparecida y por muchos declarada difunta. Ya es muy evidente que el inmenso hartazgo y la rabia que se desbordan han transformado la percepción del conflicto. La agresión brutal, el desprecio general de la dirección separatistas, la humillación ante el maltrato a las fuerzas del orden españolas y la pasividad del gobierno, han generado en toda España, más allá de una reacción patriótica emocional, la convicción de que se impone un cambio.Y que para que se imponga el cambio debe antes que nada imponerse la ley y hacerse justicia en Cataluña. Con el fin del golpe y la detención de sus cabecillas. Se extiende ella convicción de que sin esta solución justa toda España está en peligro de hundirse en el caos y la violencia. Lejos de lo que proponen los partidos izquierdistas de buscar el diálogo y las concesiones hacia los responsables del crimen político que llevaría al reconocimiento de independencias diversas, se exige el cumplimiento de la ley. A pesar del terrible desarme moral y del relativismo propagado e impuesto por el mensaje cultural hegemónico en estas décadas, la reacción, que es transversal, entra en unos cauces de reactivación de la defensa de la unidad de la Nación. Esto alarma ya a los centros de poder del sistema. Las manifestaciones en defensa de la unidad de España celebrados en toda su geografía no han tenido, salvo la del lunes próximo en Barcelona, el apoyo de ninguno de los partidos. No obstante y pese a la incansable propaganda por secesionista y pro golpista en todas las televisiones privadas y publicas España se ha puesto en movimiento. Puede así que la conspiración para vender a la Nación e imponerle desde Barcelona como desde Madrid, nuevas estructuras que supondrían su desaparición de hecho, haya desencadenado otra vez la única reacción capaz de salvarla.

    Hermann TertschHermann Tertsch