Cristóbal Montoro
Cristóbal Montoro - Ángel de Antonio

Cristóbal Montoro, el rostro de Hacienda en el siglo XXI

Ha estado como ministro de Hacienda en nueve de los dieciséis años que llevamos de milenio, a lo que se suma sus cuatro años anteriores, en la primera legislatura de Aznar, como secretario de Estado de Economía

MADRID Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

A Cristóbal Montoro (Cambil, Jaén, 1950) le gusta definirse como un simple catedrático de Hacienda. Pero es más que eso: conoce el Gobierno a la perfección. Ha estado como ministro de Hacienda en nueve de los dieciséis años que llevamos de milenio, a lo que se suman sus cuatro años anteriores, en la primera legislatura de Aznar, como secretario de Estado de Economía, con Rodrigo Rato como ministro. De ahí que se considere «un servidor público» ante todo. Ahora lo será como ministro de Hacienda y Función Pública en el nuevo Ejecutivo de Rajoy, que ha premiado su fidelidad y su legado: acumula dos reformas fiscales y una de financiación autonómica a sus espaldas.

Sus orígenes fueron humildes.

Sus padres emigraron de Jaén a Madrid con sus dos hijos, Cristóbal y Ricardo. Incluso sufrieron el embargo de su vivienda en el madrileño Paseo de Extremadura, como señaló en una entrevista a «Las Provincias». La trayectoria de Montoro no se torció pese a estos acontecimientos. Tras estos duros inicios, sería profesor de Economía en la Universidad Autónoma de Madrid desde 1974 a 1988, de donde se forja su vena académica. Desde 1988 sería catedrático de Hacienda por la Universidad de Cantabria, antesala de su entrada en política. A partir de 1993 sería diputado del PP en el Congreso de los Diputados y ya no abandonaría nunca su vocación. Secretario de Estado, ministro, europarlamentario y de nuevo diputado antes de volver al Ministerio de Hacienda. Esta trayectoria tiene un pequeño hiato en 2006, cuando también fundaría el despacho de asesores, «Montoro y asociados» que después se convertiría en «Equipo Económico».

En sus últimos cinco años de ministro, gran parte del mandato económico del Gobierno Rajoy ha estado determinado por la elección de dividir las carteras de Economía y Hacienda para nombrar a su cargo a Luis de Guindos y a Montoro respectivamente. De Guindos ha sido la imagen en Europa y ha negociado el rescate bancario, prórrogas del objetivo de déficit y suavizar los ajustes. A Montoro le ha correspondido la parte aciaga de cuadrar las cuentas de la Administración. Un capítulo que comenzaría exactamente un mes y diez días después de empezar el Gobierno de Rajoy, en el Consejo de Ministros del 30 de diciembre de 2011, cuando el Ejecutivo subió el IRPF y el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) por la «herencia recibida» en forma de un déficit apalabrado en el 6% del PIB con Bruselas pero que acabó en el 9% en 2011.

Estas alzas fiscales solo serían el principio. Entonces Montoro logró que el Gobierno no aprobase la subida del IVA, contra el criterio de De Guindos, pero finalmente esta llegaría en julio de 2012. Con la subida del IVA, Montoro además se ganaría la oposición del mundo del cine.

Tras esta andanada de subidas de impuestos (en 2013 también elevaría los Especiales), la etapa última de Montoro ha sido de bajadas. El ministro trató de revertir parcialmente las alzas de impuestos de la primera parte de la legislatura en la reforma fiscal de 2015 y 2016 que bajó el IRPF por debajo del nivel recogido antes del alza de 2011 y también redujo el impuesto de Sociedades. Otras reformas quedaron en barbecho. «Por falta de recursos» en palabras de Rajoy, Hacienda aplazó en 2014 la espinosa reforma de la financiación, un melón que deberá abrir ahora.

Su trato con las regiones ha sido peliagudo. Para asegurar la reducción del déficit, Montoro también tenía la difícil tarea de embridar las cuentas de las comunidades autónomas. Para ello aprobó la Ley de Estabilidad, que aumentó las competencias de Hacienda sobre las administraciones territoriales, vigilando su déficit, deuda y gasto. Paralelamente, junto al palo del control llegaría la zanahoria de la financiación a bajo coste para las autonomías, que entonces tenían los mercados cerrados: desde 2012 el Estado ha desplegado 157.990 millones en liquidez a bajo precio para las comunidades, convirtiéndose en el primer acreedor de las regiones

Pese a todo, desde 2012 se han sucedido los rifirrafes entre los barones y Montoro a cuenta del ajuste fiscal y los objetivos de déficit. En la relación con Cataluña, Montoro ha mantenido buena sintonía personal con los consejeros de Economía de la Generalitat Andreu Mas-Colell primero y Oriol Junqueras en segundo lugar.

La asistencia a las administraciones territoriales ha tenido otra vertiente en una de las medidas que más importancia ha tenido estos años y de la que más saca pecho Montoro: el plan de pago a proveedores que permitió saldar 41.800 millones en facturas pendientes de autonomías y ayuntamientos, una cascada de recursos que benefició a 190.800 empresas. El Gobierno de Mario Monti copiaría este plan en 2013 para implantarlo en Italia.

Todo este cóctel de decisiones ha redundado en una reducción del déficit desde el 9% del PIB en el que estaba a finales de 2011 hasta el 5% en el que cerró el año pasado, es decir, 40.000 millones de ajuste. Una reducción insuficiente a ojos de Bruselas, que aún debe decidir si impone multa de 5.500 millones de euros a España por incumplir el objetivo el año pasado. Así, Montoro ha recibido críticas por recortar y subir los impuestos, pero también por reducir demasiado poco el déficit: doble cruz.

Siempre se escuda y presume de hacer política con datos, que resume en rueda de prensa con sus famosos power-point. Como fuere, el mandato de Montoro arroja luces y sombras al analizar la lucha contra el fraude. Por un lado, la aprobación de la amnistía fiscal de 2012, en uno de los peores años de la crisis, marcaría un antes y un después en la imagen del Ministerio de Hacienda de la presente legislatura. Una medida que, en principio, tenía fines recaudatorios (2.500 millones de objetivo por un tipo del 10% de lo declarado) pero que solo ingresó 1.200 millones al excluir los bienes prescritos (el tipo efectivo final rondó el 3%).

Desde entonces, Hacienda trató de compensar este perdón fiscal con el endurecimiento de la Ley Antifraude, cuya medida estrella fue la declaración de bienes en el exterior, que cuenta con un duro régimen sancionador hasta el punto de que no prescriben los bienes de los que pide información. El Fisco ha recibido un torrente de información fruto de esta medida. También ha sido iniciativa suya la publicación de las famosas «listas de morosos», con los nombres de los que deben más de un millón de euros al Fisco. En estos años, la Agencia Tributaria ha multiplicado las inspecciones y la recaudación por lucha contra el fraude a niveles récord, 15.600 millones el año pasado.

Junto a las críticas de oposición, del propio partido, de investigados por el Fisco y de barones díscolos, Montoro también ha tenido encontronazos con varios miembros del Ejecutivo. En la etapa crepuscular de su mandato le quedaban pocos amigos en el Gobierno. Los choques entre Economía y Hacienda han sido constantes estos años. En este intercambio de golpes, el Atlético de Madrid ha sido una de las pocas pasiones compartidas por Montoro y De Guindos.

Además de las diferencias con Economía, Montoro también tuvo choques con el exministro de Industria y Energía José Manuel Soria, primero a cuenta de la reforma energética y después al conocerse que tenía una sociedad en el paraíso fiscal de Jersey («nadie que haya operado en paraísos fiscales puede estar en el Gobierno» despachó Montoro la dimisión de Soria en Consejo de Ministros hace unos meses). Con García-Margallo también ha tenido declaraciones cruzadas. Pero esta relación difícil con otros ministros se reinicia ahora. Mientras otros dejan el poder, él mantiene la cartera. Tras trece años en distintos gobiernos del PP, un nuevo Ejecutivo le espera ahora.

Ver los comentarios