El Congreso tendrá más control sobre el Gobierno en funciones
El Pleno dará luz verde a tramitar una reforma para que el Ejecutivo rinda cuentas por «todos los actos y omisiones»
Los grupos de la oposición están decididos a que la guerra que se desató entre el poder legislativo y el poder ejecutivo durante el último periodo de gobierno en funciones no vuelva a repetirse. Un enfrentamiento que se saldó con plantones constantes del segundo a las citaciones del primero, un fuerte perjuicio para la imagen de ambos, y un recurso ante el Tribunal Constitucional por conflicto de atribuciones entre ambos poderes –el primero de la democracia- que está aún pendiente de resolución. Mientras ese pronunciamiento se produce, y a la vista de que puede tardar años, el Pleno del Congreso dará luz verde esta tarde a la toma en consideración de una proposición de ley del PNV que propone establecer que «todos los actos y omisiones del Gobierno, incluso del que esté en funciones, están sometidos al control político de las Cortes Generales».
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El texto de Grupo Vasco recibirá el apoyo del PSOE, Podemos y los demás grupos nacionalistas y aboga por que los altos cargos queden sometidos también a ese mismo control y se tipifique como infracción muy grave su incumplimiento , Este tipo de infracciones prevén sanciones como la destitución en el cargo público, la pérdida del derecho a percibir compensación tras el cese o no poder ser nombrado para ocupar un alto cargo durante un periodo de entre 5 y 10 años. La vía para llevarlo a cabo es la reforma de dos leyes, la de Gobierno y reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General.
Contrario a la Constitución
El PNV señala en la proposición que, al revés de lo que sostiene el Ejecutivo popular, «no puede sostenerse que mientras no se produzca la investidura el Gobierno funciones, la Administración por él dirigida y todo el Sector Público estarán excluidos de control parlamentario». Considera que esta circunstancia vulneraría abiertamente la Constitución porque «supondría una limitación de la potestad de control y del derecho a la iniciativa (preguntas, solicitudes de comparecencia y proposiciones no de ley) incompatible con los artículos 66 y 23» de la Carta Magna. Remacha defendiendo la necesidad de reflejar »nítida y expresamente« esta posición en la actual Ley de Gobierno para »expresar claramente el rechazo de las Cortes a la interpretación del Gobierno cesante actual, inaceptable tanto jurídica como democráticamente« y poner fin a la interpretación que hace el Ejecutivo.
Y es que Moncloa, por el contrario, insiste en la tesis de que durante el periodo en funciones «no se puede someter al Gobierno en funciones a iniciativas de control en la medida en que no existe relación de confianza entre un Gobierno en funciones y el Congreso de los Diputados». Cree el Ejecutivo que «todas las formas de control implican una exigencia de responsabilidad» y ésta sólo se manifiesta a través de la investidura.
