El Comité de Derechos Humanos de la ONU admite a trámite la demanda de Puigdemont
El expresidente de la Generalitat presentó una demanda por la supuesta vulneración» de sus derechos políticos en España
El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha admitido a trámite la demanda del expresidente Carles Puigdemont contra la «vulneración» de sus derechos políticos en España.
Según un escrito del comité de la ONU recogido por Europa Press, el comité de las Naciones Unidas aceptó a trámite la demanda el lunes, mientras Puigdemont comparecía ante las autoridades alemanas tras ser detenido el domingo.
La decisión de la ONU se suma al dictamen de la semana pasada sobre el excandidato a la investidura Jordi Sànchez , si bien entonces, además de admitir a trámite la demanda, dictaminó unas medidas cautelares y advirtió a España de que debía garantizar los derechos políticos del también expresidente de la ANC.
El escrito de la ONU indica que la demanda se ha tramitado y enviado a las autoridades españolas para que en un plazo de seis meses facilite toda la información al respecto.
Especifica que no se adoptan medidas cautelares como en el caso de Jordi Sànchez y emplaza al expresidente catalán a indicar «qué tipo de medidas» quiere exigir a España en caso de que finalmente se concluya que sus derechos han sido vulnerados.
Puigdemont presentó su recurso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el pasado 1 de marzo y la aceptación del mismo ha llegado antes de un mes, si bien el plazo de resolución no se prevé tan temprano teniendo en cuenta que se ha dado seis meses a España para aportar observaciones e información.
El expresidente considera que España ha violado parte de la «Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Civiles y Políticos».
Puigdemont reivindica su derecho a presentarse a las elecciones, su «derecho a la libertad de asociación con otros políticos secesionistas y partidos políticos en busca de un objetivo común de conseguir la independencia de España para Cataluña» y su derecho a la libertad de expresión política pacífica de apoyo de la causa de la independencia de Cataluña.
Pero alega que «estos derechos han sido violados por la conducta acumulativa y continuada del Reino de España», ya que fue designado por la mayoría del Parlament de Cataluña para la reelección como presidente, pero las autoridades españolas lo han impedido, según defiende.
También explica que, por todo esto, se ha visto obligado a escoger entre volver a España para ser «sometido a detención arbitraria, permanecer como presidente en el exilio o permitir que un candidato alternativo sea nombrado e investido como presidente».
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