La causa contra la excúpula de los procuradores de Madrid recae en un juez que archivó un caso similar

La Audiencia Provincial ha trasladado la causa contra el presidente del Consejo General de Procuradores de España y la cúpula del Colegio de Madrid (ICPM) por falsedad documental al juzgado que ya archivó una denuncia similar por los mismos hechos contra el antiguo decano, Antonio Álvarez-Buylla.

En el auto, la Sección 17 de la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación presentado por la Asociación para la Defensa del Procurador (APD) contra el auto del Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid que acuerda inhibirse en el Juzgado número 30.

La investigación contra el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, junto al actual decano del Colegio de Madrid, Gabriel de Diego, y otros quince miembros más de la actual y antigua directiva de la institución madrileña se centra en la presunta falsificación de los estatutos en 2003.

Esta causa recayó en el Juzgado 52 que, tras tomar declaración a los implicados como investigados, acordó inhibirse en el Juzgado 30, que había incoado con anterioridad un procedimiento por los mimos hechos contra el antiguo decano del Colegio de Madrid, Antonio Álvarez-Buylla, y el secretario Ramiro Reynolds, que fue archivado.

Los magistrados consideran que si los denunciantes quieren involucrar a otras personas que lo hagan en el procedimiento del Juzgado número 30 y dicen que aunque esta causa esté archivada siempre cabe la reapertura.

En su opinión «lo que no resulta posible es reiterar el ejercicio de acciones penales dando lugar a procedimientos en los que se investigan los mismos hechos».

La sala rechaza los argumentos de los denunciantes de que las causas se deben tramitar en juzgados distintos porque no coinciden los querellados y lo hace al destacar que en ambos casos lo que se investiga es la posible alteración de los estatutos aprobados en 2003 por la Junta General del Colegio de Procuradores de Madrid.

«Hemos de reiterar, hasta la saciedad, que los hechos que se imputan son la alteración del texto aprobados por el ICPM», precisa la resolución. «Por ello resulta irrelevante al fin que nos ocupa la persona o personas a quienes se impute los hechos», añade.

Desde el Colegio de Madrid señalan que dado que el Juzgado 30 ya archivó la querella interpuesta contra Álvarez-Buylla y Reynolds, «todo parece indicar que esta querella será igualmente archivada».

El procedimiento contra Estévez y la cúpula del ICPM investiga el proceso de cambio de los estatutos del Colegio de Madrid iniciado en noviembre de 2003 y del que los colegiados, según la querella, no volvieron a tener conocimiento hasta que cuatro años más tarde, en 2007, se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM).

La cuestión es que el texto publicado no es el mismo que el aprobado en 2003, sino que tiene seis artículos y tres disposiciones más que el original y, según los querellantes, «alteraciones en otros cincuenta artículos», sin que supuestamente se comunicaran esos cambios.

Al respecto, los procuradores investigados admitieron ante el juez que el texto publicado en el BOCAM tiene cambios respecto al aprobado por el Colegio en 2003, pero han atribuido los mismos a las recomendaciones efectuadas desde la Comunidad de Madrid, que tiene la competencia para pedir dichos cambios al Colegio.

Y argumentaron que la modificación estatutaria del texto aprobado por la Junta General en 2003 «respondió a los preceptivos controles de legalidad» que debían realizar el Consejo General de Procuradores de España y la Comunidad de Madrid según la ley de Colegios Profesionales.