España

El caso Pujol, amenazado por una memoria que no fue judicializada

Mandos policiales se contradicen ante el juez José de la Mata sobre el origen de esos datos

Jordi Pujol Ferruola, alias «Junior», tras declarar en la Audiencia Nacional
Jordi Pujol Ferruola, alias «Junior», tras declarar en la Audiencia Nacional - IGNACIO GIL

El clan Pujol constituye «una asociación ilícita organizada desde el Principado de Andorra, que se mantuvo hasta 2014», cuyo fin era ocultar su millonario patrimonio procedente en parte del cobro de comisiones ilegales, según consta en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional. En julio, la Sala de lo Penal confirmó que el juez José de la Mata era competente para seguir investigando el presunto blanqueo de capitales de los Pujol Ferrusola, un asunto procedente de otro juzgado de Barcelona (el 31), adonde el clan pretende que vuelva.

La causa por el supuesto blanqueo en Andorra en la que ya han declarado decenas de personas entre empresarios (adjudicatarios de obra pública), colaboradores y allegados ha sufrido en las últimas semanas otro contratiempo: la incorporación de una memoria USB O pendrive por parte de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) con nuevos datos, cuya procedencia es incierta, según fuentes de la investigación consultadas por ABC.

El titular del Juzgado Central número 5 trata de averiguar su origen y salvaguardar así el procedimiento para lo que ha llamado a declarar a distintos responsables policiales relacionados con la causa. Hasta el momento no ha logrado aclarar de dónde ha salido ese lápiz de memoria que enmaraña aún más el complejo caso.

La memoria USB se aportó al Juzgado junto con su informe correspondiente –en el que se describe el contenido de la misma– en fechas próximas al verano. Dicho informe estaba firmado por José Manuel García Catalán, jefe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales de la Policía, quien además ejerce como responsable accidental de la UDEF desde abril. En esa fecha el comisario Manuel Vázquez fue nombrado jefe superior de Galicia y su puesto quedó vacante.

Espionaje y cloacas

El juez pidió explicaciones sobre el origen de esa memoria externa a García Catalán y este respondió que procedía del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona. Se trata del juzgado que investigó a la agencia de detectives Método 3, a raíz de la famosa grabación del restaurante «La Camarga». En ese lugar, el detective Francisco Marco grabó una comida entre la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, y la exnovia del mayor de los Pujol, Victoria Álvarez, sobre los negocios de Jordi Pujol Ferrusola.

El PP denunció los hechos y pese a que Camacho y Marco alcanzaron un acuerdo extrajudicial, la investigación de Método 3 puso al descubierto el espionaje a políticos catalanes y operaciones de diverso calado sobre las llamadas «cloacas del Estado». En febrero de 2013 el titular del Juzgado 14 ordenó el registro de las dos sedes de Método 3 en Barcelona y Madrid, en un auto muy restrictivo en el que acordaba que la actuación se ciñera a la denuncia interpuesta y a la grabación de la conversación. En el registro de la Diagonal estuvieron presentes, además, dos fiscales Anticorrupción: Emilio Sánchez Ulled y Fernando Bermejo. El Juzgado de Barcelona respondió a De la Mata que ese pendrive jamás había estado en la causa y que, por tanto, desconocían su origen y contenido. De la Mata optó entonces por conocer la versión del que había sido hasta poco antes el jefe de quien firmaba el informe, el citado comisario Vázquez.

Premiado con Embajada

El exresponsable de la UDEF contó una historia distinta: el lápiz de memoria con la nueva información de los Pujol se lo había entregado un funcionario del que aportó su número de placa policial. Correspondía al inspector jefe Bonifacio Díaz Sevillano, que no estaba destinado en la Unidad que se dedica a luchar contra la corrupción y por tanto no era subordinado suyo, sino en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía. De hecho, Díaz estaba considerado mano derecha del DAO Eugenio Pino hasta que este se jubiló en junio. Un mes después, Díaz fue premiado con un puesto de agregado de Interior en la Embajada de España en México, uno de los más codiciados con un sueldo neto superior a 11.000 euros mensuales.

Pese a las reiteradas negativas de Interior, la actuación de la DAO en época de Eugenio Pino en funciones de «policía patriótica» o «política» –mucho más allá de sus atribuciones– ha sido una constante en numerosos casos relacionados con Cataluña.

Cuando el juez siguió cotejando información volvió a encontrarse otra sorpresa. A la pregunta realizada al inspector jefe de cómo llegó a él el pendrive de los Pujol no judicializado hasta entonces su respuesta fue que se lo había dado su jefe: el exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino, desbaratando así la información ofrecida inicialmente por el comisario responsable de la Brigada de Blanqueo, quien aseguró que procedía del Juzgado 14 y del caso de los detectives.

Pino está jubilado pero no inactivo. Según ha podido saber ABC, a pesar de que por su situación laboral no debería tener información sobre este caso, está al tanto de todo el procedimiento reservado y se ha puesto en contacto esta misma semana con el juzgado central 5 de la Audiencia Nacional. Achaca la obtención del lápiz de memoria al comisario Marcelino Martín Blas, quien pasó de ser uno de sus hombres de confianza al frente de Asuntos Internos a convertirse en su enemigo y querellarse contra él, de momento sin éxito.

En esta guerra en la cúpula policial que ahora ha salpicado de lleno al caso Pujol, el tercero en discordia es el comisario José Manuel Villarejo, también jubilado desde el 21 de junio (cuando dependía directamente de la DAO) y relacionado con todas las investigaciones policiales en Cataluña. De hecho, fue el primero en aparecer en esta causa. Josep Pujol en su declaración ante el juez contó que se reunió dos veces con Villarejo y que este le ofreció impunidad a la familia a cambio de oponerse al proceso soberanista. «Si colaboráis contra la independencia, todo esto acabará pronto», aseguró que le prometió en febrero de 2014 cuando la Audiencia Nacional ya actuaba contra su hermano. A él no se le ha preguntado por el pendrive.

De la Mata, que continúa la instrucción, no ha logrado averiguar la procedencia. Cuatro mandos policiales han ofrecido versiones distintas por lo que el contenido de ese informe queda en entredicho. Otra oportunidad para la defensa de los Pujol.

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