El extesorero de CDC Daniel Osàcar, a su salida de la Audiencia de Barcelona el pasado lunes
El extesorero de CDC Daniel Osàcar, a su salida de la Audiencia de Barcelona el pasado lunes - EFE

El caso Palau confirma el «modus operandi» de la corrupción de CDC

Turull y Gordó figuran en la trama de «influencia» que fijaba las adjudicaciones

BarcelonaActualizado:

Es pronto para valorar el efecto que tendrá sobre la política catalana la sentencia del caso Palau, conocida este lunes y contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, de lo que no hay duda es de la existencia de una trama corrupta que la Audiencia Provincial de Barcelona da por probada y que permitía a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), entre 1998 y 2009 -años juzgados-, recibir grandes cantidades de dinero en forma de comisiones irregulares a cambio de otorgar, desde las instituciones públicas controladas por este partido, contratos de obras a la empresa Ferrovial.

Es por el delito de tráfico de influencias por el que se condenó a CDC, cuyos tesoreros en el periodo investigado, Carles Torrent y Daniel Osàcar, ejercían su influencia, directa o indirectamente sobre las personas que decidían los contratos.

La «influencia» de CDC

CDC tiene que pagar exactamente 6.676.105,58 euros como consecuencia de la sentencia del caso Palau, que acredita el «acuerdo criminal» establecido entre Fèlix Millet, Jordi Montull -ambos, poniendo a disposición de tal efecto el Palau de la Música-, Osàcar y Ferrovial.

Este «acuerdo» -así consta en la sentencia- se basaba, sobre todo, en la «relevante influencia, que contribuyó o favoreció la adjudicación a la mercantil Ferrovial de diversos contratos». Una «influencia» que era ejercida «directamente» o «a través de otro u otros miembros (...) no determinados y que actuarían en todo caso a intimidación de dichos tesoreros» de CDC. Su voluntad era clara: «Que se adjudicara a Ferrovial diversos contratos para la ejecución de obra pública a cambio de la entrega de dinero en proporción al valor de la obra». Cuando se puso en marcha la trama está «proporción» era del 3% sobre la obra, pero acabó siendo del 4%.

La «influencia» se ejercía «sobre alguno o algunos de los componentes de las mesas de adjudicación para que (...) se valorara la oferta de Ferrovial como la mejor de las presentadas» y que, así, quedase «el camino expedito a la posterior aprobación de la propuesta por el órgano administrativo de adjudicación».

Eran Osàcar y Torrent los que utilizaban su cargo de tesorero, «cargo que les dotaba de una relación personal», para llegar a los responsables de las adjudicaciones -que eran miembros de CDC- y poder «exigirles» llevar a cabo «determinadas actuaciones» y «asegurar el futuro de su formación política».

«Consiguió su objetivo»

«Dicha influencia además consiguió su objetivo», señalan los magistrados, que concretan el modus operandi en varios casos, como el de las obras de la Sequia Bellet, las obras de un pabellón en San Cugat del Vallés, las obras de construcción de la Línea 9 del metro de Barcelona o, paradójicamente, la construcción, el mantenimiento y la explotación de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y Hospitalet, edificio que luego sirvió para juzgar el propio caso Palau.

Es en el relato de los ejemplos citados cuando aparecen algunos de los nombres que CDC, antes, y el PDECat, ahora, consideran prohombres. Destaca por relevante Jordi Turull, que últimamente suena como uno de los que podría relevar a Carles Puigdemont, si este finalmente no puede ser investido presidente de la Generalitat catalana.

La sentencia confirma que Turull está vinculado a la adjudicación de la obra del pabellón de Sant Cugat a Ferrovial, ya que en 2002 Turull era el gerente municipal. Éste era entonces miembro de la mesa de contratación de Sant Cugat y su vínculo con CDC era más que evidente y conocido. Turull era concejal en Parets del Vallés desde 1991 y miembro de la Diputación de Barcelona.

De la misma manera, aparecen vinculados a otras obras Germà Gordó, exconsejero de Justicia con Artur Mas, y Josep Anton Grau Reinés, secretario general de la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas en 2001.

Para los magistrados, la «vinculación» entre los adjudicadores y CDC «aparece diáfana».