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Cascada de críticas a Page por los privilegios de los altos cargos

Los que acceden a altos cargos del Gobierno manchego conseguirán a partir de ahora una mejor posición en la escala funcionarial

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras el acto de toma de posesión de los nuevos vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha José García Molina, secretario regional de Podemos, y la consejera que coordinará el Plan de Garantías Ciudadanas, la profesora universitaria Inmaculada Herranz
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, tras el acto de toma de posesión de los nuevos vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha José García Molina, secretario regional de Podemos, y la consejera que coordinará el Plan de Garantías Ciudadanas, la profesora universitaria Inmaculada Herranz - EFE
M.J. MUÑOZ / AGENCIAS Toledo - Actualizado: Guardado en: España

Coincidiendo con la entrada de Podemos en el Gobierno de Castilla-La Mancha, ayer se produjo una auténtica cascada de críticas desde el ámbito sindical en esta región tras conocerse la polémica modificación de la Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas, cuya enmienda a la totalidad del PP fue debatida y rechazada ayer en las Cortes regionales con los votos del PSOE y Podemos, y que a juicio del sindicato STAS pretende dotar de un sueldo vitalicio a los altos cargos de la Junta de Comunidades, entre otros «privilegios».

Con este cambio, los que accedan a altos cargos del Gobierno manchego consigan una mejor posición en la escala funcionarial. Ello supone una mejora en las retribuciones una vez abandonen el cargo político y vuelvan a su anterior trabajo en la administración, pero también en sus futuras pensiones, además de permitir a estos funcionarios optar a cargos a los que no podrían aspirar sólo por su cualificación. La norma además tiene carácter retroactivo y a ella podrían acogerse todos los cargos que reingresen a su anterior ocupación, siempre que lo hayan hecho después de la creación de la autonomía, en 1983.

El sindicato CSIF se sumó al rechazo a la «pretensión» de PSOE y Podemos de «premiar a los funcionarios políticos», y les exigió que retiren «inmediatamente sus indignas enmiendas contra este atropello y desvergüenza política» realizada al margen de la Mesa General. UGT arremetió asimismo contra esta «vergonzosa» propuesta que podría conculcar los principios fundamentales de la función pública». Finalmente, CC.OO tachó las enmiendas de «inmorales, impresentables e inquietantes» porque «va en contra de los principios de igualdad, mérito y capacidad; y genera un gravoso colectivo de “ex altos cargos” que conllevan un peso y un coste inasumible para la administración regional».

En declaraciones a ABC, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, explicó qué pretenden con esta reforma: «Que aquellos altos cargos, o aquellos funcionarios, que ocupen cargos de responsabilidad en el Gobierno puedan seguir consolidando el grado personal; pero no tiene nada que ver con el antiguo complemento de alto cargo al que se refiere el STAS. No es un sueldo vitalicio sino simplemente el reconocimiento del grado, de niveles».

Preguntado por si estas nuevas disposiciones existen en otras comunidades autónomas españolas, el consejero de Hacienda aseguró que «en todas, donde se cobra un complemento que aquí fue suprimido y somos la única comunidad que no lo tiene».

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