Salamanca y su amigo Villarejo - ABC

«Soy un capullo, la he cagado»

El comisario Villarejo se lamentó durante el registro de un segundo chalé en Boadilla –que no se conocía y al que lo llevaron desde la cárcel– de haber ocultado ahí documentos que, en teoría, le comprometen. Los investigadores han hallado en sus viviendas papeles clave de operaciones y numerosas memorias de almacenamiento

MadridActualizado:

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha pasado la última semana en un sobresalto continuo. El viernes 3 de noviembre, casi al mediodía y por sorpresa, fue detenido cuando salía de su mansión de Boadilla del Monte. Los policías de Asuntos Internos que llevaban horas aguardando en las inmediaciones temieron que alguien le hubiera alertado de la operación. No podían acercarse demasiado, dadas las impresionantes medidas de seguridad con que tiene protegida la casa, que incluyen los dispositivos más sofisticados y que él controlaba desde varias estancias. El registro se prolongó hasta las seis de la madrugada.

La segunda sorpresa –todavía mayor– la vivió dos días después cuando la jueza Carmen Lamela lo envió a prisión, acusado de blanqueo de capitales, cohecho y organización criminal. El furgón policial lo trasladó, pasadas las diez de la noche, hasta el módulo de funcionarios de la cárcel de Estremera junto a sus amigos y socios: el comisario principal Carlos Salamanca (la otra mitad de la operación Tándem) y el abogado Rafael Redondo, su mano derecha durante años.

Cargos en las empresas

Su mujer, la periodista Gemma Alcalá, y su hijo José Manuel quedaron en libertad. A ella la magistrada le retiró el pasaporte. Ambos han desempeñado importantes cargos en el emporio empresarial de Villarejo, formado por una maraña societaria, que ha llegado a tener más de 25 millones de euros de capital social y noventa y dos bienes inmuebles entre parcelas, viviendas, plazas de aparcamiento o almacenes, según un informe de Asuntos Internos anterior a esta operación.

Ni 48 horas habían pasado de su ingreso en la cárcel cuando el policía, de 66 años, que se autodefine como «agente encubierto», volvió a salir de prisión. Los investigadores habían encontrado otro chalé de lujo en Boadilla, que no les constaba, en la urbanización Pino Centinela, muy cerca del que es propiedad del empresario José Luis Moreno. Fue la tercera sorpresa para él. Pese a que la vivienda estaba semivacía, el comisario también había guardado material en ese escondite, que nunca pensó que descubrirían.

«Soy un capullo. La he cagado». Esas fueron más o menos sus palabras al saberse descubierto por segunda vez después de haber negado ante la juez Lamela los hechos que le imputa la Fiscalía Anticorrupción, según ha podido saber ABC. Aunque no ha trascendido el contenido de la documentación intervenida las fuentes consultadas sostienen que puede ser clave para apuntalar las pesquisas, de ahí la preocupación del comisario que hasta ahora había contado con protección tras haber hecho trabajos para el Ministerio del Interior durante décadas mientras levantaba un imperio.

El cuarto sobresalto fue encontrarse de nuevo a su mujer, ya en libertad, en el chalé de Pino Centinela, valorado en más de un millón de euros y que supuestamente lo adquirió una sociedad controlada por ella. Al verla, se desmoronó. Hasta 2015 Gemma Alcalá ocupaba cargos de administración en buena parte de las sociedades de la estructura, pero a raíz de que se empezaran a publicar informaciones sobre las empresas del comisario ella cesó prácticamente en todas. Los funcionarios se llevaron varias cajas de documentos.

Una galería de tiro

Su abogado Ernesto Díaz-Bastién ha presentado un recurso de apelación en el que pide que se eliminen del procedimiento todas las pruebas halladas en el primer registro (el del otro chalé de Boadilla en el que vive la pareja con su hija), al considerar que se vulneró la inviolabilidad del domicilio. La defensa arremete contra un funcionario de la Agencia Tributaria al que acusan de buscar pruebas en falsos suelos, paredes y una maleta, informa Ep. Este recurso no hace sino incidir en la preocupación del comisario por el material hallado en su casa (había una caja fuerte con 80.000 euros y memorias externas de almacenamiento), que cuenta incluso con una galería de tiro en el sótano. En el registro de su dúplex de Estepona había otros cien mil euros.

Aunque el comisario jubilado está investigado en otros dos procedimientos judiciales, el de la doctora Pinto que le acusa de haberla apuñalado por, y el del «pequeño Nicolás», la operación Tándem no tiene parangón. Es la primera vez que Villarejo acaba en prisión y, además, ahora ya no está en activo como cuando se dio carpetazo a la última investigación contra él.

Fue en diciembre del año pasado cuando el fiscal jefe de Madrid, José Javier Polo decidió el archivo de unas pesquisas del Juzgado de instrucción número 2. En febrero, la Comisaría General de Policía Judicial entregó un análisis que recayó en Asuntos Internos en el que se recomendaba «el inicio de una investigación por blanqueo de capitales» a Villarejo. En ese momento, él prestaba servicio en la Dirección Adjunta Operativa, de la que depende Asuntos Internos. Su puesto era de jefe de Brigada (en comisión de servicio), aunque nadie del Cuerpo ha sabido responder nunca dónde tenía su despacho o quiénes eran los policías que trabajaban con él. Las pesquisas dieron origen a un exhaustivo informe en el que se desgrana toda la supuesta estructura societaria que tiene su origen en 1989 con dos sociedades creadas en Uruguay. Un tercio de las firmas que se han ido sumando son del sector inmobiliario; otro tercio de asesoramiento y consultoría y el resto se reparte entre el sector sanitario, comercio al por mayor, eventos, sector agropecuario, investigación e importación y exportación.

Más de la mitad de esas empresas tienen su domicilio social en Torre Picasso, cuyas oficinas también fueron registradas y que comparten sede con el despacho de abogados de Rafael Redondo, su socio y fundador de la «Asociación Transparencia y Justicia», que se ha personado en casos judiciales de gran trascendencia sin que Villarejo, licenciado en Derecho, apareciera.

La operación por la que han acabado entre rejas Salamanca y él tiene un origen distinto y parte de la denuncia de una persona en abril ante la Guardia Civil, que contó el encargo que se había hecho a Villarejo, a través de Salamanca, para perjudicar a un hijo de Obiang, el presidente guineano. Según publicó «El País», el pago por el trabajo era de 5,3 millones. El comisario dijo a la juez que lo hizo para el CNI, pero no recordaba haber cobrado.