El magistrado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva (derecha)
El magistrado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva (derecha) - EFE

La Audiencia Provincial de Palma decidirá en breve si el instructor del caso Cursach abandona la causa

La Sala se pronunciará en las próximas semanas sobre los dos incidentes de recusación planteados contra el juez Manuel Penalva

Palma de MallorcaActualizado:

La Audiencia Provincial de Palma ha recibido dos incidentes de recusación contra el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, en el marco del denominado caso Cursach. Una de las peticiones de recusación ha sido planteada en relación a la pieza principal de esta causa, mientras que la otra ha sido presentada en relación a una de las piezas separadas. Los dos solicitantes de la recusación consideran que el juez Penalva no habría actuado en este caso con la objetividad que precisa el desarrollo de cualquier proceso judicial. El magistrado, por su parte, entregó ya un informe en el que rechaza que existan causas para aceptar su recusación.

En ese contexto, la Sala se pronunciará en las próximas semanas sobre ambas hipotéticas recusaciones, que en caso de ser aceptadas supondrían que el juez Penalva tendría que abandonar el caso Cursach. En caso de que finalmente se diera esa última circunstancia, tendría que ser nombrado otro magistrado para proseguir con la instrucción de esta causa.

Cabe recordar que hoy se denomina caso Cursach a una macrocausa en la que, originariamente, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán sólo investigaban la presunta existencia de una trama de corrupción en el seno de la Policía Local de Palma y de Calviá. Supuestamente, formarían también parte de la citada trama el principal empresario del sector del ocio nocturno en Baleares, Tolo Cursach, así como antiguos dirigentes locales del PP y funcionarios de distintas administraciones. Dicha presunta trama habría estado más o menos activa a lo largo de las dos últimas décadas.

Según los investigadores, Cursach habría contado durante años con la «protección» de policías, cargos políticos y funcionarios, que habrían favorecido sus negocios y habrían perjudicado a los de la competencia a cambio de dádivas y regalos. Entre dichos «obsequios» se encontrarían, supuestamente, fiestas gratuitas con prostitutas en las que se habrían consumido drogas. Ese último extremo ha sido siempre negado de forma rotunda por varias de las personas investigadas en este caso.

Una causa compleja

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) este miércoles, a través de un comunicado, la instrucción del incidente de recusación de la pieza principal del caso Cursach corresponderá a la magistrada de la Sección Primera de la Audiencia Provincial Gemma Robles, mientras que la instrucción del incidente de recusación de la pieza separada corresponderá a otra magistrada de la Sección Primera, Rocío Martín. La resolución de los dos incidentes será llevada a cabo por la citada sección, pero sin que ambas magistradas formen parte de la Sala que tendrá que resolver sobre este asunto.

Cursach se encuentra en prisión provisional desde el 3 de marzo del pasado año, a raíz de un auto dictado por el juez Penalva. En dicha resolución, se le atribuían al empresario mallorquín hasta un total de 16 delitos, entre ellos los de cohecho, extorsión, amenazas, pertenencia a organización criminal, contra la Hacienda Pública, blanqueo, tráfico de influencias, homicidio, corrupción de menores o tenencia ilícita de armas. Hasta ahora, en dos ocasiones el abogado de Cursach ha pedido la puesta en libertad de su cliente, pero en ambos casos la respuesta de la Audiencia Provincial ha sido negativa.

En el marco del caso Cursach hay imputadas en estos momentos en torno a un centenar de personas, entre ellas antiguos altos mandos policiales. Por otra parte, varios testigos protegidos han sido amenazados o agredidos en estos últimos meses, supuestamente a raíz de sus declaraciones en sede judicial. En ese contexto, a principios de 2016 la Dirección General de la Guardia Civil autorizó que el juez Penalva y el fiscal Subirán pudieran ir armados con una pistola, después de que ambos lo hubieran solicitado al sentirse amenazados.

Por otro lado, el juez Penalva remitió el pasado mes de diciembre un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acompañado de diversa documentación, en el que pedía amparo a dicho órgano ante el «continuo hostigamiento» que como instructor y también a nivel personal estaría sufriendo, presuntamente, desde el entorno de Cursach. La Comisión Permanente del CGPJ decidió admitir a trámite dicha petición de amparo. El CGPJ consideró que del relato de hechos expuesto por el magistrado, que habla de seguimientos, pintadas amenazantes o maniobras que buscarían su descrédito, se desprendería la existencia de datos y circunstancias que pueden suponer actuaciones inquietantes o perturbadoras de la independencia judicial.