La Audiencia Nacional abre una investigación por corrupción a De la Serna y Gustavo de Arístegui

La Audiencia Nacional ha abierto una investigación por posible corrupción a Pedro Gómez De la Serna, diputado del PP por Segovia, región por la que fue cabeza de lista el 20-D, y al exembajador en la India Gustavo de Arístegui. El juez José de la Mata ha admitido a trámite una querella contra ellos dos y seis personas más, presentada ayer en la Audiencia Nacional, por los presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

La investigación tratará de esclarecer si las personas implicadas cobraron pagos dinerarios de funcionarios públicos y autoridades argelinas por la adjudicación de contratos de obras para empresas españolas, entre otras cosas. El Partido Popular abrió un expediente disciplinario a ambos y pidió de forma clara la dimisión de De la Serna, quien no accedió y consiguió su escaño por Segovia.

El magistrado incluye a De la Serna en la causa para comunicarle la admisión a trámite de la querella y que pueda defenderse, ya que la competencia para investigarle es del Tribunal Supremo debido a su condición de aforado. El juez, aún así, acuerda que se dé traslado de las actuaciones al diputado popular por si quisiera «ejercer su defensa en la forma que considere oportuno».

En el auto el juez analiza los supuestos delitos investigados. La investigación de la Fiscalía habría desvelado «posibles pagos dinerarios realizados a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares en relación con dos contratos de obra». El cohecho existiría por las compensaciones que habrían recibido por esta intermediciación tanto De la Serna como Arístegui por mediar.

Pero la investigación va mucho más allá y apunta que De la Serna y Arístegui, junto con los otros seis implicados, y el conjunto de empresas que lideraban, podrían haber formado un grupo criminal concertado para recaudar comisiones tanto a cambio de prometer intermediar para empresas españolas en el extranjero como de los propios funcionarios extranjeros y por el éxito de la gestión.

En el marco de estas actuaciones, el juez también ha admitido a trámite la querella contra seis empresas, como personas jurídicas, implicadas en el supuesto esquema delictivo. Las sedes de estas firmas, así como la muchos de sus implicados, han sido registradas.