Los líderes del PP y de Ciudadanos, Mariano Rajoy y Albert Rivera, sellan su pacto
Los líderes del PP y de Ciudadanos, Mariano Rajoy y Albert Rivera, sellan su pacto
Poder Judicial

Las asociaciones de jueces creen que el pacto PP-C´s contribuye a recuperar la confianza en los tribunales

Valoran la propuesta de cambio en la elección de doce de los vocales del CGPJ, que pasarán de ser nombrados por las Cortes a serlo por los propios jueces

Madrid Actualizado: Guardar
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Todas las asociaciones judiciales han valorado de forma positiva los compromisos recogidos en el acuerdo de investidura suscrito entre el Partido Popular y Ciudadanos. En un comunicado conjunto, la Asociación Profesional de la Magistratura (que ya aplaudió el pacto en materia de justicia días atrás), Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y el Foro Judicial Independiente reconocen que una de las causas de la apariencia de politización que afecta a la Justicia española radica en el sistema de elección de los vocales que integran el Consejo General del Poder Judicial, por las Cortes Generales y a propuesta de los partidos, «lo que arroja una sombra de duda sobre la independencia de los nombrados que, aunque no responda a una realidad, incide negativamente en la credibilidad de la institución».

Sostienen que tal y como defendieron en un documento el pasado 17 de diciembre, en vísperas de las elecciones generales, la elección directa de los doce vocales jueces por la propia magistratura es una «fórmula para evitar esa apariencia de politización y preservar y reforzar la independencia del órgano de gobierno y, por extensión, de la misma carrera judicial y de la Justicia». A su juicio, un órgano de gobierno plural, en el que estén representadas las distintas sensibilidades, «contribuirá sin duda alguna a garantizar la separación de poderes y recuperar la confianza de la ciudadanía».

A este compromiso inicial de despolitización en la elección de los vocales de procedencia judicial se añaden los relativos a dotación de medios materiales, creación de nuevas plazas, implantación de nuevas tecnologías y reformas legales, «que se consideran absolutamente esenciales para garantizar un servicio público de calidad y que la sociedad española tenga la Justicia que se merece». En este sentido, PP y Ciudadanos acordaron en uno de sus 150 medidas una inversión de 500 millones para modernizar la Justicia y aumentar las plantillas en los juzgados.

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