Un antiguo alto cargo del entorno de Ignacio González desvela una supuesta «guerra de tesorerías» en el PP
Vicente Moro, ex delegado del Gobierno en Ceuta, ha declarado como testigo en la causa de los papeles de Bárcenas
Un antiguo alto cargo del Partido Popular ha desvelado una supuesta «guerra de tesorerías» en el seno de la formación política, un enfrentamiento abierto entre la dirección nacional y el PP de Madrid por controlar las adjudicaciones. Vicente Moro, antiguo delegado del Gobierno en Ceuta y supuesto testaferro del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha declarado como testigo este martes en la Audiencia Nacional, en la investigación abierta por la caja B del partido, la causa conocida como los papeles de Bárcenas.
Moro ha acusado al antiguo tesorero del PP Álvaro Lapuerta de querer manejar las adjudicaciones de contratos públicos que dependían de la Comunidad de Madrid, según han informado fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio. El testigo ha apoyado así la versión de Ignacio González , de quien es considerado un hombre de confianza, y ha apuntado a Lapuerta, de 90 años y cuya investigación quedó archivada por una demencia sobrevenida.
De hecho, Moro ha relatado que él conoce ese supuesto conflicto por controlar la contratación pública de forma indirecta, por referencias del propio González. El testigo estuvo presente en la reunión en la que el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid reveló que Lapuerta le había amenazado, enseñándole una placa de comisario de honor, según ha desvelado en su declaración. Un abogado resta valor, por tanto, a esta declaración, al tratarse de un testigo indirecto. Moro, además, ha matizado sus propias palabras en un momento del interrogatorio y ha aludido a que lo que hubo fue una guerra de «consejerías». Moro está imputado en el caso Lezo, la causa que investiga una trama de corrupción en la poderosa empresa de aguas madridelñas del Canal de Isabel II, liderada por González.
El testigo también ha aportado detalles de su actividad en Constructora Hispánica, una compañía que estuvo presidida por el empresario Alfonso García-Pozuelo . Éste reconoció en la vista oral por la primera época de la trama Gürtel que pagó comisiones a antiguos altos cargos del PP a cambio de adjudicaciones, pero guardó silencio ante el juez que indaga en la caja B. En su testifical, Moro ha admitido que en la compañía existían rumores de los pagos con dinero negro al partido y sobre la buena relación con sus antiguos dirigentes. El testigo, que trabajó en la constructora entre 2006 y 2008, ha explicado este martes que la empresa contrató a algunos jóvenes del PP, en este intercambio de favores, según han explicado fuentes jurídicas presentes en la comparecencia.
Apoyo a González
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González declaró por estos mismos hechos el pasado 18 de diciembre. En aquella comparecencia, González acusó al PP nacional de «controlar todas las adjudicaciones» públicas en la región cuando él aterrizó en el gobierno autonómico, en el año 2003, con el cargo de vicepresidente. González, aseguró que entonces instruyó a sus subordinados el Gobierno autonómico para que no se plegaran a las presiones de los entonces tesoreros y gerentes del PP, Lapuerta y Bárcenas , considerados por la Fiscalía dos llaves políticas al servicio de la trama de corrupción Gürtel , juzgada en la Audiencia Nacional y a la espera de la sentencia por la primera época.
González, quien se encuentra imputado por ser considerado el cabecilla de la causa Lezo , donde se enfrenta a graves acusaciones de corrupción de las que trata de defenderse, conocía la existencia de una grabación en la que el empresario Rafael Palencia reconocía pagos irregulares al PP. González insinuó que esa grabación llegó a Génova, sin explicar cómo le llegó esa información. La confesión de Palencia tuvo lugar en una reunión con Ildefonso de Miguel, el antiguo director gerente del Canal y hombre cercano a González.
González y De Miguel, igual que ahora Moro y Ortega, fueron citadoscomo testigos por el juez José de la Mata, que investiga la llamada caja B del Partido Popular, una supuesta contabilidad opaca que los tesoreros del partido manejaron durante 18 años, según consideran acreditado los investigadores. Las testificales de esta semana fueron acordadas para impulsar la causa por petición de los abogados de la acusación popular que ejerce Izquierda Unida.
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