Numerosos cargos públicos de la nueva política han pasado por un juzgado
Numerosos cargos públicos de la nueva política han pasado por un juzgado - ABC

Andrés Bódalo, Marisol 'la Roja', Guillermo Zapata... y otros concejales que han pasado por el juzgado

La «nueva política» rinde cuentas ante la Justicia por sus actos violentos o sus comentarios en redes sociales

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  1. Navarra: Bildu todavía no ha condenado la violencia

    El candidato a lendakari Arnaldo Otegui en el País Vasco por EH Bildu
    El candidato a lendakari Arnaldo Otegui en el País Vasco por EH Bildu - EFE

    En Navarra son numerosos los cargos políticos que no han rechazado la violencia. De hecho, un partido como Bildu, procedente en gran parte de la antigua Herri Batasuna, todavía no ha condenado la violencia de ETA.

    También hay cargos que en el tiempo han estado relacionados con la violencia. El portavoz parlamentario de Bildu, Adolfo Aráiz, permaneció casi dos años en la cárcel por formar parte de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Inicialmente fue condenado por pertenencia a banda armada, pero el Tribunal Constitucional revocó la sentencia y fue absuelto.

    El concejal del Ayuntamiento de Pamplona, Jose Abaurrea, se negó a condenar el asesinato por parte de ETA de su compañero de corporación, el regionalista Tomás Caballero. Tras un tiempo alejado de la actividad política, el año pasado volvió a ser elegido concejal en el consistorio pamplonés.

    También son numerosos los alcaldes y cargos públicos que han tenido que acudir a la Audiencia Nacional para declarar por posibles delitos de enaltecimiento del terrorismo, por permitir en los edificios públicos carteles a favor de los presos etarras. Concretamente, el verano pasado fueron un total de 5 alcaldes quienes tuvieron que declarar en Madrid.

    Respecto a los nuevos partidos, Aranzadi, plataforma ciudadana que cuenta con el apoyo de Podemos, no condenó los atentados yihadistas de Bruselas ya que, igual que se excusa la izquierda abertzale, consideran que el término «condena» no es un término político, sino judicial, informa Pablo Ojer.

  2. Aragón: un cabeza de lista al Congreso, imputado por agredir a la Guardia Civil

    Juantxo López de Uralde y Jorge Luis Bail, pertenecientes al grupo de Podemos
    Juantxo López de Uralde y Jorge Luis Bail, pertenecientes al grupo de Podemos - EFE

    En Aragón, el cabeza de lista de Podemos al Congreso por la provincia de Huesca está imputado por los presuntos delitos de atentado a la autoridad y lesiones contra agentes de la Guardia Civil. Se llama Jorge Luis Bail y ya concurrió como cabeza de lista de Podemos en la provincia oscense en las elecciones generales de diciembre, en las que obtuvo escaño en el Congreso.

    Ahora vuelve a repetir en los comicios del 26 de junio. Podemos le ha ratificado como cabeza de cartel en la provincia de Huesca pese a que no solo está imputado, sino procesado. El juicio por los incidentes de los que se le acusa arrancó hace escasos días y la sentencia llegará en las próximas semanas.

    Buil está procesado junto a otros siete activistas de izquierdas y ecologistas que, el 10 de octubre de 2012, se concentraron en Artieda (Zaragoza) para protestar por las obras de recrecimiento del embalse de Yesa. La protesta acabó en disturbios y ocho de los activistas fueron imputados y ahora juzgados, entre ellos Jorge Luis Bail, militante de Equo e integrado en las listas de Podemos, informa Roberto Pérez Blasco.

  3. Jaén: Andrés Bódalo, el concejal sindicalista condenado por violencia

    El actor Alberto San Juan en la Plaza de Lavapiés en un acto de los defensores de Bódalo
    El actor Alberto San Juan en la Plaza de Lavapiés en un acto de los defensores de Bódalo - EFE

    Andrés Bódalo, que actualmente se encuentra en prisión, ha tenido un pasado relacionado con la violencia años antes de ser elegido como concejal de la marca blanca de Podemos en Jaén.

    En 2002, durante una jornada de huelga general, un piquete del que formaba parte Bódalo –junto a dos centenares de jornaleros de Jódar– forzó el cierre de aquellos establecimientos que se atrevieron a abrir en Úbeda. La dueña de una heladería de la ciudad, que además estaba embarazada, fue golpeada y arrojada al suelo después de que el «piquete informativo» causara destrozos en su local. Bódalo aceptó por este acto dos años de prisión por delitos de coacciones, amenazas, daños y vulneración del derecho de los trabajadores. Además, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) pagó 18.000 euros en concepto de indemnización.

    Otro juez le condenó a pagar una multa de 120 euros e indemnizar con 600 euros a un joven de Jaén al que agredió durante una pelea en abril de 2014, en la presentación de un libro del diputado de Amaiur Sabino Cuadra que intentaron boicotear un grupo de jóvenes de extrema

    Bódalo también suma agresiones a cuerpos de seguridad. En agosto de 2005, propinó manotazos y patadas a varios policías nacionales cuando intentaban desalojar las dependencias de la Consejería de agricultura. Finalmente, en 2012, agredió a Juan Ibarra, edil del PSOE en una concentración del Sindicato de Obreros del Campo ante el ayuntamiento de Jódar.

  4. Sevilla: el portavoz que quería «quemar el Congreso»

    Alberto Miranda, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra
    Alberto Miranda, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra - EFE

    Alberto Miranda era portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y decidió plasmar en redes sociales amenazas e injurias al Gobierno central y, en concreto, a Mariano Rajoy en 2014.

    Miranda hizo públicos en su perfil personal de Facebook unos mensajes días después de que la familia Caño Bautista murieran por una intoxicación de fosfina. Una sustancia que se encontraba en los tapones de los tapones que el padre recogía para vender al peso.

    Sin embargo, en un primer momento, la muerte fue atribuida al hecho de que la familia recogía alimentos caducados de la basura a causa de su situación económica, pero más tarde fue desmentida. Este fue el motivo de los mensajes de Miranda en los que recalcaba que «la familia no se merecía morir por culpa de esos gobernantes asesinos que salen a diario en televisión vendiendo humo, que son quienes merecen la muerte».

    A ese mensaje se le unieron otros en los que añadía que la «violencia del pueblo hacia esos usurpadores, esos capitalistas sin escrúpulos, esos asesinos, porque no tienen otro nombre, es más que necesaria en estos momentos. El pueblo español se tiene que levantar de una vez y ese criminal llamado Mariano Rajoytiene que pasar el resto de su miserable vida entre rejas». Además, invitó a quemar el Congreso y retó a las autoridades a detenerle.

    Finalmente, fue el PSOE de la localidad quien denunció al portavoz de IU. Ahora, dos años después el caso ha llegado a Madrid y el juzgado de los Penal número 1 de Madrid ha fijado una fecha para el juicio oral: el próximo 19 de julio. El exportavoz de IU será juzgado por un posible delito contra las instituciones del Estado.

  5. Alicante: Marisol 'la Roja', contra Don Juan Carlos

    Marisol Moreno en el Ayuntamiento de Alicante
    Marisol Moreno en el Ayuntamiento de Alicante - EFE

    Marisol Moreno, también conocida como Marisol 'la Roja', utilizó las redes sociales para verter sus opiniones personales sobre el Rey Juan Carlos y los miembros de la Familia Real en abril de 2012. «Vagos, estafadores, borrachos y asesinos» son algunos de los calificativos que la concejal del Ayuntamiento de Alicante dedicó a la Casa Real. Unos adjetivos que se incluyen en un artículo que Moreno escribió en su blog titulado: «Borbones asesinos».

    En este artículo, escribía: «Este hijo de puta ha matado a un ser que, en muchos aspectos, es mejor que los humanos, aunque claro, que se puede esperar de un tío que disparó a su propio hermano y lo mató». «Nuestro dinero público financia las matanzas de la realeza española en todos los sentidos, matanza económica como la de Urdangarín y que el Rey apoya». Aunque la Casa Real se convirtió en diana de esta concejal, también tuvo palabras para otros líderes políticos.

    Marisol Moreno, concejal en el Ayuntamiento de Alicante, fue juzgada y condenada a pagar una multa de 6.000 euros por la Audiencia Nacional en enero de 2016. En el juicio indicó que el motivo por el que se sus palabras se habían hecho públicas fue por la intenvención de ABC, que destapó sus publicaciones, y su posición en el ayuntamiento. El tribunal la consideró culpable de un delito de injurias al Rey puesto que estos calificativos se referían a la cacería del Rey Juan Carlos I en Botswana.

  6. Madrid: Guillermo Zapata, entre el humor y la okupación

    Zapata durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid
    Zapata durante un pleno del Ayuntamiento de Madrid - JAIME GARCÍA

    Guillermo Zapata se convirtió en concejal del área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid tras la llegada al consistorio de Ahora Madrid en mayo de 2015.

    Meses después de ocupar su cargo, se convirtió en noticia por el uso de su perfil personal de Twitter. En él, años atrás, Zapata colgó comentarios en los que se podía leer «¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero», «Se confirma que ETA además de criminal era idiota, con la cantidad de simpatizantes y aliados que tenía no fue capaz de tomar el poder» o «Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcaser para que no vaya Irene Villa a por repuestos». Estos comentarios le valieron una cita en el juzgado por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, proceso que se encuentra parado. Comentarios que hicieron que políticos y ciudadanos exigieran su dimisión.

    «Siempre me ha gustado el humor negro y cruel. Lo considero una expresión sana para reírnos de los horrores que hacemos los seres humanos», indicó Zapata para pedir perdón –algo que ha hecho ante la prensa, la Justicia y la ciudadanía– y, aunque dimitió de su cargo en el ayuntamiento, mantuvo su posición al frente de la junta de distrito de Fuencarral-El Pardo.

    Ahora, Guillermo Zapata está pendiente de juicio por un presunto delito de usurpación en la ocupación del edificio de la calle Pez de Madrid, que durante años albergó las actividades del colectivo social Patio Maravillas.

    El propio Zapata señaló en su cuenta de Facebook que el pasado viernes 27 de mayo que, «a menos de un mes de prescribir», fue informado del juicio por un presunto delito de usurpación en su nivel «más leve». Su declaración llegará el próximo viernes 3 de junio.

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