Un vehículo de la Guardia Civil, destrozado por los manifestantes, en Barcelona
Un vehículo de la Guardia Civil, destrozado por los manifestantes, en Barcelona - EFE

Un alto cargo de la Generalitat, sobre los agentes de la Guardia Civil: «Son de encefalograma plano»

El director general de Patrimonio, Francesc Sutrias, fue arrestado el pasado 20 de septiembre en la operación policial contra los organizadores del referéndum ilegal

MadridActualizado:

A Francesc Sutrias, director general de Patrimonio de la Generalitat, le pareció una experiencia «interesante» ser arrestado. Sutrias fue uno de los 14 altos cargos de la Generalitat detenidos el pasado 20 de septiembre en la operación contra el equipo organizador del referéndum independentista ilegal. «Fue muy interesante vivir un par de días como detenido en una caserna de la Guardia Civil para entender la lógica profunda del Estado», le contó por teléfono a Joan Manuel Tresserras, uno de los ideólogos del proceso independentista y presidente del laboratorio de ideas de ERC.

Así consta en una grabación recogida en el informe aportado por la Guardia Civil a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, al que ha accedido ABC. La magistrada investiga por sedición al mayor de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, a la intendente Teresa Lapalana, y a los líderes de la ANC y Òmnium, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por entorpecer la labor de la policía y la justicia con el objetivo de empujar hacia la independencia de Cataluña.

Sutrias no escatimó en descalificativos a los agentes de la Guardia Civil que le custodiaron durante su detención. «Son el 99,9 periódico de encefalograma plano, cómo cojones estos tíos van a parar aquí», aseguró en tono despectivo. Les calificó de «energúmenos» y les acusó de estar adoctrinados, «al servicio de completar un servicio histórico que es la vertebración de un proyecto político de Nacional Española inacabado». Según la conversación, Sutrias dialogó con un teniente coronel, «un tío culto que conocía perfectamente la historia de España y que no te la negaba».

Los Mossos, en la Consejería de Economía registrada por la Guardia Civil
Los Mossos, en la Consejería de Economía registrada por la Guardia Civil- EFE

Al arrestado por participar en la organización del referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional, el juez de instrucción número 13 de Barcelona le imputa los delitos de prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos.

Sutrias se preguntó, en la conversación con Tresserras, por qué los agentes no acceden a los Mossos d'Esquadra o a la Policía Local, «si les gusta el tema de la seguridad». También le expresó a su interlocutor que, «en las imágenes que salían de los furgones de la Guardia Civil saliendo de otras provincias», se dio cuenta de la «distancia mental tan grande que hay, en mundos diferentes».

El director general de Patrimonio, que reconoció que ERC se encargó de «toda la coordinación jurídica» por la detención, fue quien recibió el consejo de Tresseras de exagerar la participación en el 1 de octubre, según consta en la misma grabación de la investigación.

«Si pueden decir que han participado 3 millones de personas sería imparable, pero si van 2 millones se tiene que sofisticar más y decir que habrían sido 3 pero lo han impedido, nos han boicoteado». Con estas palabras pedía Tresserras al equipo organizador del referéndum ilegal que vendiese los resultados del 1-O.

«Se tiene que afinar»

El actual presidente del laboratorio de ideas de ERC, la Fundación Josep Irla, insiste en la necesidad de manipular la lectura de los resultados del 1 de octubre. «El domingo por la noche se tiene que afinar bastante», expresa Tresserras a Sutrias, después de decirle que habrá que mentar un boicot o «cosas de este tipo» para transmitir que el Estado impidió una participación mayor. «Tienen que aparecer delante del mundo diciendo que son gente seria, queríamos hacer esto y no nos han dejado y a partir de ahí ver que interpretación se puede hacer», comenta Tresserras, profesor de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona, convencido marxista y uno de los impulsores del político Josep Lluis Carod Rovira.

El consejo de Tresserras a Sutrias, quien recibió su llamada a las 16.11 horas del 27 de septiembre, cuatro días antes del referéndum independentista ilegal, concuerda con el discurso de la Generalitat el 1 de octubre. Pasada la medianoche, el consejero de Presidencia, Jordi Turull, informó en una rueda de prensa que habían participado 2,26 millones de personas, con un 90,09 por ciento de votos favorables a la secesión. Turull añadió que, si no llega a ser por los puntos de votación que cerraron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la participación habría sido de un 55 por ciento. Ello hubiera supuesto que, según el relato de la Generalitat, habrían votado 2,93 millones, cifra aproximada a la que aconsejó vender Tresserras. Los resultados definitivos difundidos por el Govern cifraron 2,28 votantes.

La conversación entre Sutrias y Tresserras abordó la posible declaración unilateral de independencia de Cataluña. «Es muy importante también no excederse en la interpretación, dependiendo de la participación o intento de participación, el Gobierno y el Parlamento verán que deben hacer», expresa el militante de ERC. El director de patrimonio –investigado por el juez de instrucción número 13 de Barcelona como parte del equipo organizador del 1-O– opinó que convocar elecciones autonómicas «sería un error» porque destabilizaría al independentismo.

Puigdemont y Junqueras

Los dos interlocutores llegaron a fantasear con la capacidad de la movilización de los independentistas el pasado 20 de septiembre, cuando acosaron a los agentes de la Guardia Civil que registraron varias sedes de la Generalitat por orden del juez de Barcelona. Según su visión, la masa de gente impidió el arresto de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

Oriol Junqueras y Carles Puigdemont
Oriol Junqueras y Carles Puigdemont- EFE

«Sino llega a ser por esta reacción que tuvo la gente en las calles se habría ido más allá con el presidente y el vicepresidente», comentaron, según la transcripción. Tresserras aventuró que se valoraron detenciones «al máximo nivel», pero «si hay una respuesta mayor que la que hubo pueden tener un problema».

La juez Lamela considera que el acoso a los agentes, que no pudieron abandonar la sede de la Consejería de Economía de la Generalitat hasta la medianoche, no fue un hecho aislado. La magistrada aprecia una «estrategia» del independentismo para impedir la labor de los agentes con el fin último de alterar la forma de Gobierno por vías ilegales. La sedición se castiga con hasta quince años de prisión.