Abogados jóvenes: falsos autónomos sin remunerar

Importante despacho jurídico busca incorporar a un abogado con al menos dos años de ejercicio profesional. La persona seleccionada debe poseer Máster en Acceso a la Abogacía, Máster en Derecho Laboral y Recursos Humanos, nivel mínimo de inglés C1 y nivel alto de alemán. Valorable conocimiento de otros idiomas. La relación laboral será a jornada completa y se formalizará mediante un contrato mercantil de prestación de servicios. El salario es de 600 euros mensuales. Oportunidades de carrera y de crecimiento profesional.

Es solo un ejemplo de las múltiples ofertas de empleo que publican los despachos de abogados, y que esconde una práctica tan común como ilegal: la contratación de letrados como falsos autónomos cuando en realidad son personal laboral. Una técnica que en España sufren más del 50 por ciento de los abogados jóvenes.

Su jornada laboral supera las 60 horas semanales, cuando la ley marca que su duración máxima no puede exceder de 40 horas de media anual. Además, un 40 por ciento de ellos recibe una remuneración que apenas alcanza los 6.000 euros al año, o lo que es lo mismo, los 500 euros al mes; mientras que otro 10 por ciento presta sus servicios de forma totalmente gratuita. Y no, no son becarios. Son letrados con hasta cinco años de ejercicio profesional.

Así lo pone de manifiesto un reciente estudio elaborado por la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ), que bajo el lema «contratas o esclavizas» ha puesto sobre la mesa los abusos a los que diariamente someten los despachos de abogados a estos profesionales. Su presidenta, Mara Monreal, señala que los empleadores acuden a la figura del falso autónomo porque abarata significativamente los costes de contratación. «No se pagan seguros sociales, ni existe un salario mínimo o jornada máxima de trabajo determinada por ningún convenio colectivo. Tampoco se abonan indemnizaciones por despido cuando se decide prescindir de sus servicios», explica.

Pero lejos de ser autónomos, son personal laboral. Empleados por cuenta ajena que, como establece el Estatuto de los Trabajadores, prestan sus servicios dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona: el socio titular del despacho. Lo más preocupante es que se ven abocados a aceptar estas condiciones porque es el único modo que tienen de abrirse paso en el mundo laboral. En numerosas ocasiones les presentan esta situación como temporal, a la que seguirá un más que seguro ascenso profesional, «pero esto en raras ocasiones se cumple», advierte Monreal.

Antes de consolidar su carrera profesional, algunos de ellos se ven obligados a abandonar la abogacía. «Trabajé dos años en un despacho, cobraba 600 euros al mes por cerca de diez horas de trabajo diario. Pagaba 400 de alquiler y nunca llegaba a fin de mes. Todos los meses les tenía que pedir dinero a mis padres. Al final me fui pensando que las cosas serían mejor en otro despacho. Llevo un año trabajando en un estanco y cobro 800 euros por 35 horas semanales. No dejo de buscar empleo de abogada, pero lo único que encuentro son condiciones abusivas. Tengo claro que no estoy dispuesta a pasar por lo mismo», comenta Carmen –nombre ficticio-.

Y es que, en los últimos años se ha confundido vocación con precariedad. A los jóvenes abogados no les resulta extraño el argumento de que para llegar a desarrollar la profesión para la que se han estado preparando, invirtiendo tantos años y esfuerzo, deben pasar por condiciones tan leoninas como las presentes. Sin embargo, la ruta por el desierto del meritoriaje rara vez toca a su fin. Siempre hay alguien dispuesto a valerse de situación de vulnerabilidad.

«Cuando no hay igualdad de fuerzas entre la parte contratante y la contratada el abogado se ve obligado a aceptar; es decir, si uno quiere prestar sus servicios, se le impone esta modalidad y se niega, la alternativa es que se queda sin trabajo», explica el abogado laboralista Javier de Cominges, miembro de la CEAJ.

El último eslabón de los despachos

Como ocurre en otros ámbitos laborales, las abogadas tienen más dificultades de acceso y desarrollo dentro de la profesión que sus compañeros varones. No solo se cuestiona su valía intelectual hasta el punto de que se les encargan tareas puramente administrativas, sino que cuando sus empleadores consideran que están lo suficientemente preparadas para participar en los procedimientos se encuentran con que «algunos clientes prefieren que les defienda un hombre porque eso les da una falsa sensación de confianza», asegura de Cominges.

«A pesar de que era yo quien redactaba los escritos, quien iba a juicio era mi compañero, que acababa de colegiarse. También era yo la encargada de coger el teléfono, de abrir la puerta o de bajar a comprar el material de oficina. Mi jefe solo me permitía entrar en las reuniones con los clientes para tomar nota y llevarles el café. Cuando bajaba a comer con ellos, era yo la que se quedaba preparando el juicio», comenta Julia, que no quiere dar su nombre real ni el del despacho por temor a represalias. Su jefe se querelló contra tres de sus empleados, que lo denunciaron debido a las precarias condiciones laborales que les imponía.

Estas situaciones son en parte responsables de que las abogadas tengan mayores dificultades para llegar a ser socias de los bufetes jurídicos. Apenas un 16 por ciento de ellas lo consigue, y eso que un 52 por ciento de las personas que ejercen la profesión son mujeres, según recoge el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). «Tienes dos problemas: uno que eres joven y otro que eres mujer, le dijeron a una compañera en una entrevista», comenta la abogada Andrea Penedo. «Estas dificultades retrasan el acceso al mundo laboral de todos los abogados. En el caso de las mujeres es especialmente grave que ese momento se alargue hasta los treinta años, ya que también tienen que lidiar con los prejuicios existentes en torno a la maternidad».

La primera decana del Colegio de Abogados de Madrid en sus 400 años de historia, Sonia Gumpert, es rotunda: «Hay machismo en la abogacía, tanto en la profesional, a la vista del escaso número de socias y directoras de despachos, como institucional, a la luz del exiguo número de cargos institucionales ocupados por mujeres. De los 83 colegios de abogados españoles, solo 8 están encabezados por mujeres, es decir, ni el 10 por ciento», señala.

Ni pasantes ni becarios

Antes de llegar a esta situación, los jóvenes abogados tienen que vivir otra igual o peor: su periodo como becarios. Numerosos despachos se valen de la pasantía, figura ya superada por nuestro ordenamiento jurídico, para que una vez concluido su periodo formativo –grado en derecho, máster preceptivo de acceso a la abogacía, periodo de prácticas y examen estatal obligatorio de ingreso en la profesión-, los jóvenes abogados continúen prestando sus servicios de forma gratuita. Y ello bajo la excusa de que reciben formación en concepto de retribución, cuando realizan las actividades propias de un letrado. En opinión de Gumpert, no hay razón para «que se abuse de los jóvenes abogados. El Colegio dará visibilidad a esta situación para tratar de concienciar a los despachos y abogados de lo injusto y desigual que resulta esta situación», asegura.

«Entré en el despacho como estudiante en prácticas del máster de abogacía. Durante los primeros ocho meses entendí que no me pagaran nada porque estaban gastando recursos en mi formación», explica Marcos, abogado que abandonó el despacho donde trabajaba después de un año y medio sin obtener remuneración. «Pero llegó un momento en que estaba realizando los escritos de mis jefes, acudiendo en su nombre a los juzgados, reuniéndome con sus clientes, laudando sus arbitrajes, etc. y todo a cambio de nada. Durante ese tiempo me prometieron en diversas ocasiones un contrato de trabajo que nunca llegó. Lo único que querían era mano de obra gratuita y muy cualificada. Para conseguirla, prometerían lo que fuera».

La diferencia entre el periodo formativo y el trabajo efectivo está, como ha señalado el Tribunal Supremo en abundante jurisprudencia, en que la finalidad de la beca es «facilitar el estudio y formación del becario, y no la de incorporar los resultados o frutos del estudio o del trabajo de formación realizado al patrimonio de la persona que la otorga».

Aunque la diferencia es clara, los jóvenes abogados no se atreven a denunciar esta situación, pese a que puede ser constitutiva de un delito contra los derechos de los trabajadores. «Temen señalarse en un mundo en el que les queda mucho por recorrer», explica la presidenta de la CEAJ, Mara Monreal. Lo cierto es que estas prácticas perjudican «no solo a los nuevos abogados, también a los compañeros que intentan competir en el mercado y que no se aprovechan de esa mano de obra barata». Es imposible competir con sus precios», explica. Y advierte de que en la mayoría de las inspecciones de trabajo que las autoridades laborales realizan a los despachos, los jóvenes abogados «suelen recibir instrucciones del sentido de sus respuestas».

Seguramente cuando Voltaire dijo que la abogacía es la profesión más bella del mundo estaba pensando en su contribución a la gestación de una sociedad más justa, capaz de reivindicar sus derechos. Algo que hoy los abogados jóvenes reclaman, pues no tienen quien los defienda.