Cristóbal Sitjar, abogado del pederasta de Ciudad Líneal, cuya defensa ha elogiado esta semana el Tribunal Supremo
Cristóbal Sitjar, abogado del pederasta de Ciudad Líneal, cuya defensa ha elogiado esta semana el Tribunal Supremo - EFE

Abogados por encima de todo

Más de 45.000 letrados de oficio se esfuerzan cada día por lograr la mejor defensa de sus clientes, «monstruos» en muchos casos

MadridActualizado:

«Sabes que tu cliente es culpable, muchas veces porque él mismo te lo ha dicho. Tu obligación es defenderle, sea un maltratador, un asesino o un violador. Es un derecho fundamental y eso está por encima de todo, de cualquier cuestionamiento moral. Se trata de una defensa jurídica; si no, no seríamos penalistas». Matilde Izquierdo es una de los 45.348 abogados que a fecha 1 de enero de 2018 estaban dados de alta en el turno de oficio, un 32 por ciento de los 142.061 profesionales ejercientes en toda España.

Su trabajo es silencioso y tiene escaso reconocimiento. Cuando el caso salta a los medios (generalmente a las páginas de Sucesos), muchas veces el abogado se convierte injustamente en objeto de críticas por parte de quien llega incluso a identificarlo con el cliente. Solo en contadas ocasiones hay una palabra, un elogio a estos profesionales. El último, de la mano de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Fue en la sentencia que el pasado jueves confirmó los 70 años de prisión para el pederasta de Ciudad Lineal por abusar de cuatro menores de entre 5 y 9 años. El ponente, Manuel Marchena, elogió el trabajo de Cristóbal Sitjar, un letrado que, además, a lo largo del proceso estuvo sometido a una tensión importante. «La tarea defensiva, aun cuando no haya alcanzado su objetivo principal, que es la absolución del acusado, ha sido realizada con una dignidad profesional ciertamente loable que, en supuestos como este, hace que el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar, adquiera todo su valor (...). Nuestro reconocimiento, por tanto, a quien con su trabajo ha prestigiado la labor cotidiana y silenciosa de todos aquellos letrados que, día a día, hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías».

El caso de Sitjar no es excepcional. La mayoría de los abogados de oficio ejercen su trabajo con dignidad, profesionalidad y pasión. No hay nada que les ate a la justicia gratuita y, sin embargo, repiten anualmente en el turno. El perfil del letrado de oficio es de 13 años de experiencia profesional y 41 años de edad. Solo uno de cada tres tiene menos de 35 años.

«En nuestro trabajo no hay diferencias entre unos casos u otros», dice la abogada Helena Echeverri, en relación a clientes particulares y de oficio. «Nos dejamos la piel, el alma y el corazón en cada caso». Sabe de lo que habla. Lleva veinte años inscrita en el turno de oficio, desde el que ha defendido a delincuentes comunes, maltratadores, detenidos por terrorismo o causas perdidas como la de Alfredo Galán, más conocido como el «asesino de la baraja», autor de seis crímenes entre enero y marzo de 2003 y quien se autoinculpó ante la Guardia Civil. Hoy habría sido condenado a prisión permanente revisable.

Echeverri asegura que la defensa de los clientes que le han asignado no le ha generado nunca ningún conflicto moral: «Nunca se me ha pasado por la cabeza abandonar. Prefiero defender a culpables que a inocentes; no me perdonaría ser partícipe de que un inocente pueda ir a prisión». Considera que «es un reto profesional asumir este tipo de defensas». En su caso, doblemente, pues también es criminóloga.

No cabe la renuncia

En colegios como el de abogados de Madrid, y en la mayor de los 83 de España, no cabe la renuncia de un letrado salvo que sea por un motivo personal y justo. A diferencia de cualquier abogado de pago, que puede dejar a su cliente cuando estime oportuno (como ha hecho el del asesino de Diana Quer alegando, en este caso, pérdida de confianza), uno de oficio tendría que justificar que existe un conflicto de interés o un conflicto personal con el defendido. Si no quiere llevar la defensa del cliente asignado se tiene que dar de baja en el turno. Así lo hizo el primer abogado que asistió al moldavo Pietro Arkan, condenado a 75 años de cárcel por asesinar en un chalé de Pozuelo a un abogado, intentar matar a su esposa y agredir a las dos hijas del matrimonio en 2001. Continuar con el caso le suponía un problema personal donde no entraba la razón del derecho.

En Madrid, en 2017 los abogados de turno de oficio en funciones de guardia realizaron 81.218 asistencias a detenidos y víctimas, una media mensual de 6.800 asistencias, según datos proporcionados por el Colegio.

En una de estas guardias le «cayó» a Antonio Alberca la defensa de Rafa Zouhier, uno de los imputados por los atentados del 11-M en Madrid. Como muchos de sus compañeros, dedicó varios años de su vida a la defensa del considerado mediador entre la trama asturiana de los explosivos y la célula islamista que cometió la matanza de los trenes. Reconoce que cuando le asignaron su defensa se quedó «muy impresionado». «Le acusaban de 191 asesinatos, y claro que me supuso un conflicto, pero también un reto», recuerda. Consiguió que le condenaran a diez años como colaborador de la célula, y no como cooperador necesario, que era la calificación inicial. En marzo de 2014, Zouhier era expulsado a Tánger tras cumplir íntegramente su condena. El trabajo de Alberca y el de todos los abogados de oficio que afrontaron cuatro años de instrucción y cinco meses de juicio fue reconocido con el Premio Derechos Humanos 2008 de la Confederación de Colegios de Abogados de Europa.

Baremos exiguos

Todavía no ha llegado la hora del reconocimiento económico al colectivo, a juzgar por los 150 euros que cobran de media por expediente, los 12 que les pagan por ir a visitar a un cliente a prisión (lo que parece necesario en aras de preparar la defensa ante el juicio) o 180 por una guardia que nunca dura 24 horas, pues se extiende hasta que el cliente pasa a disposición judicial.