Comín con Puigdemont - ABC

La Abogacía del Estado desaconsejó en un informe recurrir el voto delegado de Puigdemont y Comín

Alertó al Gobierno de una posible falta de legitimación activa al no ser perjudicado directo

MadridActualizado:

El Gobierno no impugnó el voto delegado ante el Tribunal Constitucional porque los servicios jurídicos del Estado plantearon dudas sobre la viabilidad de ese recurso. En un informe a cuyo contenido ha tenido acceso ABC, la Abogacía del Estado expuso al Ejecutivo que la impugnación de las decisiones de la Mesa del Parlament al amparo del Título V de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional -es decir, la impugnación de disposiciones autonómicas- se enfrentaría a dos argumentos que harían peligrar su éxito: en primer lugar, la legitimación activa por parte del Ejecutivo de la Nación; y por otro, no tener la certeza de que tanto Carles Puigdemont como Antoni Comín no puedan ejercer el voto delegado en sus circunstancias actuales, distintas a aquéllas en las que el Tribunal Supremo no había reactivado la euroorden.

Respecto al primero de los argumentos, los servicios jurídicos del Estado señalan que los magistrados del Tribunal Constitucional podrían considerar que con la interposición del recurso el Ejecutivo está actuando indebidamente, cuando en realidad son los diputados los directamente afectados por la admisión del voto delegado. De hecho, finalmente fue Ciudadanos el que recurrió en amparo con la consiguiente admisión a trámite de su recurso por parte del TC y la apertura de una pieza en el marco de la cual Fiscalía y Cs tienen que informar en los próximos días sobre la suspensión de ese voto delegado.

La segunda razón que esgrimió la Abogacía en ese informe interno fue la imposibilidad jurídica de que el expresidente y el exconsejero puedan ejercer el derecho de voto presencialmente por tener prohibida la salida de Alemania y Bélgica, ordenada por una autoridad judicial, como consecuencia de la euroorden del juez Pablo Llarena. Esta imposibilidad podría justificar en su caso el voto delegado de la misma forma que se ha autorizado para los diputados procesados que están en prisión preventiva: el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, y el exlíder de la ANC Jordi Sànchez.

El escrito alertó también al Ejecutivo de que en caso de que el TC admitiera el recurso y decretara la suspensión automática del voto delegado, se podría plantear un problema si los diputados cuestionados no renunciaran a su acta, pues se alteraría la mayoría parlamentaria salida de las urnas con la posibilidad nada remota de que la Cámara autonómica pudiera plantear quejas ante organismos internacionales.