Envían a juicio a dos Grapo por el secuestro de Publio Cordón en 1995

Veinte años después, dos terroristas de los Grapo, José Antonio Ramón Teijelo y María Victoria Gómez Mendez, han sido enviados a juicio por el secuestro del empresario zaragozano Publio Cordón en 1995, quien murió dos semanas después de su rapto cuando intentaba escapar del piso cercano a Lyon, Francia, donde estaba retenido. Su cuerpo aún no ha sido encontrado, aunque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró hace dos meses que la investigación de la Guardia Civil para hallar los restos continúa «muy abierta».

El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González considera a los dos procesados responsables de un delito de detención ilegales y les impone una fianza de tres millones de euros para cubrir las posibles responsabilidades pecuniarias que deban afrontar si son condenados.

Además, les cita para que comparezcan el próximo 14 de octubre, a las 10:00 de la mañana, para cumplir con el trámite de la indagatoria, en el que les informaran de su procesamiento.

Aún así, el juez considera que no hay indicios suficientes para acusar a ambos del delito de homicidio por omisión por dejar morir al empresario. El grapo Fernando Silva Sande aseguró haber enterrado el cuerpo de Publio Cordón en la zona de Mount Ventoux, en la Provenza francesa, y relató que el empresario zaragozano murió al caer de una ventana cuando intentaba huir de sus secuestradores. La vivienda fue localizada en 2012 pero siguen sin encontrarse rastro del cadáver.

El juez de la Audiencia Nacional considera que Ramón Teijelo y Gómez son los terroristas responsables de la custodia del empresario, junto al ya condenado por estos hechos Silva Sande. El magistrado tiene en cuenta para adoptar esta decisión la declaración de un testigo protegido, denominado «Alfa», quien señaló que «la casa parece ser que la acogió Victoria Gómez con Teijelo. Ellos figuraban, creo, como un matrimonio». Esta declaración incriminatoria está apoyada en diversos «elementos de corroboración externa» relatados por el juez en el auto.

La resolución judicial explica que, después de las dos semanas de secuestro, el empresario sufrió lesiones que le causaron la muerte en circunstancias desconocidas, sin haber sido trasladado a un centro sanitario. Después, los tres secuestradores trasladaron el cadáver y lo enterraron, tras recibir las instrucciones de los jefes de la organización, «sin que hasta la fecha y pese a los esfuerzos realizados haya podido ser localizado el cadáver». Los dos miembros del Grapo ahora procesados fueron detenidos en julio de 2012.