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El exministro, Manuel Pimentel - ignacio gil

Anticorrupción pide imputar al exministro Manuel Pimentel por el caso de los ERE

Pimentel fue presidente del consejo de administración de las empresas Graficromo y Taller de Libros, que recibieron ayudas de la Junta investigadas por la juez

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La Fiscalía Anticorrupción ha remitido al juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que investiga el caso de los ERE, un escrito en el que solicita imputar a 26 personas, entre ellas el exministro Manuel Pimentel, por el pago de 300.000 euros de la Junta de Andalucía a trabajadores de la empresa Taller de Libros.

En el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, se afirma que en la concesión de esta subvención, acordada en 2009 entre la Junta y la empresa que dirigía el exministro de Trabajo con el PP entre 1999 y 2000, «se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legal establecido», lo que podría ser causa de «nulidad de pleno derecho».

Según la Fiscalía, «no se han publicado por la Junta de Andalucía ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvención concedidas por la Consejería de Empleo», cuyos sistemas para determinar la empresa elegida como los importes son «totalmente discrecionales».

Además, no hay «publicidad, concurrencia y objetividad» para esta subvención y tampoco se ha acreditado su carácter excepcional, según la Fiscalía, que reprocha a la Junta la concesión de estas ayudas de forma habitual y reiterada durante más de diez años.

«No hay nada que ocultar»

Tras conocer la noticia, el exministro ha asegurado en declaraciones a ABC que está «convencido» de que la imputación pedida por la Fiscalía Anticorrupción «no va a prosperar». El empresario ha asegurado que no hay «nada que ocultar» en la percepción de las ayudas de la Junta para el expediente laboral de Taller de Libros (Pimentel puntualiza que nunca tuvo ningún cargo en Graficromo).

El expolítico afirma que no recibió ni él ni su empresa dinero de esas ayudas públicas por las que ahora se plantea su investigación formal en el caso ERE. Al contrario, asegura que fueron los trabajadores, «todos ellos personas honradas», quienes conocieron la existencia de unas ayudas «legales» y quienes las percibieron. Pimentel remarcó que, en ningún caso, tuvo conocimiento en aquella época de que existieran problemas legales en su obtención.

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