El mayor traspaso de competencias a las comunidades lo hizo Felipe González

Una vez superada la prioridad de «evitar la quiebra y el rescate», Mariano Rajoy se ha mostrado dispuesto a discutir una reforma de la Constitución que termine de cerrar el desarrollo territorial de España. De abordarse, el nuevo texto constitucional no «contentará» a los nacionalistas, según el presidente del Gobierno, sino que delimitará las competencias estatales y autonómicas, después de un proceso de descentralización que ha convertido el Estado de las autonomías en un Estado federal de facto.

Por la distribución del poder en el nivel central y regional, el reparto de competencias y el desarrollo de mecanismos de interlocución entre las distintas unidades del Estado, el funcionamiento de España se parece mucho al federalismo que propone el PSOE para hacer frente al desafío de la Generalitat de Cataluña.

La vía federal de Pedro Sánchez, de algún modo, la inició Felipe González, después de la constitución de las comunidades autónomas, y la remató José Luis Rodríguez Zapatero, con el último proceso de reformas estatutarias.

Adiós a la «vía rápida»

González firmó en 1981 con Leopoldo Calvo Sotelo, entonces presidente del Gobierno, el primer gran pacto para el desarrollo territorial: los llamados «Acuerdos Autonómicos». La Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, torpedeada en los tribunales por los partidos nacionalistas, pretendía homogeneizar la distribución de competencias después de que Cataluña, el País Vasco, Galicia y Andalucía accedieran a la autonomía por la «vía rápida», que otorgaba inicialmente un mayor nivel de autogobierno. La España simétrica de hoy, con la excepción de los fueros, nació como un Estado asimétrico.

La presencia de los nacionalistas catalanes y vascos en el Parlamento, así como la vocación autonomista del PSOE, posibilitó una primera interpretación nacionalista de la Constitución. Los estatutos de Cataluña y el País Vasco se tramitaron de forma preferente en 1979 y se dificultó el proceso en Galicia. Estaba previso que el resto de comunidades se unieran de forma progresiva y con menos competencias. La ratificación por parte de los andaluces de su autonomía en un referéndum cerró el camino de la «doble velocidad».

Los «Acuerdos Autonómicos» de 1981 fijaron como objetivo generalizar el proceso de descentralización «para lograr en un plazo razonable una distribución homogénea del poder». Para 1983, todas las autonomías habían adoptado sus propios estatutos. Entre 1981 y 1984, la administración estatal transfirió 486 funciones y servicios a las regiones, según datos de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. El Estado de las autonomías era una realidad.

Entre 1984 y 1992 tuvo lugar la segunda fase del desarrollo territorial, en la que las nuevas autonomías se armaron con los organismos institucionales previstos para las comunidades «especiales»: presidentes, gobiernos, parlamentos y la progresiva aparición de órganos auxiliares que reprodujeron a escala regional los órganos de poder del Estado. También se crearon en el ámbito regional defensores del pueblo y consejos consultivos y económicos.

Fue un proceso lento, con distintos ritmos de asunción de responsabilidades y no exento de conflictividad. En 1985 se plantearon hasta 131 conflictos de competencia al Tribunal Constitucional, cuando diez años antes solo se habían registrado ocho.

En esta segunda etapa, no obstante, se produjo un parón en el proceso. En 1988 o en 1991 solo se realizaron seis transferencias del Estado a las comunidades. Cataluña, con cinco, fue la que más servicios asumió.

Pacto González-Aznar

En 1992 se firmó el segundo gran pacto autonómico. El PSOE de González acordó con José María Aznar transferir 32 nuevas competencias a las comunidades que se acogieron a la «vía lenta» y se definió un modelo de cooperación entre entre los dos niveles de gobierno. El último paso para igualar a todas las regiones incluía una ronda de reformas estatutarias con el fin de incorporar las nuevas funciones. Con González como presidente se transfirieron 1.368 competencias.

La victoria del PP en las elecciones generales de 1996 puso en manos de Aznar la culminación de este proceso. Con el PP en el Gobierno, ya se habían reformado once estatutos y se descentralizaron competencias como la educación no universitaria y sanidad. Hasta las comunidades reacias tuvieron que aceptar. Si bien el apoyo de los nacionalistas a los gobiernos en minoría de González y Aznar presionó para estas transferencias, con la mayoría absoluta del PP se aprobaron preceptos como la financiación autonómica.

Estatutos de Zapatero

Zapatero, con su adhesión inicial al estatuto de Cataluña, impulsó en 2005 un nuevo proceso de descentralización, que llevó el Estado de las autonomías al límite. Lo hizo sin consenso. PSOE y PP pactaron los nuevos estatutos de Baleares, Aragón, la Comunidad Valenciana o Castilla y León, pero no el de Cataluña. Con un recurso al Constitucional de por medio, la Generalitat incluyó una referencia a la «nación», asumió el control de Cercanías y más medios en justicia. Entre 1978 y 2014 el Estado traspasó 1.994 competencias a las comunidades. La más beneficiada, con 189 funciones y servicios, ha sido Cataluña, seguida de Andalucía.