El CGPJ investiga el asesoramiento de varios magistrados de Madrid a una compañía tecnológica

El CGPJ ha abierto una investigación para esclarecer si el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Javier Vieira, y otros magistrados de esta comunidad incurrieron en algún tipo de incompatibilidad al cobrar por el desarrollo de una herramienta informática que se puso en marcha hace cinco años en decanatos y órganos judiciales.

El Promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces, Antonio Fonseca-Herrero, ha tomado esta decisión de oficio después de que en la mañana de este lunes el propio Vieira señalara que solicitó la colaboración de los jueces porque entendió que no precisaba de autorización por parte del CGPJ. De esta forma Fonseca-Herrero ha citado para este martes a Vieira en el CGPJ para que aclare algunos puntos de este episodio, pues al contar con magistrados para funciones ajena a la jurisdiccional se puede haber vulnerado el régimen de incompatibilidades previsto en el artículo 389 de la ley del Poder Judicial.

En paralelo la Comisión Permanente del Consejo ha acordado por unanimidad dirigirse al Servicio de Inspección del Consejo para recabar toda la información necesaria sobre estos hechos.

En el comunicado difundido este lunes, el TSJM asegura que el Gobierno de la Comunidad de Madrid mantiene desde 2011 «un pacto con la firma tecnológica Indra para que esta multinacional pague retribuciones periódicas, establecidas por contrato, a jueces, fiscales, secretarios y funcionarios judiciales a cambio del asesoramiento que estos prestan en el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas que permitan agilizar la justicia madrileña». En total, son 32 los juristas que han intervenido (muchos siguen haciéndolo), entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, en unas tareas de asesoramiento que, de momento, han supuesto a Indra un desembolso cercano a 230.000 euros.

Fuera del horario laboral

Para llevar adelante este proyecto «la Comunidad de Madrid requirió de la colaboración de jueces y magistrados además de otro personal de la administración de Justicia. Para ello se constituyeron grupos de trabajo en cada orden jurisdiccional». Estos grupos estaban compuestos por un magistrado y un secretario judicial designado por el TSJ Madrid.

Según el comunicado, «la intervención de estos equipos ha sido esencial para dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas informáticas adecuadas para ejercer su labor, lo que difícilmente se habría logrado sin su colaboración».

«Como no son funciones propias de su cometido como magistrados, secretarios o funcionarios, la actividad se desarrolló fuera del horario laboral y suponía un gran esfuerzo de trabajo de los juristas, se acordó con la Agencia Informática y de Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) una compensación económica que realizó la empresa INDRA, contratada por ICM para desarrollar técnicamente este Sistema»

«Todas las cantidades percibidas han sido declaradas a Hacienda efectuándose las retenciones correspondientes», concluye la nota.