José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores
José Manuel García-Margallo, ministro de Exteriores - Efe

Margallo estudia recurrir las nuevas «embajadas» catalanas en Roma y Viena

El Gobierno se plantea también llevar al Tribunal Constitucional la ley de Acción Exterior de Mas

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El Gobierno estudia recurrir por la vía contencioso-administrativa la apertura de «embajadas» catalanas en Roma y en Viena y está analizando también la constitucionalidad de la ley catalana de Acción Exterior, según ha anunciado el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.

En una entrevista en Antena 3, Margallo ha apuntado que la apertura de esas oficinas puede ir en contra de la ley española de Acción Exterior y ha avisado de que futuras aperturas pueden correr la misma suerte. También ha destacado que si esta decisión puede recurrirse es precisamente porque el Gobierno ha impulsado esa ley de acción exterior.

El ministro ha cuestionado si las oficinas en el exterior de la Generalitat son para impulsar la lengua o la cultura catalanas, cosa que podría hacerse en colaboración con las embajadas de España, o para «alentar el proceso secesionista».

En el caso de la ley catalana de Acción Exterior, ha recordado que el Gobierno tiene tres meses para recurrirla al Tribunal Constitucional desde su publicación.

Aunque ve «obvio que pueden abrir las delegaciones que quieran», Margallo considera «más barato y más eficiente» que los representantes autonómicos se instalen en las embajadas españolas porque allí tienen «expertos en todo» y porque «al final tienen que acudir el embajador que es el que ve a los ministros».

Y ha añadido que el dinero que se destina a abrir «embajadas» deja de estar disponible para educación, sanidad u otros servicios, aunque eso tendrán que valorarlo los votantes.

Margallo ha querido poner en valor que si puede recurrirse la apertura de oficinas catalanas en el exterior es gracias a que el Gobierno ha aprobado una Ley de Acción Exterior y ha defendido la decisión de acudir a los tribunales, porque en un Estado de Derecho son los que hacen cumplir la ley.

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