Economía

Emerita Resources pide a la juez que impute a diez personas por la adjudicación de la mina de Aznalcóllar

Señala delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, negociación ilegal, encubrimiento, falso testimonio y prevaricación

La mina de Aznalcóllar
La mina de Aznalcóllar - ABC
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La empresa Emerita Resources, que denunció el proceso de adjudicación de la mina de Aznalcóllar (Sevilla), ha pedido a la juez que instruye la investigación que se imputen a diez intervinientes en el proceso, entre ellos a una viceconsejera, y que se paralicen los trabajos de la instalación minera.

En un escrito presentado en el juzgado de instrucción 3 de Sevilla, la empresa Emerita, que perdió el concurso convocado por la Junta de Andalucía, solicita la imputación de María José Asensio, ex directora general de Industria y actual viceconsejera de Innovación, Ciencia y Empleo, que ya fue imputada y luego exculpada.

También piden que se impute al ex secretario general de Industria Vicente Fernández, a los seis miembros de la comisión técnica de la mesa de contratación y a los hermanos Isidro y Mario López Magdaleno, representantes legales de la empresa Minorbis.

La empresa denunciante considera que, en este caso, se deben imputar los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, negociación ilegal, encubrimiento, falso testimonio y prevaricación.

Las peticiones de Emerita se producen después de que la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, ampliara la investigación de la concesión de la mina, lo que encargó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, una decisión que adoptó después de que la Audiencia le pidiera reabrir el caso.

Además, la empresa denunciante se muestra favorable a que la causa se declare de especial complejidad, lo que alarga 18 meses el plazo para su instrucción,

Sobre la paralización de los trabajos en la mina, Emerita afirma que «una vez acreditados, al menos indiciariamente, la irregularidad del procedimiento por el que se adjudican los recursos mineros, e incluso de su aceptación, la realización de trabajos e inversiones en dichos recursos sólo agravan la situación».

Esos trabajos, según la empresa, «causan un grave daño no sólo a esta parte, sino a los actuales explotadores de los recursos (que pueden ver sus inversiones perderse por una resolución judicial futura) y especialmente a los intereses generales, por las posibles indemnizaciones que puedan derivarse».

La juez Patricia Fernández reabrió la causa después de que la Audiencia de Sevilla considerara que en el procedimiento administrativo de la concesión de la mina existían indicios de que la Junta de Andalucía cometió «ilegalidades severas y arbitrarias» que podrían suponer un delito de prevaricación.

El proceso de concesión de la mina se culminó el 20 de febrero del 2015 por parte de la Junta en favor de Minorbis-Grupo México, lo que denunció la empresa finalista del concurso, Emerita Resources, e investigó el juzgado antes de archivar la causa en diciembre del 2015, decisión que revocó la Audiencia en octubre pasado.

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