El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea (d), a su llegada a la Audiencia Nacional
El expresidente de Abengoa Felipe Benjumea (d), a su llegada a la Audiencia Nacional - EFE/FERNANDO VILLAR

Los días de lágrimas y vodevil que anteceden la caída de Abengoa

El juicio por administración desleal a Felipe Benjumea y Manuel Sánchez Ortega ya ha vivido sus jornadas esenciales

SEVILLAActualizado:

El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Nacional, presidido por Angela Murillo, juzga lo ocurrido en Abengoa a lo largo de nueve intensas jornadas de septiembre de 2015. El nudo de esta trama comienza un lunes 14 de septiembre, cuando el presidente de Santander España, Rodrigo Echenique, convoca en su despacho al entonces consejero coordinador, Antonio Fornieles, y le informa de que con Felipe Benjumea al frente de la compañía jamás saldría adelante la ampliación de capital de 650 millones de euros que la multinacional sevillana había anunciado en el anterior mes de agosto. El desenlace llega el miércoles 23 de septiembre, con una doble reunión en la sede madrileña de la compañía andaluza. En una sala, el consejo acuerda el cese de Benjumea, presidente ejecutivo desde 1991, mientras que en otra aguardan los representantes de diversas entidades financieras para seguir negociando las condiciones de la ampliación de capital una vez que se hubiera firmado el despido (según testimonio del exconsejero Claudi Santiago). Y todo ello, en una situación que para algunos era de «vodevil» (tal como la ha descrito Borrell); y para otros de auténtico shock emocional, llegando a provocar que algunos consejeros tuvieran «una inmensa tristeza y lágrimas en los ojos» ante la salida forzosa de una «persona hundida» (como recordó la exconsejera Alicia Velarde).

El fiscal José Perals acusa al expresidente Felipe Benjumea y al exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega por administración desleal tras cobrar una indemnización de 11,4 millones y 4,4 millones, respectivamente; y ello a pesar de la crítica situación económica de Abengoa. El contrato de alta dirección que regía la relación de ambos con Abengoa se había firmado en febrero de 2015 y, tras su cese en los meses posteriores, los dos siguieron vinculados a través de un contrato de asesoramiento. En el caso de Benjumea, se forzó su despido alegando que era una obligación impuesta por Santander (extremo inicialmente desmentido por su presidente en España). En el banquillo también se sientan tres exconsejeros de la entidad (el expresidente Antonio Fornieles, Alicia Velarde y Mercedes Gracia).

Si algo ha quedado nítidamente demostrado es que el cese de Benjumea no fue una recomendación voluntaria, sino una exigencia de obligado cumplimiento por parte de las entidades financieras para asegurar la ampliación de capital. «Quien crea que Benjumea estaba pensado irse por voluntad propia no le conoce», resumió su sucesor, José Domínguez Abascal.

El propio Benjumea indicó que en los días próximos al consejo del 23 de septiembre, Rodrigo Echenique (Santander) le recordó personalmente que si no se marchaba de Abengoa no saldría la ampliación de capital, y propuso como candidato para su sucesión a Javier Monzón (expresidente de Indra). La declaración como testigo de Rodrigo Echenique certificó, de hecho, que el dilema para Abengoa estaba claro: o Felipe Benjumea salía de la compañía o la ampliación no sería apoyada por las entidades financieras. O dicho de otra manera: «Mientras tú estés al frente, esto no sale», como le dijo literalmente Echenique a Benjumea. El presidente de Santander España precisó que no era una exigencia de esta entidad, sino de la comunidad financiera en general.

Otra cuestión muy distinta es la que atañe a la salud financiera de la empresa. Tanto Felipe Benjumea como Manuel Sánchez Ortega han tratado de perfilar la imagen a una compañía cuya situación económica era normal, incluso expansiva. Es cierto que la salida de Sánchez Ortega, en mayo de 2015, se produce en un momento de calma relativa para Abengoa, ya que se estaba recuperando de la grave crisis de los «bonos verdes» (que hundió su valor en Bolsa en noviembre de 2014), con la acción de nuevo en crecimiento y con una reciente alianza con el fondo estadounidense EIG para obtener nueva financiación para sus proyectos.

Benjumea intentó, incluso, responsabilizar a Santander de la caída del grupo al propiciar su cese y, con ello, una pérdida de confianza de los potenciales inversores. Sin embargo, los testimonios sobre la complicada tesitura de Abengoa son muy difícilmente refutables. La crisis final se desata en julio de 2015, cuando Abengoa presentó sus cuentas semestrales. «Aquellos resultados no eran los que conocíamos y esperábamos», testificó Ignacio Gutiérrez-Orrantia, responsable de Banca para España de Citigroup, para quien «los flujos de caja eran menores de los previstos y el apalancamiento mayor de lo esperado».

Por estas razones su banco no se planteó en ningún momento acudir a la ampliación de capital prevista por Abengoa de 650 millones de euros. «Las cuentas no estaban claras», remarcó Rodrigo Echenique, que recordó cómo Javier y Felipe Benjumea acudieron en agosto a su domicilio para exponerle que la situación de la multinacional sevillana era «bastante dramática» y que precisaban de una urgente ampliación de capital. Este le respondió que «les iba a ayudar en todo lo que pudiera» porque Abengoa «tenía que sobrevivir».

Los factores que condicionan el preconcurso hunden sus raíces mucho más allá de las circunstancias de aquel 23 de septiembre de 2015 en el que su presidente es cesado. Cuando fue cuestionado directamente sobre la posible responsabilidad de Santander en el crash de Abengoa, Rodrigo Echenique respondió de forma tajante: «Esa pregunta me ofende».

Al margen de la indudable grave situación económica de la empresa y de quién fue el responsable de su caída, las defensas de Benjumea y Sánchez Ortega se han basado en demostrar que los nuevos contratos de alta dirección firmados en febrero de 2015, que recogían los derechos que le correspondían en caso de cese, perjudicaron a ambos en relación al contrato que mantenían previamente con Abengoa. Benjumea trabaja en la compañía desde 1983 y, según sus estimaciones, si hubiera mantenido el contrato anterior a 2015 habría recibido una indemnización de 16 millones de euros. El contrato de alta dirección de 2015 fue una exigencia del consejo para adaptarse a la Ley de Sociedades de Capital.

El fiscal José Perals les acusa, también, de permanecer vinculados a la compañía a través de contratos de asesoramiento (con lo cual los ceses habrían sido una especie de ficción). Sánchez Ortega apuntó que, en su caso, esta vinculación fue de apenas un mes, para ayudar en la transición al nuevo CEO (Santiago Seage), tal como ocurre en otras muchas multinacionales. En el caso de Benjumea, fue una petición de su sucesor, Domínguez Abascal, quien aseguró después como testigo que «desde que tuvo la percepción de que podía ser elegido presidente, pensó en que necesitaría el apoyo de las persona que había estado allí durante 25 años». En cualquier caso, Benjumea jamás pasó ninguna factura por estos servicios dada la crítica situación en la que quedó Abengoa tras frustrarse la ampliación de capital y acogerse al preconcurso de acreedores.

José Borrell
José Borrell - EFE/FERNANDO VILLAR

Uno de los testigos que ha defendido claramente la postura de Benjumea y Sánchez Ortega ha sido el exconsejero José Borrell, que era presidente de la Comisión de Nombramientos cuando se firmaron los contratos de alta dirección. Aunque no habló con Benjumea de las nuevas cláusulas (que incluían la obligación remunerada de no competencia postcontractual durante dos años, un aspecto por el que también les acusa el fiscal José Perals), Borrell aseguró que «le consta que Benjumea no estaba muy satisfecho con las mismas», dado que su situación empeoraba con respecto a su anterior contrato.

Además del supuesto perjuicio que pudo provocarles el contrato de febrero de 2015 (en cuya redacción participó el bufete DLA Piper), Benjumea y Sánchez Ortega pusieron también sobre la mesa los enormes intereses económicos que, a título particular, se jugaban con la supervivencia de Abengoa, y cómo en ningún caso deshicieron sus posiciones antes de la crisis. «Era el primer accionista de la compañía y mis títulos valían 60 millones de euros; hoy lo he perdido todo», declaró Benjumea.

En el caso de Sánchez Ortega, poseía bonos de la empresa por una cuantía de 6,5 millones de euros, no los vendió tras su salida de Abengoa, y actualmente el valor de estos bonos se ha reducido más de un 90%.

Hasta el próximo martes continuará el juicio oral, aunque esta semana se ha vivido ya su parte más relevante. El testimonio de los acusados y de todos los testigos que formaron parte del consejo de administración y de la plantilla de Abengoa en aquellos intensos días de septiembre de 2015 ha sido monolítico. En lo esencial, no han existido apenas resquicios ni contradicciones con respecto al testimonio de los dos principales acusados.

Las entidades financieras sí han puesto en claramente en entredicho el idílico cuadro económico que han pintado Sánchez Ortega y Benjumea, pero han eludido cualquier comentario sobre la forma en la que se orquestó la salida y no han ocultado que el cese de Benjumea era una condición necesaria para ejecutar la urgente ampliación de capital. Más allá de reflejar el drama que supuso la caída de Abengoa para aquellos inversores minoritarios que confiaron en la compañía, las acusaciones (donde figuran un grupo de bonistas o la plataforma de afectados por Abengoa) no han puesto en grandes aprietos a los acusados. En apenas 48 horas el caso quedará visto para sentencia.