Economía

Los usuarios pagan al año 2.900 millones por el déficit eléctrico

El 11% del recibo de la luz es para amortizar la hipoteca de 23.067 millones de euros

Los usuarios pagan al año 2.900 millones por el déficit eléctrico

El «cajón de sastre» que es el recibo de la luz incluye una hipoteca que pagamos todos los consumidores desde más de una decena de años y que ha llegado a rozar los 3.000 millones de euros al año. Esa hipoteca es el resultado del conocido como déficit de tarifa del sistema eléctrico, que en 2013 alcanzó un máximo de 28.771 millones de euros, cantidad que los consumidores debemos pagar a las compañías del sector porque es una deuda reconocida por el Estado (está titulizada), y que este año se ha reducido hasta los 23.067 millones. Aproximadamente, un 11% del importe total de la factura de la luz se destina a amortizar esta deuda.

El origen de este déficit se encuentra en el último Gobierno de Aznar (2000-2004), cuando decidió que los precios de la luz de los consumidores domésticos no podían subir más que la inflación, por lo que los costes de las actividades reguladas eran muy superiores a los ingresos debido a que las tarifas eléctricas las fijaba el Ejecutivo con directrices meramente políticas. Habitualmente, y para que no se disparase la inflación por encima del 2% previsto, el Gobierno jugaba a su conveniencia con los precios de la luz. Así empezó a generarse un déficit que llegó hace tres años a 28.771 millones de euros, un 3% del PIB. Esa cifra es superior, por ejemplo, a los 22.424 millones de euros que tuvo que poner el Estado para rescatar a Bankia. Especialmente gravoso para el sistema fue la segunda etapa de Zapatero en el Gobierno, ya que entre 2008 y 2011 el déficit aumentó en 20.307 millones de euros.

900 millones en intereses

Si no se hubiera generado esta gigantesca deuda en el pasado, la factura de un consumidor sería un 11% más barata, ya que dejaría de pagar los 2.000 millones anuales de deuda más otros 900 millones en intereses.

En 2013, la situación del sistema eléctrico era insostenible y estaba abocada a generar otra «burbuja», más grave incluso que la inmobiliaria o la bancaria. Por eso, el Ejecutivo de Rajoy decidió cortar esa sangría y con unas medidas que no contentaron a nadie -empresas, consumidores e inversores- consiguió que en 2014 no solo no se generara más déficit de tarifa, sino que, por primera vez en muchos años, el sistema tuviera superávit.

Aquel año, se produjo un superávit de 550 millones de euros y el Ministerio de Industria, Turismo y Energía prevé un superávit de más de 300 millones de euros para 2015 y unos 150 millones para 2016 y sucesivos. Es decir, unos mil millones de superávit en tres años. Por lo tanto, desde 2014 ha dejado de acumularse nueva deuda en el sistema eléctrico y además cada año se va amortizando la deuda acumulada en el pasado, a un ritmo de más de 2.000 millones de euros cada año.

Desde el Ministerio subrayan que la reforma eléctrica, además de eliminar el déficit de tarifa, ha frenado la escalada desorbitada de los precios de los años anteriores (entre 2004 y 2012 la factura anual se incrementó en 328 euros para una familia media) y de hecho han comenzado a descender (de 2012 a 2016 la factura anual ha descendido en unos 124 euros).

En lo que llevamos de año, la factura de la luz para los consumidores domésticos ha descendido un 15% con respecto al mismo periodo de 2015. Este descenso supone un ahorro de unos 90 euros para una familia media en los ocho primeros meses del año. Y añaden que, a medida que se vaya amortizando la deuda del pasado, la factura continuará descendiendo progresivamente.

Nuevos precios

Una de las claves en la desaparición del déficit de tarifa han sido los nuevos mecanismos aprobados por el Gobierno para fijar la tarifa eléctrica. Primero fueron las subastas trimestrales en el mercado liberalizado y, desde hace justo un año, el precio horario. Es decir, que a los consumidores domésticos con tarifa pvpc (precio voluntario del pequeño consumidor) tienen un precio distinto cada hora. Su media diaria es la que sirve para facturarle mensualmente.

Este sistema solo se aplica a los clientes domésticos con esa tarifa, no a los que están en el mercado liberalizado. En este caso, el consumidor pacta un precio anual con su compañía eléctrica.

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