Tsipras impondrá un tipo impositivo de entre el 50% y el 60% a los evasores arrepentidos

El Gobierno griego tiene previsto aplicar un tipo impositivo de entre el 50% y el 60% para todos los evasores que hagan una declaración fiscal voluntaria y quedarán exentos de persecución penal. Como han informado medios locales, el Ejecutivo de Alexis Tsipras ha cerrado los términos de esta nueva ley con los representantes de los acreedores y tiene previsto enviarla al Parlamento antes de que termine octubre.

En concreto, el proyecto de ley sobre la «divulgación voluntaria de fondos no declarados», contempla un tipo impositivo de un 50% en los casos en que todavía no se haya iniciado una auditoría fiscal; un 55% si el control está en curso y el 60% si la inspección fiscal ya ha concluido.

Además, ha ofrecido un plazo de dos meses en el cual todos los contribuyentes podrán declarar los ingresos no declarados

a cambio de una amnistía penal. Una vez expirado este plazo se empezará a elaborar un registro de patrimonios de todos los contribuyentes.

Negociaciones con los acreedores

Este proyecto legislativo es el resultado de las negociaciones entre el Gobierno y la cuadriga de acreedores (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Mecanismo Europeo de Estabilidad y Fondo Monetario Internacional), que habían planteado reservas a algunos de los incentivos que proponía Atenas para recuperar impuestos no declarados.

Los representantes de la cuadriga habían aceptado en un principio solo la amnistía penal, pero insistían en la necesidad de imponer multas de hasta el 120% de la cantidad de dinero no declarada.

Al comienzo de su primer mandato, el Gobierno izquierdista había previsto una ley mucho más permisiva, que contemplaba un impuesto de entre el 15% y el 20% sobre los fondos declarados a posteriori, con total exención de sanciones y multas.

El primer ministro, Alexis Tsipras, cifró por entonces en 2.000 millones de euros los activos griegos no declarados en todo el mundo, de los que el Gobierno esperaba recuperar 800 millones.

El Gobierno tiene en su poder una lista con 1.270.047 códigos de identificación fiscal de personas y empresas con fondos en el extranjero, fruto de las informaciones aportadas por diversas fuentes, entre ellas una que compró el estado federado alemán de Renania del Norte Westfalia con datos procedentes de bancos suizos.